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> Jurisprudencia > EB v. Rumania  

Jurisprudencia: EB v. Rumania

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Titulo

EB v. Rumania

Hechos relevantes del caso

La peticionaria, EB, volvía a su hogar cuando se le acercó un hombre. Luego de varios intentos de entablar una conversación, el sujeto le ofreció dinero a cambio de recibir sexo oral. Pese al rechazo de la peticionaria, comenzó a perseguirla. Luego, agarró violentamente su brazo, la arrastró a un lugar descampado y abusó sexualmente de ella. La peticionaria se dirigió a la comisaría, pero no encontró a nadie. Al día siguiente denunció lo ocurrido. El acusado declaró que habían tenido relaciones consentidas. La policía analizó sus antecedentes penales y comprobó que con anterioridad había sido condenado por un hecho de abuso sexual. Luego, el instituto de medicina forense local realizó un estudio a la denunciante. El análisis determinó que la peticionaria tenía dos moretones en su brazo. Asimismo, concluyó que no tenía lesiones en el área genital. Con base a estas consideraciones, el representante del Ministerio Público Fiscal decidió no iniciar ningún procedimiento penal. La peticionaria apeló la decisión. A su vez, presentó un certificado en el que constaba que padecía depresión y esquizofrenia. Un tribunal regional encomendó al representante del Ministerio Público Fiscal llevar adelante el proceso. Entre sus consideraciones, señaló que la decisión de no investigar carecía de fundamento. La decisión fue apelada por el fiscal y un tribunal superior nacional hizo lugar al recurso. En su decisión también ordenó a la denunciante el pago de tasas judiciales.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

19/03/2019

Voces CSJN

ABUSO SEXUAL; VICTIMA; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; VULNERABILIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; ACCESO A LA JUSTICIA;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el Estado rumano violó los artículos 3 (Prohibición de la tortura) y 8 (Derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Abuso sexual. Víctima. Vulnerabilidad. Debido proceso. Derecho a la vida privada y familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. “El Tribunal reitera que la obligación que tienen [los Estados] en virtud del Artículo 1 del Convenio, a fin de asegurar a todas las personas de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Convenio –en conjunto con el Artículo 3–, requiere que los Estados tomen medidas destinadas a garantizar que las personas bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos, incluidos los malos tratos llevados a cabo por personas particulares. Estas medidas deberían proporcionar una protección efectiva, en particular de los niños y otros grupos vulnerables, e incluir los pasos razonables para prevenir hechos de malos tratos que las autoridades conocieron o debieron conocer. En el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad, el Tribunal sostuvo que las autoridades deben mostrar una atención particular y ofrecer una mayor protección, sobre todo teniendo en cuenta que la capacidad o la disposición de esas personas a menudo se ve afectada [hay nota]” (cfr. párr. 53). “Sobre esa base, el Tribunal considera que los Estados tienen la obligación positiva –inherente al artículo 3 del Convenio– de promulgar leyes penales que castiguen de manera efectiva el abuso sexual y aplicarlas en investigaciones y juicios efectivos” (cfr. párr. 54). “[E]l Tribunal está convencido de que cualquier aproximación rígida al enjuiciamiento de delitos sexuales, como la exigencia de pruebas de resistencia física más allá de las circunstancias del hecho, corre el riesgo de dejar impunes a ciertos tipos de violación y pone en peligro la protección efectiva de la autonomía sexual de la persona involucrada. De acuerdo con los estándares y las tendencias contemporáneas en esa área, las obligaciones positivas de los Estados miembros en virtud de los artículos 3 y 8 del Convenio deben considerar la exigencia de penalización y el enjuiciamiento efectivo de cualquier acto sexual no consensuado, incluso en aquellos casos donde no haya resistencia física de la víctima” (cfr. párr. 56). “En casos similares, el Tribunal ha sostenido que la presencia de dos versiones irreconciliables respecto de los hechos exige una valoración sensible del contexto y la credibilidad de cada declaración, así como la verificación de todas las circunstancias relacionadas [hay nota]. Eso puede desarrollarse a través del interrogatorio de personas que conozcan a la peticionaria o el acusado, amigos, vecinos y otras personas que puedan arrojar luz sobre la verosimilitud de las declaraciones, o mediante la intervención de un psicólogo especialista. En este contexto, las autoridades también pueden verificar si existe cualquier razón para que la víctima realice falsas acusaciones contra el presunto abusador [hay nota]. De todas maneras, el Tribunal observa que en el presente caso ninguna de estas medidas tuvo lugar a lo largo de las distintas instancias de la investigación y el juicio” (cfr. párr. 58). 2. Abuso sexual. Víctima. Vulnerabilidad. Personas con discapacidad. “[E]l Tribunal ha sostenido que la falta de una investigación apropiada o de una respuesta judicial adecuada en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes u otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad intelectual, genera un marco de impunidad que puede vulnerar las obligaciones positivas del Estado de acuerdo a lo previsto en el Artículo 3 del Convenio [hay nota]” (cfr. párr. 59). “En tales circunstancias, el Tribunal considera que la discapacidad intelectual de la peticionaria, confirmada por documentación médica, la ubica en una situación de mayor vulnerabilidad y requiere que tanto las autoridades de investigación como los tribunales locales aumenten la diligencia en el análisis de sus declaraciones. Además, se debió haber puesto especial atención en el análisis de la validez de su consentimiento a la luz de su capacidad intelectual […]” (cfr. párr. 60). 3. Abuso sexual. Acceso a la justicia. Víctima. Derecho a la integridad personal. “De acuerdo a lo analizado y sin intenciones de expresar una opinión sobre la culpabilidad [de la persona acusada], el Tribunal considera que la falta de una respuesta adecuada a la denuncia de violación, y el hecho de no haberse respetado adecuadamente los derechos de la peticionaria como víctima de violencia, presenta dudas sobre la efectividad del sistema penal del Estado y su conformidad con las obligaciones internacionales, y deja el procesamiento penal carente de sentido” (cfr. párr. 67). “Estos argumentos son suficientes para concluir que las autoridades no cumplieron con sus obligaciones positivas respecto de la aplicación efectiva de un sistema de derecho penal que castiga todas las formas de violación y abuso sexual, y garantiza una protección adecuada de la integridad física de la peticionaria” (cfr. párr. 68).

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Tribunal

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