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Jurisprudencia: Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes

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Titulo

Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes

Hechos relevantes del caso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”. El documento identificó a las mujeres, niñas y adolescentes como personas que se encuentran en una especial situación de discriminación en la región. La publicación recordó su derecho a vivir una vida libre de violencia y los deberes jurídicos que tienen los Estados respecto de su erradicación. En ese sentido, la Comisión consideró pertinente la elaboración de un informe que identificara y analizara los avances más significativos, los principales desafíos pendientes y las buenas prácticas existentes en el cumplimiento de sus recomendaciones en materia de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. El informe fue elaborado desde un enfoque interseccional y destacó las causas y consecuencias de las violaciones a los derechos humanos sufridas por el colectivo.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

14/11/2019

Voces CSJN

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; AUTONOMÍA; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ABUSO SEXUAL; CONSENTIMIENTO; MATRIMONIO; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS; LGBTIQ; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; VIOLENCIA OBSTÉTRICA; ABORTO; INTERNET; GROOMING;

Decisión y argumentos

Entre sus conclusiones, la CIDH llamó tanto a los Estados de la región como a las demás partes interesadas a hacer uso del análisis desarrollado en el informe con miras a mejorar y fortalecer la legislación, las políticas y las prácticas para hacer frente a la discriminación y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, señaló la necesidad de identificar los grupos del colectivo que se encuentren en especiales condiciones de discriminación o riesgo con el fin de que se adopten políticas públicas, programas y mecanismos de protección judicial para prevenir, responder y remediar los hechos de violencia desde un enfoque inter-seccional. Por último, consideró primordial el diseño y fortalecimiento de las políticas de prevención de los actos de violencia y discriminación de modo que abarque los sectores de justicia, educación y salud. 1. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Autonomía. “Con respecto a la autonomía progresiva y las leyes que la aplican de manera integral, la Comisión destaca dos ejemplos que incorporan adecuadamente este principio. En Argentina, el Código Civil vigente, aprobado en 2014, evoluciona a partir de la antigua dicotomía entre los conceptos de capacidad e incapacidad para insertar el principio de autonomía progresiva como una forma de determinar la capacidad de los adolescentes para realizar actos de la vida civil, no estableciendo una edad mínima [y, en México] la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la autonomía progresiva es un principio rector para la protección de estos derechos” (párrs. 75 y 76). “En el centro de la Convención sobre los Derechos del Niño, está el interés superior como parámetro fundamental que debe considerarse en cualquier decisión que afecte a niños, niñas y adolescentes, ya sea pública o privada. Este concepto tiene como objetivo el pleno y efectivo disfrute de todos los derechos previstos en la CDN y se aplica en forma tridimensional como un derecho sustantivo, un principio interpretativo de los derechos del niño y como una norma de procedimiento, en línea con lo que ya ha expresado el Comité sobre los derechos del Niño [hay nota]. De acuerdo con los estándares interamericanos referentes al interés superior del niño, los Estados deben incluirlo explícitamente como un principio guía para ser considerado en cualquier acción, política o decisión que afecte los derechos de los niños y adolescentes” (párr. 80). 2. Violencia de género. No discriminación. Estereotipos de género. Niños, niñas y adolescentes. “[L]a Comisión considera importante que la legislación nacional que trata de la protección de los derechos de los niños y adolescentes reconozca la situación particular de vulnerabilidad a la que se insertan las niñas y adolescentes debido a su género. Si bien la gran mayoría de las leyes generales prevén la lucha contra la discriminación de cualquier tipo, particularmente por motivos de sexo, la CIDH señala que los ejemplos que incluyen una perspectiva de género como transversal e interseccional son escasos” (párr. 88). “En el marco de su mandato, la CIDH ha afirmado la necesidad de atender las causas de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes en todas sus manifestaciones para hacer frente a las principales problemáticas actuales en la región, que resultan en la vulneración del ejercicio y goce de sus derechos humanos. De la misma forma, la Comisión ha reafirmado la interseccionalidad como un concepto básico para comprender las maneras que se superponen los diferentes niveles de discriminación, el impacto de su concurrencia en el goce y ejercicios de los derechos humanos, y el alcance de las obligaciones de los Estados en la adecuación de sus respuestas frente a las mismas” (párr. 92). “La CIDH ha reiterado en varias ocasiones la obligación de los Estados de erradicar la discriminación basada en género contra las mujeres [hay nota]. En particular, los Estados han de ‘consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese Principio [hay nota]’. Lo anterior incluye adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la discriminación y la violencia contra las mujeres [hay nota]. A pesar de lo anterior, y según las informaciones recibidas por la CIDH, en algunos países de América Latina y del Caribe el principio de igualdad entre hombres y mujeres no está aún consagrado en las constituciones o leyes nacionales, el principio de discriminación no incluye la discriminación basada en género e incluso, en algunos casos, siguen persistiendo normas discriminatorias contra las mujeres basadas en su género” (párr. 96). 3. Abuso sexual. Consentimiento. Matrimonio. “La Comisión señala que al penalizar de manera genérica la violación sexual e incluir circunstancias restrictivas para su enjuiciamiento, el matrimonio implicaría un consentimiento sexual entre los cónyuges en todo momento. Estas posturas descansan en la concepción de que la finalidad del contrato conyugal es la procreación y, por lo tanto, mantener relaciones sexuales es un deber correlativo a la naturaleza del matrimonio, con o sin consentimiento, deber que estaría especialmente dirigido a las mujeres por cuenta del rol asociado a su género por su capacidad reproductiva. Al respecto, la Comisión reitera que toda relación sexual sin consentimiento es una forma de violencia sexual y una forma de violencia contra las mujeres” (párr. 102). “[L]a Comisión advierte que la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en las normas como en la práctica, es un requisito indispensable para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, reitera sus recomendaciones en la materia” (párr. 103). 4. Medios de comunicación. Funcionarios públicos. Estereotipos de género. LGBTIQ. “Los medios de comunicación juegan un rol destacado en la formación de percepciones sociales, tanto en su vertiente informativa como de entretenimiento, por lo cual la Comisión ha destacado la capacidad de influencia de los medios de comunicación en la transformación de percepciones sociales a la vez que ha alertado, por ejemplo, sobre el tratamiento mediático estereotipado que algunos medios de comunicación hacen de las niñas, las adolescentes y las mujeres [hay nota]. Si bien la CIDH ha afirmado y reconocido el rol positivo que los distintos medios de comunicación y los periodistas pueden jugar en la promoción del principio de igualdad y en la lucha contra la discriminación y los estereotipos abordando asuntos de preocupación para grupos sometidos a discriminación histórica [hay nota], también ha continuado recibiendo denuncias con respecto al incremento de discursos que incitan a la violencia por razones discriminatorias en el espacio público y en redes sociales, sobre todo respecto a mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes así como personas defensoras de tierra, la vivienda y el medio ambiente [hay nota]” (párr. 109). “La Comisión observa que, en ocasiones, algunos medios de comunicación, aún sin tener la intención concreta de promover este tipo de conducta, podrían operan como generadores o canalizadores de mensajes cargados con lenguaje o imágenes discriminatorias que perpetúan estereotipos de género perjudiciales, que promueven desigualdades163 y contribuyen al contexto de violencia y discriminación endémica contra la mujer” (párr. 110). “En vista que el impacto de este tipo de discurso es aún mayor cuando proviene de funcionarios públicos, la Comisión reafirma que, a la luz de las obligaciones estatales de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar que, cuando ejercen su derecho de libertad de expresión, no están ignorando los derechos humanos de otras personas [hay nota]. Como lo ha establecido la Corte Interamericana, los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocerlos [hay nota]. Al respecto, la CIDH ha señalado en reiteradas oportunidades que los funcionarios públicos deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia por razones discriminatorias, lo cual requiere que los mismos contribuyan de manera contundente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto, y que se abstengan de realizar declaraciones que expongan a distintos grupos a un mayor riesgo de actos de violencia [hay nota]. Si bien un discurso oficial puede no haber autorizado, instruido o incitado directamente a la violencia, su contenido o mensaje con frecuencia puede poner a las potenciales víctimas de violencia en una situación de mayor vulnerabilidad ante el Estado y ante ciertos sectores de la sociedad” (párr. 112). “[L]la Comisión recuerda a los Estados de la región su obligación de adoptar medidas específicas para contrarrestar prejuicios, costumbres y cualquier otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de las mujeres. Asimismo, la Comisión observa que en el marco del cumplimento de sus obligaciones, los Estados deben instaurar un marco jurídico nacional que reconozca la igualdad de género en la vida cultural y familiar, aplicado a todos los ámbitos de la vida y primando sobre cualquier ley, norma, código o reglamento basado en el derecho religioso, consuetudinario o indígena, sin posibilidad de excepción, derogación o elusión” (párr. 117). 5. Violencia de género. Acceso a la justicia. Debido proceso. La Comisión destacó las leyes sancionadas por Argentina, Perú y Chile en relación a la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. A su vez consideró que la ley Nº 27.499 (Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado) resulta positiva ya que “fue presentado a los fines de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la Convención Belém do Pará, en atención a la jurisprudencia de la Corte IDH y a las recomendaciones hechas al Estado argentino por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el MESECVI [hay nota]” (párr. 27). “La Comisión ha reiterado la obligación de los Estados de garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación seria, oportuna, completa e imparcial, así como de la adecuada sanción de los responsables y la reparación integral de las víctimas. A la luz de este deber, la Comisión ha destacado que la investigación penal debe estar a cargo de autoridades competentes e imparciales capacitadas en materia de género y de derechos de las mujeres y en materia de atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género [hay nota]” (párr. 132). “[L]as informaciones recabadas por la CIDH también dan cuenta que existiría una carencia de operadores de justicia y de entidades especializadas o con competencia, tanto en zonas urbanas como zonas rurales, para abordar la violencia contra las mujeres. Si bien la Comisión ha saludado los esfuerzos realizados por varios países de la región en fortalecer la institucionalidad especializada en materia de protección y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia [hay nota], ha tenido también conocimiento de la falta de recursos y de personal que afectan a muchas de estas instituciones y que debilitan su capacidad de acción efectiva. Estas instancias pueden verse desbordadas ante la cantidad elevada de denuncias, al tiempo que siguen existiendo lagunas lingüísticas, geográficas, físicas y culturales para lograr el acceso a mujeres pertenecientes a grupos en particular situación de riesgo o exclusión” (párr. 138). “Como parte fundamental del acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, la CIDH ha destacado en numerosas oportunidades la obligación de los Estados de brindar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas, proporcional al daño sufrido que incluya las garantías de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición [hay nota]. La reparación ha de ser integral en tanto las medidas que se tomen deben ser coherentes y complementarias entre sí como un conjunto de acciones destinadas a restituir los derechos de las víctimas” (párr. 140). “[L] a CIDH ha mostrado su preocupación respecto a que, en muchos casos, las mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores [hay nota]. Esta situación refleja las deficiencias existentes en los mecanismos de prevención y protección de las mujeres ante los riesgos de violencia de género y en particular, ante el riesgo de asesinato [hay nota]. Aunado a lo anterior, la Comisión advierte que los países que cuentan con leyes de penalización del femicidio/feminicidio pero no han aprobado leyes integrales, han centrado la respuesta al problema en el sistema penal, siendo que la Convención de Belém do Pará exige de los Estados también el desarrollo de acciones de prevención, protección, investigación y reparación, además de la penalización de la violencia contra las mujeres” (párr. 160). 6. Violencia de género. Vulnerabilidad. Pueblos indígenas. “[L]a CIDH advierte en la región la existencia de violencia y discriminación afectando específicamente a mujeres y niñas en especial situación de vulnerabilidad, como mujeres y niñas campesinas y rurales, afrodescendientes e indígenas [hay nota]” (párr. 152). “[L]a Comisión destaca la invisibilización de la situación de riesgo de sufrir violencia sexual en que se encuentran mujeres en situación de vulnerabilidad adicional como las mujeres indígenas [hay nota], trabajadoras del hogar, internadas en hospitales psiquiátricos, en el ámbito universitario, niñas y adolescentes del área rural, las mujeres migrantes o aquéllas de orientación sexual o identidad de género diversa” (párr. 175). 7. Violencia de género. Violencia obstétrica. Aborto. “[L]a CIDH ve con preocupación las barreras existentes en el acceso al anticonceptivo oral de emergencia, de manera legal y gratuita, para mujeres víctimas de violencia sexual. Obligar a las mujeres, niñas y adolescentes a seguir adelante con un embarazo producto de una violación sexual puede conllevar afectaciones físicas y emocionales inminentes para ellas, por lo que la Comisión ha instado a los Estados de la región a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y la protección, sin discriminación, de los derechos sexuales y reproductivos de todas mujeres según los estándares interamericanos en la materia” (párr. 180). “Si bien no existe una definición jurídica del concepto de violencia obstétrica en derecho público internacional, la CIDH ha considerado que ‘la violencia obstétrica abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de salud públicos o privados [hay nota]’. Así, la violencia obstétrica se configura en las acciones u omisiones por parte de los médicos y personal de apoyo en servicios de salud, públicos o privados, durante la atención en el proceso de gestación, parto y postparto, que se caracterizan por un trato deshumanizador o discriminatorio que causan un daño físico, psicológico o moral a la mujer [hay nota]” (párr. 181). “La CIDH advierte que este tipo de violencia encierra concepciones machistas y estereotipadas sobre el rol de las mujeres, su experiencia de la maternidad y sobre sus cuerpos y por tanto, representa una forma de discriminación contra ellas, basándose en el supuesto que el sufrimiento hace parte de la experiencia del embarazo; en la supuesta inferioridad de las mujeres; en su pretendida incapacidad para tomar decisiones adecuadas sobre sus procesos reproductivos; y en nociones machistas relativas a los cuerpos de las mujeres como objetos de placer sexual para los hombres” (párr. 182). “[L]a obligación fundamental de los Estados incluye garantizar el acceso pronto y adecuado a servicios de salud que sólo las mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su género y de su función reproductiva, libre de toda forma de discriminación y de violencia, de conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia de desigualdad de género” (párr. 200). “De igual forma, la Comisión reitera el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación en los casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto y en embarazos resultantes de violencia sexual o incesto [hay nota]. Lo anterior, en tanto dichas disposiciones imponen una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros [hay nota]. Al respecto, la Comisión advierte que la criminalización absoluta del aborto, al imponer una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad” (párr. 202). 8. Violencia de género. Niños, niñas y adolescentes. Abuso sexual. “[L]a violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. La Comisión ha entendido que esta forma de violencia puede afectar por completo el proyecto de vida de una niña o adolescente; por ejemplo, cuando se convierten en madres como consecuencia de una violación; al ser excluidas por la estigmatización y discriminación que sufren en los centros educativos al encontrarse embarazadas; y cuando por presiones familiares son forzadas a contraer matrimonio con su agresor. La CIDH también ha tenido conocimiento que un número elevado de niñas víctimas de violencia sexual son separadas de sus familias, institucionalizadas o bien abandonan los estudios debido a la falta de apoyo” (párr. 231). “[F]rente a una percepción de desprotección, las adolescentes que sufren violencia sexual en sus hogares toman a menudo la iniciativa de abandonar sus hogares como una medida para poner fin a los abusos cuando no existen otros resortes a los que acudir o no son accesibles o confiables, o no se atreven a denunciar [hay nota]. Resulta crucial destacar que esta situación a su vez las expone a otras formas de violencia y vulneración a sus derechos; muchas niñas y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica o sexual en sus hogares que deciden huir terminan siendo captadas por redes de trata de personas” (párr. 237). “[L]a Comisión reconoce que la violencia sexual contra niñas y adolescentes es un fenómeno con dinámicas específicas que la diferencian de la violencia sexual contra personas adultas. La Corte Interamericana ha destacado que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas [hay nota]. En el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, este impacto podría verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor” (párr. 247). “En los casos en que la violencia sexual haya resultado en un embarazo forzado en niñas y adolescentes, la CIDH destaca la importancia de adoptar protocolos adecuados para garantizar el acceso legal, oportuno y gratuito a métodos anticonceptivos de emergencia y a información veraz, suficiente e imparcial para acceder a la interrupción legal del embarazo, especialmente cuando se trata de niñas de corta edad [hay nota]. En este respecto, el acceso efectivo a los servicios de salud adecuados para las víctimas, con base en protocolos de atención médica que incluyan la obligación de proveer información adecuada a las víctimas de violencia sexual y a sus familia que regulen cómo, cuándo y por quién puede determinarse la interrupción legal del embarazo, permitiría que en la práctica exista un acceso real a estos procedimientos sin discriminación y sin ningún tipo de consecuencias penales o de criminalización. Lo anterior cobra particular importancia en los países cuya legislación interna del país prevé la posibilidad de la interrupción legal del embarazo en los casos en que el mismo represente un riesgo para la vida de la niña” (párr. 260). 9. Violencia de género. Niños, niñas y adolescentes. Internet. Grooming. “Los NNA al estar expuestos desde corta edad a un uso frecuente de tecnologías de la información y la comunicación, representan un alto porcentaje de los y las usuarios y usuarias de las mismas. No obstante, es crucial tener en cuenta que todos los niños que se conectan a internet corren cierto nivel de riesgo. Como ha sido señalado, la CIDH sostiene que la violencia que sufren las mujeres y las niñas adopta muchas formas que, de hecho, pueden reforzarse mutuamente y superponerse [hay nota]. La violencia contra las mujeres en Internet ha surgido como una nueva forma de violencia por razones de género la cual la CIDH nota se está extendiendo rápidamente y supone un peligro significativo” (párr. 303). “La violencia en línea contra las mujeres, niñas y adolescentes incluye actos que en parte o en su totalidad se originan o materializan por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente en redes sociales. Debido a la accesibilidad de estas tecnologías para una importante población, la Comisión destaca que las niñas y adolescentes en particular se enfrentan a un riesgo elevado de actos de violencia y discriminación como, entre otros, el acoso, el grooming [hay nota], las amenazas, el chantaje y el acoso sexual; la carga y/o difusión de fotos íntimas, videos o clips de audio sin su consentimiento; al acceso o divulgación de sus datos privados sin su consentimiento; a la carga y difusión de fotos o videos modificados de niñas y adolescentes como material de pornografía; creación de perfiles falsos, etc.” (párr. 304).

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