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> Jurisprudencia > Ozçelik, Karaman e IA v. Turquía  

Jurisprudencia: Ozçelik, Karaman e IA v. Turquía

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

Ozçelik, Karaman e IA v. Turquía

Hechos relevantes del caso

Los ciudadanos turcos İsmet Özçelik, Turgay Karaman e I.A. residían en Malasia. Según las autoridades turcas, estaban vinculados al movimiento Gülen, un movimiento islámico de inspiración sufí. En mayo de 2017, en virtud de la legislación de Malasia de lucha contra el terrorismo, fueron privados de su libertad por individuos que actuaban bajo el control o las instrucciones de las autoridades turcas. Tras la imposibilidad de los familiares de contactar con ellos, alertaron a la policía local y a la oficina de las Naciones Unidas en Kuala Lumpur. Además, afirmaron que habían sido recluidos en régimen de incomunicación en un lugar desconocido y que corrían el riesgo de ser sometidos a torturas. También expresaron que no fueron informados de los cargos que se les imputaban y desconocían los motivos exactos de su detención, no tuvieron acceso a defensa ni a su expediente judicial. Por otra parte, nunca se presentaron pruebas que corroborasen la sospecha razonable de que cometiesen un delito que hiciese necesaria su detención preventiva. El 9 de mayo de 2017, se autorizó un breve contacto entre un abogado y los peticionarios. Sin embargo, se denegó la solicitud de acceso a los expedientes sumariales. El 12 de mayo de 2017, fueron devueltos a Turquía, a pesar de que no se había celebrado una vista de extradición ni se había adoptado una resolución judicial a tal efecto. A su regreso a Turquía, fueron recluidos en régimen de incomunicación en un lugar desconocido. Los peticionarios solicitaron al Comité que adoptara medidas provisionales para que no fueran privados de su libertad arbitrariamente ni torturados mientras se estuviera examinando su comunicación. El Comité requirió al Estado parte que adoptara todas las medidas necesarias para llevar sin demora a los peticionarios ante un juez y les proporcionara acceso a un abogado de su elección, así como acceso sin demora a atención médica apropiada y adecuada. Además, el Comité pidió que se velara por la comunicación con sus familiares, un abogado o cualquier otra persona de su elección, y a recibir sus visitas. Finalmente, el Comité decidió resolver la admisibilidad y el fondo de la comunicación de manera conjunta.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

23/09/2019

Voces CSJN

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ARBITRARIEDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; RAZONABILIDAD; ORDEN PÚBLICO; PRISIÓN PREVENTIVA; DERECHO A LA INFORMACIÓN; IMPUTABILIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DERECHO A SER OIDO; CONTROL JUDICIAL; PRINCIPIO DE LEGALIDAD;

Decisión y argumentos

El Comité de Derechos Humanos consideró que Turquía era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud del artículo 9 (derecho a la libertad y a la seguridad personal) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1. Personas privadas de la libertad. Arbitrariedad. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad. Orden público. “[L]a cuestión que el Comité debe determinar es si [la] privación de libertad es arbitraria […]” (párr. 9.3). “En lo que se refiere a la suspensión de obligaciones que ha decretado el Estado parte en virtud del artículo 4 del Pacto, el Comité recuerda que un requisito fundamental de cualesquiera medidas que suspendan la aplicación de disposiciones del Pacto es que esas medidas se adopten en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, de conformidad con el principio de proporcionalidad. El Comité recuerda además que el solo hecho de que una suspensión permisible de la aplicación de una determinada disposición pueda de por sí justificarse por las exigencias de la situación no elimina el requisito de que deba mostrarse que las medidas concretas adoptadas como consecuencia de esa suspensión son también necesarias en razón de las exigencias de la situación. La garantía fundamental contra la reclusión arbitraria no es derogable, en la medida en que incluso las situaciones contempladas en el artículo 4 no pueden justificar una privación de libertad que no sea razonable o necesaria en esas circunstancias. La existencia y la naturaleza de una emergencia de un peligro público que amenace la vida de la nación pueden, no obstante, ser pertinentes para determinar si una detención o reclusión concreta es arbitraria” (párr. 9.2). 2. Prisión preventiva. Arbitrariedad. Derecho a la información. Imputación. Principio de proporcionalidad. Razonabilidad. “[E]l concepto de ‘arbitrariedad’ deberá interpretarse de manera amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad, y que la reclusión preventiva por la imputación de un delito deberá ser razonable y necesaria en toda circunstancia” (párr. 9.3). “[L]as personas detenidas con objeto de investigar los delitos que puedan haber cometido, o con objeto de retenerlas para que sean juzgadas por la vía penal, deberán ser inmediatamente informadas de los delitos que se sospecha han cometido o que se les imputan […]. [E]l Comité considera que el Estado parte no ha demostrado que los peticionarios fueran informados sin demora de los cargos que se les imputaban y de los motivos de su detención, como tampoco ha fundamentado que su privación de libertad cumpla los criterios de razonabilidad y necesidad. Recuerda que la suspensión de obligaciones en virtud del artículo 4 no puede justificar una privación de libertad que no sea razonable o necesaria. Por consiguiente, el Comité concluye que la detención de los peticionarios constituyó una vulneración de los derechos que los asisten en virtud del artículo 9, párrafos 1 y 2, del Pacto” (párr. 9.4). 3. Derecho de defensa. Derecho a ser oído. Control judicial. Principio de legalidad. Razonabilidad. “[T]oda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. La finalidad de este derecho es que la reclusión de una persona en el marco de una investigación o proceso penal sea sometida a control judicial. Es inherente al correcto desempeño de la función judicial que la autoridad que la ejerza sea independiente, objetiva e imparcial en relación con las cuestiones de que se trate. En consecuencia, los fiscales no podrán ser considerados funcionarios que ejercen funciones judiciales en el sentido del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Si bien el significado exacto de ‘sin demora’ puede variar en función de circunstancias objetivas, los plazos no deberán exceder de unos pocos días desde el momento de la detención. Todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas. El Comité observa que toda suspensión de este plazo en situaciones excepcionales debe estar justificada como estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Una vez se haya hecho una determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe revisarse periódicamente para establecer si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de las posibles alternativas” (párr. 9.6). “[E]n el caso de los peticionarios, transcurrieron 11 días hasta que comparecieron ante un juez y que, en consecuencia, no fueron llevados sin demora ante un juez o un funcionario judicial […]. A juicio del Comité, no puede considerarse que tal demora y la no revisión de la necesidad y razonabilidad del mantenimiento de los peticionarios en prisión, especialmente teniendo en cuenta la conclusión del Comité respecto de las reclamaciones de los peticionarios en relación con el artículo 9, párrafos 1 y 2, sean estrictamente necesarias según las exigencias de la situación. Por consiguiente, el Comité considera que se han vulnerado los derechos que asisten a los peticionarios en virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto” (párr. 9.7).

Otra jurisprudencia relacionada

 

Tribunal

Comité de Derechos Humanos - CCPR

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