Saltar al contenido principal
Ir a buscar
Inicio
Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Internacional
Difusiones Mensuales
Boletines
Estudios sobre Jurisprudencia
Intranet
  
> Jurisprudencia > Nikolyan v. Armenia  

Jurisprudencia: Nikolyan v. Armenia

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

Nikolyan v. Armenia

Hechos relevantes del caso

Gugen Nikolyan estaba casado hacía 15 años con su esposa cuando, en 2012, presento una demanda de divorcio. De la misma forma, demandó que desalojara el hogar conyugal. Alegaba que su relación conflictiva hacía insoportable la convivencia. En ese contexto, su esposa e hijo iniciaron acciones para declarar incapaz al peticionario y se dictó sentencia en 2013 que hizo lugar al reclamo. Por este motivo, los tribunales nacionales omitieron examinar las acciones presentadas por el peticionario. El Tribunal de Distrito sostuvo que el hombre tenía un trastorno mental hilarante y que no podía entender sus acciones ni controlarlas. Para llegar a esa conclusión, basó su diagnóstico en un informe psiquiátrico ordenado judicialmente en septiembre de 2012. Además, tuvo en cuenta las declaraciones de su esposa, vecinos y un oficial de policía local sobre un comportamiento excesivamente sospechoso, argumentativo y, a veces, agresivo, y acusaciones contra su esposa sin fundamento. El hijo del peticionario fue designado como su tutor durante los procesos judiciales. En su representación, solicitó que se concluyeran los procesos de divorcio y desalojo. En octubre de 2014, el Tribunal de Distrito, con el argumento de que la legislación nacional autorizaba a un tutor a retirar las acciones de una persona privada de su capacidad legal, hizo lugar a la petición. Entonces, el peticionario requirió, sin éxito, que se tomara en cuenta su opinión al nombrar a su tutor e impugnó la sentencia que lo declaró incapaz. Finalmente, el Tribunal de Casación declaró inadmisible el recurso por falta de mérito. El peticionario realizó una serie de intentos fallidos para restaurar su capacidad legal. Entre ellos, escribió al Ministro de Salud y a un hospital psiquiátrico y solicitó a los tribunales que revisasen nuevamente su estado de salud, debido a que no se habían actualizado las pericias psiquiátricas pertinentes. Sin embargo, como persona privada de su capacidad legal, la ley vigente no le permitía en ese momento iniciar procedimientos judiciales.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

03/01/2020

Voces CSJN

ACCESO A LA JUSTICIA; INCAPACIDAD; DEMANDA; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADMISIBILIDAD; TUTELA; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; CAPACIDAD; SALUD MENTAL; PERICIA MÉDICA;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Armenia era responsable por haber infringido el derecho del peticionario en virtud del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) y 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Acceso a la justicia. Incapacidad. Demanda. Principio de legalidad. Proporcionalidad. “[E]l artículo 6.1 garantiza a todas las personas el derecho a presentar una demanda en relación con sus derechos y obligaciones civiles ante una corte o tribunal. Este ‘derecho a un tribunal’, en el que el acceso es un aspecto sustancial, aplica para cualquiera que considere, con argumentos defendibles, la ilegalidad de una interferencia en el ejercicio de sus derechos civiles y se queje de que no se le ofreció la posibilidad de presentar una reclamación ante un tribunal que cumpla los requisitos del artículo 6.1” (cfr. párr. 89). “El derecho de acceso a un tribunal, que forma parte del derecho a un juicio justo, no es absoluto y puede estar limitado por la legislación nacional; en consecuencia, está permitido ya que el derecho de acceso a la justicia ‘por su propia naturaleza requiere una regulación por parte del Estado que puede variar en el tiempo y en el lugar en función de las necesidades y recursos de la sociedad y de las personas. Al configurar dicha reglamentación, los Estados parte disfrutan de un determinado margen de apreciación. No es tarea del TEDH reemplazar a las autoridades nacionales al evaluar quién debe estar incapacitado. Sin embargo, la regulación legislativa nacional no debe, de ninguna manera, impedir la provisión de las garantías mínimas que surgen del Convenio. Las restricciones derivadas de la legislación nacional no son contrarias al artículo 6 del Convenio si persiguen un objetivo legítimo y son proporcionales, es decir, no existe una desproporción evidente entre la medida utilizada y el propósito para el cual esta medida serviría…” (cfr. párr. 90). “En el pasado, el TEDH ha reconocido que las restricciones a los derechos procesales de una persona que haya sido privada de su capacidad jurídica pueden estar justificadas por su propia protección, la de los intereses de terceros y la buena administración de la justicia […]. Corresponde al Estado la decisión sobre cómo deben garantizarse los derechos procesales de una persona que ha sido privada de capacidad legal a nivel nacional. En este contexto, los Estados deberían tener la posibilidad de tomar medidas restrictivas con el fin de lograr los objetivos mencionados anteriormente…” (cfr. párr. 91). “[E]l derecho de acceso a un tribunal incluye no solo el derecho a iniciar un procedimiento determinado, sino también el derecho a obtener una resolución del conflicto por un tribunal…” (cfr. párr. 93). 2. Incapacidad. Demanda. Personas con discapacidad. Admisibilidad. Tutela. Apreciación de la prueba. Acceso a la justicia. “[E]l Tribunal destaca la importancia de respetar el principio número 8 de la Recomendación 4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa [sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitados]. También se refiere al artículo 12.4 de la CDPD [Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-ONU], que exige salvaguardas apropiadas y efectivas para garantizar que las medidas relacionadas con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad estén carentes de conflictos de intereses e influencia desproporcionada […] y que Armenia, al adherirse a la CDPD, se comprometió a tomar en consideración […]. Dichos principios eran de particular importancia para el peticionario en el presente caso. Debido a que, al ser privado de su capacidad jurídica de forma absoluta y, como consecuencia, de su derecho de acceso a la justicia, el único medio adecuado y eficaz para la protección de sus intereses legales ante los tribunales fue a través de una tutela sin conflictos […]. Por lo tanto, el Tribunal considera que los tribunales internos no llevaron a cabo la supervisión y el escrutinio necesario cuando se decidió aceptar la solicitud de retirar la reclamación del peticionario y, por ende, la finalización de los procedimientos de divorcio y desalojo se considera injustificada” (cfr. párr. 95-96). “[L]la importancia de ejercer derechos procesales puede variar en función de la finalidad de la acción que el peticionario quiera plantear ante los tribunales. En particular, el derecho de solicitar ante la justicia que se revise una declaración de incapacidad fue uno de los derechos de mayor importancia para el peticionario en este caso, ya que dicho proceso, una vez iniciado, sería decisivo para el ejercicio de todos los derechos y libertades afectados por el declaración de incapacidad […]. Este derecho es, por lo tanto, uno de los derechos procesales fundamentales dirigidos a la protección de aquellas personas que han sido parcial o totalmente privadas de su capacidad legal. Por ende, tales personas deberían, en un principio, tener acceso directo a los tribunales en este contexto…” (cfr. párr. 99). “Además, el TEDH ha sostenido que el Estado tiene la libertad de determinar el procedimiento mediante el cual se realizará dicho acceso. Igualmente, no sería incompatible con el artículo 6 que la legislación nacional establezca ciertas restricciones sobre el acceso a los tribunales en este ámbito, con el único objetivo de garantizar que los tribunales no estén sobrecargados de solicitudes excesivas y manifiestamente infundadas. No obstante, parece lógico que este problema pueda resolverse a través de otros cauces menos restrictivos que la denegación automática de acceso directo, por ejemplo, limitando la frecuencia con la que se pueden realizar las solicitudes o introduciendo un sistema para el examen previo de su admisibilidad sobre la base del expediente…” (cfr. párr. 100). “En relación a la situación en Armenia en el momento material, la prohibición general de acceso directo a un tribunal por parte de las personas declaradas incapaces no dejaba margen para la excepción. Igualmente, la legislación nacional no proporcionaba salvaguardas en el sentido que la restauración de la capacidad legal debía ser revisada por un tribunal en intervalos razonables, a pesar del requisito del artículo 12.4 de la CDPD, que establece que la restricción de la capacidad legal debe estar sujeta a una revisión periódica por parte de una autoridad competente. El Tribunal señala igualmente que dicha prohibición general de acceso directo a los tribunales no se ajustaba a la tendencia general a nivel regional […]. En el caso del peticionario, esta situación se vio agravada en razón de que las autoridades no habían garantizado una tutela sin conflictos. Por último, el Tribunal considera irrelevante si la solicitud presentada por el peticionario en agosto de 2014 podría considerarse como una ‘solicitud adecuada presentada ante un tribunal’ debido a que, incluso suponiendo que no fuera así, la prohibición del peticionario en el acceso a los tribunales estaba consagrada por ley y no se podía responsabilizar al solicitante por no intentar iniciar un procedimiento que no tenía derecho a iniciar por ley” (cfr. párr. 101). “El Tribunal recuerda que cualquier injerencia del derecho al respeto de la vida privada constituirá una violación del artículo 8 del Convenio a menos que sea ‘de conformidad con la ley’, persiga un fin u objetivo legítimo con arreglo al apartado 2 y sea ‘necesaria una sociedad democrática’ en el sentido de que sea proporcional a los fines perseguidos […]. [E]l Tribunal no considera necesario examinar si la interferencia persiguió un objetivo legítimo, debido a que la decisión de privar al peticionario de su capacidad jurídica fue, en todo caso, desproporcionada en relación a cualquier objetivo legítimo perseguido…” (cfr. párr. 118-119). “[D]e conformidad con el artículo 8, las autoridades deben perseguir un justo equilibrio entre los intereses de una persona que no tiene estabilidad mental y los demás intereses legítimos en cuestión. Sin embargo, por regla general, en una cuestión tan compleja como la determinación de la capacidad mental, las autoridades deberían disfrutar de un amplio margen de apreciación. Principalmente, esta cuestión se explica en el hecho de que las autoridades nacionales poseen el beneficio del contacto directo con las personas interesadas y, por tanto, están particularmente bien posicionadas para determinar tales problemas. La competencia del Tribunal es más bien revisar las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en el ejercicio de sus poderes, en virtud de la Convención a este respecto…” (cfr. párr. 120). 3. Derecho a la vida privada y familiar. Capacidad. Salud mental. Pericia médica. Principio de legalidad. “Al mismo tiempo, el margen de reconocimiento otorgado a las autoridades nacionales competentes variará de acuerdo con la naturaleza de los problemas y la importancia de los intereses en juego […]. Se necesita un escrutinio más estricto con respecto a las graves limitaciones en la esfera de la vida privada. En este sentido, el Tribunal es consciente de que privar a alguien de la capacidad jurídica conlleva graves consecuencias para los diferentes ámbitos de la vida de esa persona…” (cfr. párr. 121). “[E]l Tribunal ha mantenido en diferentes ocasiones que la existencia de un trastorno mental, incluso aquellos graves, no puede ser el único motivo para justificar la privación total de la capacidad legal. Por similitud con otros casos relacionados con la privación de libertad, para justificar la privación total de la capacidad legal, el trastorno mental debe ser ‘de un tipo o un grado’ que garantice dicha medida…” (cfr. párr. 122). “[E]n lo que respecta a la opinión del perito psiquiátrico pertinente, la objetividad de una evaluación médica implica el requisito de que sea lo suficientemente actual o reciente […]. [E]n tales circunstancias, los tribunales nacionales deberían haber buscado una nueva evaluación de la condición mental del peticionario…” (cfr. párr. 124-125).

Otra jurisprudencia relacionada

Guberina v. Croacia 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

Presentaciones relacionadas

 
Historial de versionesHistorial de versiones

Nombre

Titulo

Hechos relevantes del caso

Categoria

Fecha

Voces CSJN

Decisión y argumentos

Otra jurisprudencia relacionada

Tribunal

Presentaciones relacionadas

Estado de aprobación
Versión:
Creado el por
Última modificación realizada el por