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> Jurisprudencia > Jenkins v. Argentina  

Jurisprudencia: Jenkins v. Argentina

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Titulo

Jenkins v. Argentina

Hechos relevantes del caso

La Policía Federal y la Gendarmería Nacional argentina habían investigado al señor Jenkins por el posible desarrollo de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes. Durante la investigación, solicitaron el allanamiento de su domicilio y su detención. En junio de 1994, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 ordenó su detención y lo imputó por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita. Luego, fue procesado por considerarlo autor de los delitos de comercio, transporte, distribución y almacenamiento de estupefacientes. A su vez, convirtió su detención en prisión preventiva. Al momento de su detención, se encontraba vigente la ley Nº 24.390, que en el artículo 10 excluía del plazo máximo para la prisión preventiva (dos años) a aquellas personas detenidas por delitos de narcotráfico. En ese sentido, la defensa del peticionario presentó un recurso de inconstitucionalidad y solicitó su excarcelación. Entre sus argumentos, señaló que la exclusión afectaba el plazo razonable de la detención preventiva y el principio de igualdad ante la ley. El Tribunal Oral no hizo lugar al planteo y la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaron los recursos interpuestos frente a esa determinación. En 1997, el fiscal consideró que los elementos de prueba colectados eran insuficientes y solicitó su absolución. De esa manera, el Tribunal Oral dispuso su libertad. En 1999 el señor Jenkins presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado y contra el juez que ordenó su detención. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10 consideró que la responsabilidad del Estado hubiera correspondido en caso de que la absolución haya sido dictada en virtud de una inocencia manifiesta, mientras que en el caso se trató de una insuficiencia de elementos probatorios. Por ese motivo, rechazó la acción. Los recursos interpuestos en consecuencia, fueron denegados. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó un recurso de hecho interpuesto por el peticionario. Entre sus argumentos, sostuvo que el peticionario pretendía que el tribunal examinara y resolviera, por vía del recurso de hecho, circunstancias y peticiones que no guardaban relación alguna con el objeto de la litis. Cabe destacar que, en 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley Nº 24.390 por resultar violatorio del principio de inocencia, la libertad personal, la igualdad y el plazo razonable de duración del proceso (“Veliz”).

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

26/11/2019

Voces CSJN

PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; PLAZO RAZONABLE; REVISION JUDICIAL; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ARBITRARIEDAD; RIESGOS PROCESALES; RECURSOS; DAÑOS Y PERJUICIOS;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5 (Derecho a la libertad personal), 8.2 (Garantías judiciales) y 24 (Igualdad ante la ley) de la Convención Americana. 1. Prisión preventiva. Personas privadas de la libertad. Proporcionalidad. Revisión judicial. “La Corte observa que la referida resolución de 29 de junio de 1994 contiene fundamentos únicamente en cuanto a la existencia del delito sancionado en el artículo 7 de la Ley No. 23.737 y la presunta participación del señor Jenkins. Efectivamente, la resolución se limitó a indicar cuáles eran los ‘elementos cargosos’ que afectaban al señor Jenkins” (párr. 79). “La Corte advierte además que el mencionado auto no esboza ningún argumento con respecto a las razones por las cuales la prisión preventiva del señor Jenkins era necesaria, idónea y proporcional al fin perseguido, sino que únicamente se centra en la existencia de indicios que vincularían al señor Jenkins con la comisión de un delito de narcotráfico” (párr. 81). “De eso modo, este Tribunal considera que el sólo criterio de la existencia de indicios que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga no son suficientes para justificar la imposición de una medida privativa de la libertad, sino que resulta esencial a acudir a elementos relativos a la finalidad legítima de la medida –esto es, eventual obstaculización del desarrollo normal del procedimiento penal o posibilidad de sustracción a la acción de la justicia– que lleven a la conclusión de que la medida de prisión preventiva es necesaria y proporcional al fin perseguido [hay nota]. En vista de lo anterior, la Corte concluye que la resolución […] que ordenó la prisión preventiva de señor Jenkins careció de una debida motivación en tanto que no expuso las razones por las cuales la medida perseguía un fin legítimo y era necesaria, idónea y proporcional a dicho fin” (párr. 82). “La Corte ha precisado que una de las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención es estar sujeta a revisión periódica [hay nota], de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe” (párr. 83). “Este Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad [hay nota], la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia [hay nota]. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea de forma mínima las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse” (párr. 85). 2. Prisión preventiva. Plazo razonable. Tráfico de estupefacientes. Igualdad. No discriminación. “[L]a exclusión del beneficio del límite máximo de prisión preventiva que establecía la referida Ley No. 24.390 generó un trato desigual con respecto a las personas en prisión preventiva imputadas por un delito diferente al de narcotráfico, quienes, una vez cumplido el plazo de dos años estipulado en la señalada Ley tenían derecho a solicitar su excarcelación” (párr. 90). “[L]os Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto [hay nota]. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana [hay nota] en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable [hay nota], es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido [hay nota]” (párr. 91). “[L]a exclusión del beneficio de tiempo máximo de prisión preventiva para todas aquellas personas imputadas por narcotráfico se justificaba por el interés en perseguir a esa clase de organizaciones criminales, –y a sus integrantes–, dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes, así como por las obligaciones contraídas por el Estado al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La Corte observa, no obstante, que el señor Jenkins fue excluido de manera automática del beneficio de la excarcelación únicamente sobre la base del delito específico que se le imputaba, sin que se brindara una explicación sobre la finalidad específica que buscaba la diferencia de trato, su idoneidad, necesidad, proporcionalidad y, además, sin tener en cuenta sus circunstancias personales” (párr. 92). “[E]l criterio por el cual se excluyó al señor Jenkins del beneficio de los plazos máximos de prisión preventiva implicó que se superara el límite establecido en la legislación nacional para la prisión preventiva de manera irrazonable, lo cual además constituyó un trato desigual frente a otras personas en situación similar que sí podían acceder a dicho beneficio” (párr. 94). 3. Plazo razonable. Recursos. Daños y perjuicios. Prisión preventiva. “[L]a acción ejercitada por el señor Jenkins implicaba un análisis por parte de las autoridades judiciales sobre la existencia o no de un error judicial en el presente caso. Dicha determinación no requería, por tanto, una multitud de pruebas de difícil valoración, sino que se debía realizar un examen de las decisiones judiciales que versaron sobre la decisión de encarcelamiento del señor Jenkins, así como de las siguientes decisiones judiciales que rechazaron la solicitud de excarcelación interpuesta por éste. En consecuencia, este Tribunal advierte que el proceso de daños y perjuicios instado por el señor Jenkins no revestía elementos de especial complejidad” (párr. 113). “[L]a correcta o incorrecta motivación de los recursos (o la inadmisión de alegatos debido a su interposición extemporánea) no tienen relación alguna, ni puede justificar, el retraso procesal a la hora de dar una debida respuesta por parte de las autoridades judiciales a la demanda interpuesta por el señor Jenkins” (párr. 116). “[L]a Corte nota que el señor Jenkins estaba haciendo uso debido de los medios de impugnación reconocidos por la legislación aplicable para la defensa de sus intereses, cuestión que no puede redundar en su contra” (párr. 117). “Por último, con respecto a los ofrecimientos de prueba señalados y la alegada presentación extemporánea de ciertos alegatos (supra párr. 114.4, 114.5 y 114.6), la Corte observa que el Estado no ha desplegado ningún tipo de actividad probatoria que acredite los mismos” (párr. 118).

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