Saltar al contenido principal
Ir a buscar
Inicio
Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Internacional
Difusiones Mensuales
Boletines
Estudios sobre Jurisprudencia
Intranet
  
> Jurisprudencia > Romero Feris v. Argentina  

Jurisprudencia: Romero Feris v. Argentina

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

Romero Feris v. Argentina

Hechos relevantes del caso

El señor Romero Feris se había desempeñado como gobernador de la provincia de Corrientes e Intendente de la ciudad capital de esa provincia. En 1999, fue denunciado por una serie de delitos; entre ellos, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y malversación de caudales. Como consecuencia de esa denuncia, se abrieron varios procesos y, en agosto de ese año, a partir de una decisión del Juzgado de Instrucción Nº 2 de la ciudad de Corrientes, fue detenido. En 2001, luego de cumplir dos años privado de su libertad de manera preventiva, su defensa solicitó su excarcelación. El juez a cargo de la investigación rechazó el pedido y prorrogó la prisión preventiva por ocho meses. Para decidir de ese modo, sostuvo que existían motivos para considerar que existía “peligro de fuga”. En septiembre de 2002, la Cámara dispuso su libertad. Luego, el peticionario fue condenado en distintas causas. Ante esta situación, interpuso recursos de nulidad de sentencia, de casación y de queja. Sin embargo, todos sus planteos fueron desestimados. En su denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sostuvo que su detención había sido ilegítima y arbitraria. A su vez, señaló que se había vulnerado su derecho a la protección judicial. Por su parte, el Estado argentino consideró que la prisión preventiva del peticionario había sido dictada de acuerdo con lo establecido por la legislación nacional. En ese sentido, señaló que en la condena dispuesta se había sido aplicado el beneficio de “2 x 1” previsto en la ley Nº 24.390 y que el agravio sobre el presunto exceso de la prisión preventiva había sido subsanado a través de la inclusión de dicho plazo en el cómputo del plazo total de la pena impuesta.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

15/10/2019

Voces CSJN

PRISIÓN PREVENTIVA; LIBERTAD; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; ARBITRARIEDAD; RIESGOS PROCESALES; PELIGRO DE FUGA; PLAZO RAZONABLE; RECURSOS; REVISION JUDICIAL; MOTIVACIÓN;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Argentina era responsable por la violación a los derechos reconocidos en los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 7 (derecho a la libertad personal) y al punto 2 del artículo 8 (principio de inocencia) de la Convención Americana. 1. Prisión preventiva. Libertad. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad. Arbitrariedad. “[L]a Corte considera que el alegato del Estado según el cual el tiempo excedido respecto del máximo legal de la prisión preventiva fue computado en virtud del beneficio llamado de ‘2x1’ que preveía entonces la Ley N° 24.390, consistente en computar dos días de prisión por cada día de prisión preventiva que hubiera excedido los dos años; no es elemento suficiente para justificar el incumplimiento de los términos establecidos en la ley y la decisión judicial, pues si bien es una figura que favorece al procesado que finalmente resulta condenado, dado el principio de reserva legal y el principio de presunción de inocencia, no tiene la virtualidad de otorgar legalidad a una medida que ha incumplido los postulados establecidos en la normatividad interna. Adicionalmente, esta postura desconoce la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al justificar que opere como una pena, con carácter sancionatorio, pese a tener una finalidad inicial relacionada íntimamente con el desarrollo del proceso, lo que resultaría, igualmente, contrario al principio de presunción de inocencia” (párr. 82). “La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: i. se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ii. esas medidas cumplan con los cuatro elementos del ‘test de proporcionalidad’, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana) [hay nota], idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional [hay nota], y iii. la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas” (párr. 92). “[L]la Corte ha indicado que para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito” (párr. 93). “En este punto, es necesario enfatizar que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención. Por el contrario, tal como lo indica el derecho comparado de varios países de la región [hay nota], y del Estado argentino [hay nota], así como la práctica de Tribunales internacionales [hay nota], se trata de un supuesto adicional a los otros requisitos relacionados con la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, y opera como una garantía suplementaria a la hora de proceder a la aplicación de una medida cautelar restrictiva de la libertad” (párr. 94). “Lo anterior debe entenderse teniendo en cuenta que, en principio y en términos generales, esta decisión no debería tener ningún efecto frente a la del juzgador respecto de la responsabilidad del procesado, dado que suele ser tomada por un juez o autoridad judicial diferente a la que finalmente toma la decisión sobre el fondo” (párr. 95). 2. Prisión preventiva. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Principio de proporcionalidad. Plazo razonable. “[L]a Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo [hay nota], la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado de un delito que goza del principio de presunción de inocencia [hay nota]. A su vez, este Tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena [hay nota]. En consecuencia, ha indicado que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal” (párr. 97). “Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida” (párr. 98). “[L]a Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dichas medidas, únicamente cuando encuentre que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal” (párr. 106). “[L]a Corte ha dicho en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, deberá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio [hay nota]. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto” (párr. 109). “En este sentido, la Corte encuentra que los argumentos utilizados para justificar el peligro de fuga, no están basados en hechos específicos, en criterios objetivos y en una argumentación idónea. Por el contrario, los mismos reposan en meras conjeturas a partir de criterios que no se corresponden con las particularidades del caso y que consisten más en bien en afirmaciones abstractas. Lo anterior sería indicativo de un manifiesto y notorio apartamiento de los criterios establecidos por la jurisprudencia en esta materia” (párr. 118). 3. Prisión preventiva. Plazo razonable. Recursos. Revisión judicial. Motivación. Principio de legalidad. “El artículo 7.6 de la Convención protege el derecho de toda persona privada de la libertad a recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. El Tribunal ha interpretado que este derecho va dirigido a permitir el control judicial sobre las privaciones de libertad” (párr. 122). “En relación con este alegato, la Corte considera que los cuestionamientos relativos a la motivación del juez y a los fundamentos de la prórroga de la medida de prisión preventiva analizados en el acápite anterior y que fueron considerados arbitrarios tuvieron como consecuencia que los recursos presentados por el señor Romero Feris no fueron efectivos” (párr. 123).

Otra jurisprudencia relacionada

Carranza Alarcón v Ecuador 

Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Presentaciones relacionadas

 
Historial de versionesHistorial de versiones

Nombre

Titulo

Hechos relevantes del caso

Categoria

Fecha

Voces CSJN

Decisión y argumentos

Otra jurisprudencia relacionada

Tribunal

Presentaciones relacionadas

Estado de aprobación
Versión:
Creado el por
Última modificación realizada el por