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> Jurisprudencia > Informe sobre el derecho a la alimentación  

Jurisprudencia: Informe sobre el derecho a la alimentación

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Titulo

Informe sobre el derecho a la alimentación

Hechos relevantes del caso

La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación presentó un informe ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Entre las cuestiones abordadas, destacó el rol fundamental de los trabajadores rurales y consideró la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tanto respecto de la seguridad alimentaria como en la regulación normativa de su trabajo.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

16/07/2018

Voces CSJN

ALIMENTOS; TRABAJADORES RURALES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; MIGRANTES; PUEBLOS INDÍGENAS; VULNERABILIDAD; PLAGUICIDAS; DERECHO A LA SALUD; TRABAJO INSALUBRE; SINDICATO; ACCESO A LA JUSTICIA; POLÍTICA PÚBLICA; RECURSOS; REPARACIÓN;

Decisión y argumentos

Entre sus conclusiones, la Relatora Especial señaló que resulta necesario considerar las cuestiones relacionadas con los trabajadores agrícolas, incluida la forma en que están intrínsecamente relacionados sus derechos humanos, desde una perspectiva holística. También sostuvo que se debe ir más allá de lo formal al evaluar la seguridad alimentaria mundial y el derecho universal a la alimentación. A su vez, entre sus recomendaciones, sostuvo que los Estados deben mejorar la protección de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas de la economía informal, especialmente los de las categorías actualmente vulnerables, como las mujeres y las niñas, los miembros de los grupos indígenas, los campesinos, algunas minorías que sufren discriminación, las personas que viven en zonas remotas y atrasadas, y los trabajadores migratorios sin la protección de una ciudadanía normal y el estado de derecho. Asimismo, deben garantizar el derecho de establecer y alentar el libre funcionamiento de los sindicatos que facilitan el diálogo y la cooperación entre los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Por otra parte, señaló la necesidad de promulgar, aplicar y hacer cumplir la legislación nacional contra la violencia estructural y la discriminación contra la mujer en el sector agrícola. 1. Alimentación. Trabajadores rurales. Vulnerabilidad. Plaguicidas. Derecho a la salud. Salario. “Los trabajadores agrícolas desempeñan un papel fundamental en el logro de la seguridad alimentaria y el ejercicio del derecho humano universal a una alimentación adecuada. A pesar de ello, figuran entre los más afectados por la inseguridad alimentaria, deben superar obstáculos enormes para la realización de su derecho a la alimentación y a menudo trabajan sin protección laboral ni del empleo y en condiciones peligrosas. A pesar de esa vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y a las violaciones de los derechos humanos, el derecho de los trabajadores agrícolas a la alimentación no se ha abordado suficientemente” (párr. 1). “El derecho internacional de los derechos humanos reconoce la interdependencia entre los derechos a un trabajo decente, a condiciones de vida adecuadas y a la protección social y el derecho a la alimentación, recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El presente informe tiene por objeto proteger y promover el derecho a la alimentación de los trabajadores agrícolas mediante la identificación de los obstáculos a la realización de ese derecho y la formulación de recomendaciones concretas a los Estados y partes interesadas pertinentes” (párr. 2). “En el presente informe se abordan los derechos de los trabajadores agrícolas a escala mundial. En él se entiende por trabajador agrícola ‘toda persona contratada para trabajar en la agricultura, independientemente de su tipo de contrato o mecanismo de pago’. Esa definición abarca los trabajadores de plantaciones, invernaderos, campos de cultivo, huertos, centros de embalaje y envasado, mataderos e instalaciones ganaderas. Incluye a los trabajadores que responden a las fluctuaciones de la demanda de mano de obra, no necesariamente en consonancia con las estaciones naturales, y a los hombres, mujeres y niños que ayudan a los miembros de la familia que trabajan en la agricultura” (párr. 4). “En el informe se destacan en particular las peligrosas condiciones de trabajo características del sector agrícola, que, además de poner en peligro la vida de los trabajadores agrícolas, socavan su derecho a la alimentación. El sector agrícola es uno de los más peligrosos debido a la exposición habitual a plaguicidas y a las largas jornadas con temperaturas extremas y sin acceso adecuado al agua (véase A/HRC/34/48). La mayoría de los trabajadores agrícolas se ven excluidos de los marcos jurídicos protectores nacionales, por lo que no pueden ejercer sus derechos fundamentales de reunión o asociación y no tienen acceso a vías de recurso” (párr. 5). “La realización del derecho a la alimentación de los trabajadores requiere la garantía de un salario mínimo vital, entendido como un derecho fundamental de los trabajadores que les permite atender sus necesidades básicas y las de su familia, a saber, alimentación, vestido, vivienda, educación y atención de la salud. Presupone también la eliminación de la pobreza y la eliminación de sus causas profundas, así como la mejora de otras condiciones de vida y de trabajo” (párr. 11). “Los salarios agrícolas son por lo general bajos y se pagan con retraso y no se ajustan periódicamente. Prácticas como la servidumbre por deudas, basada en adelantos salariales y recargos excesivos por los servicios recibidos en el lugar de trabajo, merman todavía más los ingresos de los trabajadores. Muchos trabajadores agrícolas y sus familias viven en zonas rurales aisladas geográficamente debido a la ubicación de su lugar de trabajo. Por ello, los trabajadores solo pueden contar con los empleadores para recibir salarios adecuados, suficientes para sustentar la seguridad alimentaria y la nutrición de sus familias y para disponer de acceso a vivienda, escuelas, centros médicos y transporte” (párr. 12). 2. Trabajadores rurales. Derecho a la salud. Plaguicidas. “Los trabajadores agrícolas tienen un horario de trabajado prolongado e ilimitado, y, dada la intensidad de su trabajo, las de descanso son escasas o nulas. Durante la temporada de la siembra y la cosecha, el trabajo en las explotaciones puede durar desde la madrugada hasta altas horas de la noche, lo que limita todavía más la posibilidad de los trabajadores de conseguir acceso a servicios sociales y de atención de la salud, disponibles únicamente durante el horario laboral” (párr. 16). “Los trabajadores agrícolas se ven expuestos a los plaguicidas tóxicos presentes en aerosoles o como consecuencia de la deriva de los plaguicidas o el contacto directo con suelos o cultivos tratados, de vertidos accidentales o de equipos personales de protección inadecuados [hay nota]. Anualmente se ven afectados por intoxicaciones agudas por plaguicidas casi 1 de cada 5.000 trabajadores agrícolas en los países desarrollados […]. Según informaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la exposición a los plaguicidas es un problema de salud especialmente grave para las trabajadoras embarazadas y lactantes, así como para sus hijos [hay nota]. Sobre todo en los países desarrollados, la exposición a maquinaria peligrosa, a los residuos de plaguicidas y a otros productos agroquímicos puede causar lesiones graves a los trabajadores y sus familias que viven en los lugares de trabajo o en sus proximidades, ya que los trabajadores transportan los residuos de plaguicidas adheridos a su piel, vestido y calzado. La escasa observancia de la normativa laboral y la falta de capacitación en materia de salud y seguridad pueden elevar los riesgos de exposición, en especial, en los países en desarrollo, que carecen de infraestructura y recursos suficientes para regular y supervisar los plaguicidas” (párr. 24). “La falta de acceso al agua potable es especialmente perjudicial, habida cuenta de la exposición prolongada de los trabajadores agrícolas al calor y al sol [hay nota]. La insolación es la causa principal de fallecimientos relacionadas con el trabajo en los Estados Unidos, pero no existe ningún requisito universal de ofrecer a los trabajadores agrícolas la posibilidad de hacer pausas para beber agua o cobijarse a la sombra. Sin esas pausas, los trabajadores pueden contraer enfermedades relacionadas con el calor, como náuseas, mareos, insolación, golpes de calor, deshidratación e incluso la muerte. En el sector de la caña de azúcar, por ejemplo, los cortadores expuestos a horarios prolongados con temperaturas elevadas han experimentado tasas inusitadamente altas de insuficiencia renal, con efectos mortales” (párr. 26). 3. Trabajadores rurales. Derecho al trabajo. Salario. Sindicato. “A pesar del elevado nivel de ratificación del Convenio sobre la Indemnización por Accidentes del Trabajo (Agricultura), 1921 (2011), los trabajadores agrícolas tienen problemas para ejercer su derecho a la libertad de asociación. Por ello, la negociación colectiva en la agricultura es muy limitada. Los trabajadores agrícolas carecen de oportunidades para crear sindicatos, debido a restricciones jurídicas y empleadores hostiles y a que la fuerza de trabajo está geográficamente aislada y dispersa y a menudo se encuentra en el sector informal. En lugar de ello, los trabajadores agrícolas dependen de protecciones jurídicas mínimas y mecanismos de aplicación que son débiles o inexistentes” (párr. 19). “El sentimiento antisindical y los incidentes de violencia, incluidos el hostigamiento y los despidos de cargos y afiliados de los sindicatos, son frecuentes en las cadenas mundiales de suministro y desalientan a los trabajadores que podrían estar interesados en ejercer su derecho a la libertad de asociación. Sin derechos de reunión y de asociación, los trabajadores tienen dificultades para promover colectivamente las condiciones de trabajo necesarias para ejercer su derecho a la alimentación” (párr. 20). 4. Trabajadores rurales. Alimentación. Plaguicidas. Género. Violencia de género. Política pública. “Las mujeres y las niñas desempeñan un papel esencial para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional de sus familias y comunidades. Muchos países están experimentando una ‘feminización de la agricultura’, ya que las mujeres tienen que soportar cada vez más toda la carga de las labores agrícolas, además de sus obligaciones de atención no remunerada en el hogar (véase A/HRC/26/39). Lamentablemente, las mujeres que trabajan en el sector agrícola deben hacer frente a mayores riesgos de explotación y discriminación específicas que pueden socavar sus derechos y los de sus hijos. Con el fin de frenar la discriminación por motivos de género contra la mujer, el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido salvaguardias jurídicas específicas que los Estados deben adoptar para mejorar las condiciones de las mujeres que trabajan en el sector agrícola” (párr. 37). “Sin embargo, ni siquiera los Estados que han adoptado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han prestado siempre la protección jurídica necesaria a las trabajadoras, en particular las que están embarazadas o han tenido hijos recientemente y están expuestas a condiciones de trabajo peligrosas y a los prejuicios sociales (véase A/HRC/26/39). Debido a las prácticas de contratación discriminatorias, por ejemplo, las mujeres suelen ocultar su embarazo o se les ofrecen únicamente contratos de breve duración, pues los empleadores quieren evitar el pago de prestaciones por maternidad (véase A/71/282)” (párr. 39). “A pesar del llamamiento de la Convención a la reducción de la exposición a condiciones peligrosas en el lugar de trabajo, las mujeres que trabajan en la agricultura suelen estar expuestas a plaguicidas químicos tóxicos, muchos de los cuales aumentan el riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro. Esos productos químicos pueden también afectar negativamente al desarrollo infantil mediante la exposición en el útero y a través de la leche materna. Los estudios indican que la leche materna puede mejorar la resiliencia de los niños que han estado expuestos a residuos de plaguicidas in vitro; sin embargo, debido a la lejanía de muchas plantaciones, junto con las largas jornadas de trabajo y la infraestructura deficiente, las trabajadoras tienen dificultades para encontrar tiempo para amamantar a los hijos [hay nota]. Muchas mujeres carecen también de acceso a alimentos nutritivos y no comprenden las necesidades nutricionales, tanto suyas como de sus hijos [hay nota]. Las presiones del sector privado complican aún más los esfuerzos por educar a las mujeres sobre las ventajas de la lactancia materna” (párr. 40). “La falta de políticas y programas para combatir los prejuicios culturales y la violencia contra la mujer en el lugar de trabajo impide también que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos. Las mujeres carecen a menudo de equipo de protección adecuado y la violencia de género en el trabajo es un fenómeno generalizado en el sector agrícola. Las trabajadoras, en particular las que carecen de condición jurídica permanente, tienen menos probabilidades de buscar protección afiliándose a un sindicato o denunciando los casos de abuso o violencia sexual” (párr. 64). 5. Trabajo insalubre. Alimentación. Niños, niñas y adolescentes. “El trabajo infantil es en sí mismo una violación de los derechos humanos, pero también un síntoma y una causa de pobreza que se autorrefuerza. El derecho del niño a la alimentación puede verse menoscabado por las condiciones de trabajo abusivas de los progenitores, especialmente las madres, como salarios bajos, largas jornadas de trabajo, falta de protección de la maternidad y de apoyo a la lactancia materna, así como las normas deficientes en materia de agua, saneamiento e higiene en las comunidades de los trabajadores” (párr. 44). “Muchas políticas existentes no suelen incluir la protección de los niños, que son un componente informal y a menudo invisible de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la comunidad internacional ha establecido medidas específicas de protección para los niños a través de los instrumentos de derechos humanos y las leyes laborales. La Convención sobre los Derechos del Niño contiene varias disposiciones que son particularmente pertinentes para los niños que trabajan en el sector agrícola, ya que reconoce ‘el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social’. Los Estados tienen el deber de prestar asistencia a los padres para hacer realidad esos derechos brindando ‘asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda’ (art. 27)” (párr. 45). 6. Trabajadores rurales. Migrantes. Pueblos indígenas. Vulnerabilidad. “[L]os trabajadores migrantes de todas las regiones suelen sufrir formas más graves de explotación económica y exclusión social que otros trabajadores agrícolas, ya que carecen de las protecciones fundamentales de que gozan los ciudadanos. Muchos migrantes sufren condiciones de mano de obra forzosa y no remunerada, restricciones de la libertad de circulación y acceso limitado a la justicia. Los empleadores tienen también más probabilidades de considerar a los trabajadores migrantes como una fuerza de trabajo desechable y mal remunerada excluida de las vías de recurso o sin oportunidades realistas de negociar de forma colectiva mejores salarios y condiciones de trabajo (véase A/71/385)” (párr. 54). “De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y otros instrumentos contienen disposiciones que obligan a los Estados a proporcionar una protección, información y vías de recurso adecuadas en el contexto de unas condiciones de trabajo seguras” (párr. 55). “Los pueblos indígenas, así como los campesinos y otros trabajadores rurales, gozan también de protecciones específicas con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho laboral. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT abordan la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, y el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales ofrecen protección adicional como complemento de otros instrumentos internacionales que hacen hincapié en los campesinos. Esos grupos se encuentran entre los distintos componentes de la mano de obra que encuentran dificultades para ejercer el derecho a la alimentación por las razones examinadas en el presente informe. 7. Trabajadores rurales. Acceso a la justicia. Recursos. Reparación. “Los Estados están obligados con arreglo al derecho internacional a establecer mecanismos de denuncia accesibles y eficaces que puedan investigar de inmediato las acusaciones de violaciones o restricciones indebidas de sus derechos. Los trabajadores cuyos derechos hayan sido violados pueden exigir reparación, en particular una indemnización adecuada y sanciones contra el empleador” (párr. 70). “Deben preverse medios de reparación eficaces procedentes de diversas fuentes, incluidas las instituciones judiciales y no judiciales y administrativas, como los tribunales, la oficina del Ombudsman y las instituciones nacionales de derechos humanos. Algunos Estados permiten a los trabajadores exigir una revisión salarial o indemnización a un empleador antes de solicitar la intervención judicial” (párr. 71). “Aun cuando los Estados dispongan de mecanismos de solución de controversias, los trabajadores agrícolas a menudo carecen de acceso a recursos efectivos en caso de vulneración de sus derechos. Ello se debe a obstáculos estructurales, a la falta de información o a la carga financiera de los mecanismos de solución de controversias” (párr. 72). “Los arreglos de empleo informal entre los trabajadores agrícolas también merman todavía más la capacidad de los trabajadores para acceder a los recursos disponibles en caso de violación de sus derechos. Sin contratos de empleo, los trabajadores informales no pueden acreditar fácilmente su situación laboral, por lo que no pueden demostrar que un empleador estaba en deuda con ellos y posteriormente incumplió una obligación fiduciaria. Las inspecciones y autoridades estatales quizá estén menos dispuestas a investigar posibles violaciones dentro de la economía no estructurada y los trabajadores quizá vacilen a la hora de denunciar las violaciones para evitar represalias de sus empleadores o la participación en procedimientos que interfieran con las actividades generadoras de ingresos” (párr. 73).

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