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> Jurisprudencia > SSR v. España  

Jurisprudencia: SSR v. España

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Titulo

SSR v. España

Hechos relevantes del caso

En 2014, la peticionaria, que no podía adquirir una vivienda, empezó a ocupar, sin título legal, un departamento que era propiedad de una entidad bancaria. Además, tenía una discapacidad del 66%, debida a una enfermedad rara y de difícil tratamiento. En febrero de 2017, recibió una notificación de desahucio de la entidad propietaria de la vivienda. El Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara acordó el desalojo. El defensor asignado recurrió y alegó que no se tuvo en cuenta que ella manifestó su voluntad de firmar un contrato de arrendamiento. En diciembre de 2017, la Audiencia Provincial de Guadalajara desestimó el recurso al considerar que la existencia de una relación contractual no dependía únicamente de la peticionaria, sino también del propietario del inmueble. En marzo de 2018, solicitó una mediación con la entidad propietaria para regularizar su situación como inquilina. En mayo, el juzgado ordenó que desalojara la vivienda en un plazo de un mes. Su defensa requirió que se suspendiera el desalojo hasta que se planteara una alternativa habitacional. Un mes más tarde, el Juzgado dio parte a la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria y suspendió el desahucio, aplazándolo hasta septiembre de 2018. El 5 de septiembre de 2018, el Comité, actuando por medio de su Grupo de Trabajo, registró la comunicación y, en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, solicitó al Estado parte que suspenda el desalojo durante el examen de la comunicación o, alternativamente, se le otorgue a la peticionaria una vivienda adecuada. Antes de que el Comité pudiera pronunciarse sobre la solicitud, la peticionaria fue desalojada.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

27/11/2019

Voces CSJN

MEDIDAS CAUTELARES; VIVIENDA; DESC; DESALOJO; VULNERABILIDAD; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TÍTULO DE PROPIEDAD; USURPACIÓN; RECURSOS; AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS; PRUEBA; RAZONABILIDAD; ADMISIBILIDAD;

Decisión y argumentos

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales de las Naciones Unidas consideró que España violó el artículo 5 (medidas provisionales), del Protocolo Facultativo. 1. Medidas cautelares. Agotamiento de recursos internos. Recursos. Prueba. Razonabilidad. “El Comité puede decidir adoptar medidas provisionales cuando una decisión que haya tomado o que esté a punto de tomar el Estado parte pueda causar un daño irreparable al peticionario o a la víctima si no se revoca la medida o si no se suspende su ejecución en espera de que el Comité lleve a cabo el examen de la comunicación” (párr. 7.2). “El artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo establece que, tras haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse sobre su fondo, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. De acuerdo con la práctica de otros organismos internacionales de derechos humanos, el Comité considera que la noción de ‘circunstancias excepcionales’ hace referencia al grave impacto que una acción u omisión del Estado parte puede tener sobre un derecho protegido o sobre la capacidad futura de efecto de una decisión pendiente de ser tomada por el Comité en una comunicación ante él. En este sentido, el ‘daño irreparable’ se refiere a la amenaza o riesgo de una violación de derechos que, debido a su naturaleza, no sería susceptible de ser reparada o adecuadamente compensada, o de restaurar los derechos violados. Además, para justificar la solicitud de una medida provisional, el riesgo o amenaza debe ser real, no quedando recursos domésticos efectivos y disponibles susceptibles de evitar el daño irreparable referido. Si una medida provisional no es adoptada por no existir aún un riesgo real al momento de la solicitud inicial, el peticionario o la peticionaria podrán solicitar la adopción de medidas provisionales de nuevo más tarde si el riesgo se materializa. Además, dado que las medidas provisionales no constituyen un mecanismo autónomo sino que son parte de una comunicación individual, el Comité no puede solicitar una medida provisional, a no ser que la comunicación individual parezca prima facie admisible, mostrando que, al menos a simple vista, es posible que se encuentre una violación del Pacto. Esto también implica que, en principio, no existen recursos domésticos que estén disponibles y sean efectivos” (párr. 7.3). “Aunque el riesgo de daño irreparable ha de ser real, el Comité considera que la probabilidad de que el riesgo se materialice no tiene que ser probada más allá de una duda razonable ya que tal requerimiento sería contrario al objetivo de las medidas provisionales, que es el de evitar un daño irreparable, incluso cuando no exista total certitud del daño. Más bien, la información aportada por la peticionaria o el peticionario debe permitir al Comité determinar prima facie que existe un riesgo real de daño irreparable y que la comunicación es admisible. No obstante, la carga de aportar al Comité información suficiente sobre los hechos relevantes y violaciones alegadas para establecer un caso prima facie y la existencia de un riesgo de un daño irreparable recae sobre el peticionario. Esta información debe incluir, siempre que esté disponible, documentación probatoria, como por ejemplo copias de las decisiones pertinentes de las autor idades nacionales o informes pertinentes sobre la situación de un país que contribuya a fundamentar la plausibilidad de la inminencia del riesgo de daño irreparable. En algunos casos en los que la información aportada por la peticionaria o el peticionario sea insuficiente, pero en los que, no obstante, el riesgo de daño irreparable no pueda ser excluido, el Comité puede adoptar medidas provisionales por un tiempo limitado, para ofrecer a la peticionaria o al peticionario un tiempo corto pero razonable para aportar la información faltante. En esos casos, si no se aporta la información requerida, la solicitud de medidas provisionales se retira automáticamente” (párr. 7.4). 2. Desalojo. Vivienda. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. “En los casos de desalojos, cada alegación de daño irreparable ha de ser examinada de forma individual, siendo este examen independiente del examen de la existencia de una violación del Pacto. En general, se debe considerar que un desalojo crea un riesgo de daño irreparable, justificando por tanto la adopción de medidas provisionales, sólo cuando las personas desalojadas no cuentan con acceso a una vivienda alterna adecuada. Otra consideración pertinente en el examen del riesgo de daño irreparable es la situación de la familia concernida. Por ejemplo, se considera que familias de escasos recursos económicos, con niños pequeños o con miembros que viven con discapacidades y necesidades específicas, se encuentran en riesgo particular, pues incluso un período corto sin vivienda adecuada tras el desalojo podría tener consecuencias irreversibles” (párr. 7.5). “La adopción de medidas provisionales con arreglo al artículo 5 del Protocolo Facultativo es fundamental para el desempeño de la función encomendada al Comité en virtud de ese Protocolo. La razón de ser de las medidas provisionales es, inter alia, la de proteger la integridad del proceso, permitiendo la efectividad del mecanismo en su protección de los derechos contenidos en el Pacto cuando existe un riesgo de daño irreparable” (párr. 7.6). “El Comité observa que todo Estado parte que haya aceptado las obligaciones impuestas por el Protocolo Facultativo reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de las disposiciones del Pacto. Al aceptar las obligaciones impuestas por el Protocolo Facultativo, los Estados partes se han comprometido a cooperar de buena fe con el Comité proporcionándole los medios para que pueda examinar las quejas que se le hayan presentado y, después del examen, comunicar sus observaciones al Estado parte y al peticionario de la queja. Todo Estado parte que no adopte tales medidas provisionales incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las comunicaciones individuales establecido en el Protocolo Facultativo. También priva al Comité de su capacidad de proporcionar un remedio efectivo a las personas que alegan ser víctimas de una violación del Pacto. Los Estados partes pueden, en virtud del artículo 7, párrafo 3, del reglamento provisional en virtud del Protocolo Facultativo, aducir argumentos en favor de que se retire la petición de adopción de medidas provisionales o exponer las razones por las que esa petición ya no esté justificada. Según el mismo artículo, párrafo 4, el Comité podrá tomar la decisión de retirar la petición de adopción de medidas provisionales basándose en las declaraciones recibidas por ambas partes. Por tanto, cuando un Estado parte solicita el levantamiento de medidas provisionales, no puede, en base al principio de buena fe, actuar en contra de estas medidas antes de que el Comité tenga la oportunidad de pronunciarse en relación con la solicitud” (párr. 7.7). “En el presente caso, el Estado parte procedió al desalojo de la peticionaria sin proporcionarle una vivienda alternativa adecuada antes de que el Comité pudiera pronunciarse sobre su solicitud de levantamiento de la medida provisional. Al no atender a la solicitud de medidas provisionales, el Estado parte incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, dificultando que la futura decisión o dictamen aportara una protección efectiva, despojando al mecanismo de comunicaciones individuales de su raison d’être. En ausencia de otras explicaciones del Estado parte que acrediten por qué las medidas provisionales no pudieron ser respetadas, el Comité considera que los hechos relatados revelan una violación del Estado parte del artículo 5 del Protocolo Facultativo” (párr. 7.8). 3. Medidas cautelares. Admisibilidad. “El Comité recuerda que, conforme al artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo, el otorgamiento de medidas provisionales no implica juicio alguno sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación. Es pues posible que el Comité encuentre que la comunicación inicial esté suficientemente fundamentada a efectos de ser registrada y que indique una situación que obligue a otorgar medidas provisionales para evitar un daño irreparable. Pero nada impide que un examen ulterior, a partir de nueva información suministrada por el Estado parte, lleve al Comité a concluir que la medida provisional no estaba justificada, o ya no es necesaria. Del mismo modo, la información aportada por las partes respecto a la admisibilidad y el fondo de la comunicación puede llevar incluso al Comité a concluir que la comunicación, que en un principio pareciera admisible prima facie es inadmisible por falta de suficiente fundamentación, como sucedió en este caso. No es entonces contradictorio que el Comité otorgue medidas provisionales y luego declare inadmisible el caso. Precisamente por eso, el procedimiento previsto en el artículo 7 del reglamento provisional en virtud del Protocolo Facultativo permite al Estado oponerse a una medida provisional y solicitar su levantamiento, suministrando al Comité razones por las que las medidas provisionales no se encuentran justificadas y no existe un riesgo de daño irreparable. Además, el Estado parte puede aportar observaciones alegando la inadmisibilidad la comunicación. En el caso presente, el Estado parte tenía entonces la posibilidad de esperar de buena fe a que el Comité respondiera a su solicitud de levantamiento de la medida provisional en vez de incumplirla días después de enviar su solicitud, y pese a haber sido informado de que el Comité tomaría una decisión respecto a su solicitud, tras recibir los comentarios de la peticionaria a ese respecto” (párr. 7.9).

Otra jurisprudencia relacionada

López Albán v. España; Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellili; Gómez-Limón Pardo v. España; El Ayoubi y El Azouan Azouz v. España 

Tribunal

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR

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