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Jurisprudencia: X e Y V. Rusia

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Titulo

X e Y V. Rusia

Hechos relevantes del caso

X e Y, ambas peticionarias en el presente caso, sufrieron repetidos actos de violencia doméstica durante su matrimonio por parte de sus esposos. Tras diferentes denuncias interpuestas ante la División de Distrito del Ministerio del Interior, y posteriormente derivadas a los departamentos de policía correspondientes, las fuerzas de seguridad se negaron a iniciar un proceso de investigación. De la misma manera, y en diferentes oportunidades, el personal médico realizó las denuncias en su nombre a las autoridades y a la policía, después de haber sido atendidas a consecuencia de las lesiones. Sin embargo, también fue en vano. El Fiscal Interdistrital de Nagatinsky revocó la negativa de la policía y dispuso iniciar una investigación criminal contra los responsables. Esta decisión nunca se llevó a cabo y ninguno de ellos fue sancionado. La policía en ningún momento interrogó a X respecto del contenido de sus alegaciones, y ninguna de las peticionarias recibió información por parte de las autoridades sobre el estado de sus causas. En lugar de ello, se les informó que podían iniciar un procedimiento privado contra los responsables.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

09/08/2019

Voces CSJN

GÉNERO; VIOLENCIA DE GÉNERO; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DOMÉSTICA; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; FAMILIA; MATRIMONIO; VULNERABILIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; AJUSTES RAZONABLES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; TESTIGOS; PRUEBA;

Decisión y argumentos

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que Rusia violó los artículos 2 a) e) f) y g) (no discriminación, derecho a la igualdad, ajustes razonables y protección jurídica), el artículo 5 a) (funciones estereotipadas y prejuicios) y el artículo 16 1) c), g) y h) (Igualdad en los derechos y responsabilidades en el matrimonio, protección de la familia) de la Convención, leídos junto con el artículo 1 y las Recomendaciones Generales del Comité núm. 19 (sobre la violencia contra la mujer), 28 (sobre las obligaciones básicas de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), 33 (sobre el acceso de las mujeres a la justicia) y 35 (sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19). 1. Violencia de género. No discriminación. Debida diligencia. Ajustes razonables. “El Comité recuerda que la discriminación contra la mujer en el sentido del artículo 1 de la Convención incluye la violencia de género contra la mujer. Esa discriminación no se limita a las medidas adoptadas por los Estados partes o en su nombre. Más bien, en virtud del artículo 2 e) de la Convención, los Estados partes también son considerados responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Además, el Comité recuerda que el artículo 2 a), f) y g) establece la obligación de los Estados partes de brindar protección jurídica y derogar o modificar leyes y reglamentos discriminatorios como parte de la política para eliminar la discriminación contra la mujer, y la obligación de adoptar medidas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas vigentes que constituyan discriminación contra la mujer” (párr. 9.3). 2. Violencia Doméstica. Acceso a la justicia. Carga de la prueba. Acceso a la justicia. Debido proceso. Testigos. Prueba. “[A]l juzgar los actos de violencia doméstica mediante un sistema de procedimiento privado, el Estado parte no puede cumplir su obligación de ejercer la diligencia debida para prevenir y castigar los actos de violencia como parte de sus obligaciones en virtud del artículo 2 de la Convención. Además, en virtud del artículo 4 c) de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los Estados están obligados a proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares” (párr. 9.4). “[En referencia a] la afirmación de las peticionarias de que la legislación del Estado parte no incluye una definición de violencia doméstica y no otorga protección jurídica efectiva frente a la violencia doméstica […], el Comité recuerda el artículo 3 de la Convención y sus observaciones finales sobre el octavo informe periódico del Estado parte, en las que instó al Estado parte a que aprobara una legislación general para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica; introdujera el enjuiciamiento de oficio de los actos de violencia doméstica y sexual; y asegurara que las mujeres y las niñas víctimas de la violencia tuvieran acceso a medios inmediatos de reparación y protección; y que los responsables fueran enjuiciados y castigados adecuadamente […]. El Comité considera que el hecho de que una víctima de violencia doméstica tenga que recurrir al procedimiento privado, en cuyo caso la carga de la prueba recae enteramente sobre la víctima, deniega a la víctima el acceso a la justicia. El Comité observa que las modificaciones de la legislación nacional (art. 116 del Código Penal) que despenalizan la agresión, infracción por la que se procesan muchos casos de violencia doméstica al no haber una definición de ‘violencia doméstica’ en la legislación rusa, están mal orientadas y derivan en la impunidad de los responsables de tales actos de violencia doméstica” (párr. 9.5). “[E]l hecho de que el Estado parte no haya modificado su legislación relativa a la violencia doméstica para alinearla con las normas internacionales afectó directamente a la posibilidad de que las peticionarias dispusieran de medios para exigir justicia y tener acceso a vías de recurso y protección eficaces. Además, preocupan al Comité las enmiendas de 2017 que reducen el alcance de la protección de las mujeres contra la violencia doméstica y contribuyen a generalizar la impunidad” (párr. 9.6). “[A] falta de una ley general sobre la violencia doméstica y sin una definición adecuada de la violencia doméstica en la legislación, exigir a las peticionarias que inicien un procedimiento privado, en el que deben llamar e interrogar a los testigos, reunir pruebas, asegurar su presencia constante y, por lo tanto, verse obligadas a confrontar constantemente a los responsables directamente en el juicio o correr el riesgo de que se cierre el proceso, sin que exista ningún sistema de protección para las víctimas de la violencia doméstica, no se puede considerar un mecanismo adecuado para perseguir, enjuiciar y sancionar un delito tan grave como la violencia doméstica” (párr. 9.7). 3. Violencia doméstica. Género. Debida diligencia. Ajustes razonables. Responsabilidad del Estado. Fuerzas de seguridad. “[L]a violencia doméstica constituye una grave vulneración de los derechos humanos de tal intensidad que se justifica hacerlo objeto de enjuiciamiento público, e insta al Estado parte, en su prerrogativa para organizar su propio ordenamiento jurídico, a tener en cuenta las normas internacionales. El principio de diligencia debida exige que el Estado parte establezca un sistema de investigación pronta y efectiva de los casos de violencia doméstica, a fin de asegurar que los responsables sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas reciban reparación adecuada. A falta de otra información pertinente en el expediente, el Comité estima que se deben tener debidamente en cuenta las alegaciones detalladas de las peticionarias. Por consiguiente, el Comité considera que los hechos expuestos revelan una violación de los derechos que tienen las peticionarias en virtud de los artículos 2 a), e) a g) y 3 de la Convención, leídos junto con el artículo 1 de la Convención y teniendo en cuenta las recomendaciones generales núm. 19, núm. 28, núm. 33 y núm. 35 del Comité” (párr. 9.8). "[L]a Convención impone obligaciones a todos los órganos estatales y que los Estados partes pueden ser responsables de decisiones judiciales que infrinjan disposiciones de la Convención. El Comité subraya asimismo que la plena aplicación de la Convención requiere que los Estados partes no solo adopten medidas para eliminar la discriminación directa e indirecta y mejorar la situación de facto de la mujer, sino también para modificar y transformar los estereotipos de género y evitar la creación de estereotipos injustos de este tipo, que constituyen una de las causas y consecuencias fundamentales de la discriminación contra la mujer. Los estereotipos de género se perpetúan a través de diversos medios e instituciones, como son las leyes y los ordenamientos jurídicos, y pueden ser perpetuados por agentes estatales de todas las esferas y todos los niveles del gobierno, así como por agentes privados. El Comité destaca también que los estereotipos afectan al derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial y que la judicatura debe tener cuidado de no establecer normas inflexibles basándose en ideas preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica o por razón de género, como se señaló en su recomendación general núm. 33” (párr. 9.9).

Otra jurisprudencia relacionada

La prohibición de la tortura en el contexto de la violencia doméstica; Informe sobre estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y derechos de las mujeres 

Tribunal

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW

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