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> Jurisprudencia > SL v. Bulgaria  

Jurisprudencia: SL v. Bulgaria

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Titulo

SL v. Bulgaria

Hechos relevantes del caso

SL estaba casada con M y eran padres de un hijo de corta edad. Durante años sufrió episodios constantes de violencia doméstica de tipo psicológico, emocional y físico. Siempre que expresaba una diferencia de opinión con M, él respondía con violencia; en muchas ocasiones, en presencia del hijo. SL no podía visitar a su familia y vivía encerrada y aislada en su casa por imposición del marido. En marzo de 2007, la pareja se separó, pero reanudó su vida conyugal un mes después cuando conoció que ella estaba embarazada. El hombre abandonó el hogar cuando SL supo que él le había sido infiel. Durante todo ese tiempo los hechos de violencia continuaron. En noviembre de 2007 nació su segundo hijo. En enero de 2008, presentaron una demanda de divorcio ante el Tribunal Regional de Plovdiv y se divorciaron de mutuo acuerdo. También acordaron un horario limitado para el contacto personal entre el padre y los hijos. Tras el divorcio, M no mantuvo ningún contacto con sus hijos ni pagó las pensiones alimenticias a tiempo. En mayo de 2010, M presentó una demanda ante el Tribunal Regional para reducir la pensión por alimentos y para ampliar los derechos de visita. El Tribunal desestimó el pedido. Posteriormente, interpuso recurso ante el Tribunal de Distrito, que resolvió ampliar los derechos de visita. SL interpuso un recurso de casación, que determinó que la decisión del Tribunal de Distrito no era apelable. En junio de 2013, el Organismo Estatal de Protección Infantil reconoció que se habían violado los derechos de los niños y que la relación entre padre e hijos entrañaba riesgo. En mayo de 2014, SL, a título personal y en nombre de sus dos hijos, presentó una denuncia ante el Tribunal Regional de Plovdiv, en la que solicitó una orden de protección urgente. Un mes más tarde, dicha decisión fue desestimada por falta de pruebas. Además, determinó que los actos de violencia perpetrados por M eran una reacción defensiva provocada por el comportamiento de la peticionaria por poner a los hijos en contra de su padre. En septiembre de 2014, SL interpuso un recurso ante el Tribunal de Distrito de Plovdiv contra la decisión del Tribunal Regional de Plovdiv, en la que incluyó un análisis detallado de todos los procedimientos. En noviembre de 2014, se desestimó el recurso.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

10/09/2019

Voces CSJN

GÉNERO; VIOLENCIA FAMILIAR; VIOLENCIA DOMÉSTICA; NO DISCRIMINACIÓN; VIOLENCIA DE GÉNERO; IGUALDAD; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; VULNERABILIDAD; MATRIMONIO; FAMILIA; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; AJUSTES RAZONABLES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; ACCESO A LA JUSTICIA; REFORMA LEGAL;

Decisión y argumentos

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que Bulgaria violó los artículos 2 a) a c), y e) a g) (no discriminación, derecho a la igualdad, ajustes razonables y protección jurídica), el artículo 5 a) (funciones estereotipadas y prejuicios) y el artículo 16 1) c), g) y h) (Igualdad en los derechos y responsabilidades en el matrimonio, protección de la familia) de la Convención, leídos junto con el artículo 1 y las Recomendaciones Generales del Comité núm. 19 (sobre la violencia contra la mujer), 21 (sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares) y 35 (sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19). 1. Género. Violencia familiar. Violencia doméstica. Violencia de género. Debida diligencia. No discriminación. Responsabilidad del Estado. Estereotipos de género. “El Comité considera que la esencia de la presente comunicación es la denuncia de la autora de que el Estado parte no la ha protegido de manera efectiva contra la violencia doméstica, en contravención del artículo 2 a) a c) y e) a g), el artículo 5 a) y el artículo 16 1) c), g) y h), leídos junto con el artículo 1 de la Convención” (párr. 7.2). “El Comité recuerda su recomendación general núm. 19 y su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, según las cuales la violencia de género y la violencia doméstica, que menoscaban o anulan el goce, por parte de las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales que se les reconocen en el derecho internacional o en los diversos convenios de derechos humanos, constituyen discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. En virtud de la obligación de diligencia debida, sobre todo en la esfera privada, los Estados partes deben adoptar y aplicar medidas constitucionales y legislativas para hacer frente a la violencia de género contra la mujer cometida por agentes no estatales, también en la esfera privada y, en particular, cuando se trate de violencia doméstica, lo que comprende contar con leyes, instituciones y un sistema para abordar dicha violencia y garantizar que funcionen de manera eficaz en la práctica y que cuenten con el apoyo de todos los agentes y órganos del Estado, que tiene que hacer cumplir las leyes con diligencia. El hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas y supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia de género contra la mujer. Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos. El hecho de no afrontar eficazmente la violencia de género y la violencia doméstica es perjudicial para la sociedad, y en particular para las mujeres y los niños” (párr. 7.3). “El Comité abordó conjuntamente los artículos 5 y 16 en sus recomendaciones generales núms. 19, 21 y 35; subrayó que las disposiciones de las recomendaciones generales núms. 19 y 35, relativas a la violencia contra la mujer, eran de gran importancia para que la mujer pudiera disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad con los hombres. En numerosas ocasiones, ha señalado que las actitudes tradicionales por las que se considera que las mujeres están subordinadas a los hombres contribuyen a la violencia contra ellas. El Comité subraya que la plena aplicación de la Convención requiere que los Estados partes no solo adopten medidas para eliminar la discriminación directa e indirecta y mejorar la situación de facto de la mujer, sino también para modificar y transformar los estereotipos de género, que constituyen tanto una causa fundamental como una consecuencia de la discriminación contra las mujeres. Los estereotipos de género se reproducen por diversos medios e instituciones, como son las leyes y los ordenamientos jurídicos, y pueden ser perpetuados por agentes estatales de todas las esferas y todos los niveles de la administración, así como por agentes privados” (párr. 7.4). 2. Género. Familia. Garantía de imparcialidad. Acceso a la justicia. Derecho a la vida privada y familiar. Estereotipos de género. Violencia de género. Debida diligencia. “[E]n virtud de los artículos 2 y 5, el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas apropiadas para modificar o abolir no solamente las leyes y los reglamentos vigentes, sino también los usos y las prácticas que constituyan discriminación contra las mujeres, al tiempo que, según el artículo 16 1), deberá adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En ese sentido, el Comité destaca que los estereotipos afectan al derecho de las mujeres a un juicio imparcial y que la judicatura debe tener cuidado de no establecer normas inflexibles basándose en ideas preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica o por razón de género, como se señala en su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia” (párr. 7.5). “[E]l cumplimiento por el Estado parte de las obligaciones de erradicar los estereotipos de género contraídas en virtud del artículo 2 a) a c) y e) a g) y el artículo 5 a) de la Convención, leídos junto con el artículo 16 1 c), g) y h), debe evaluarse teniendo en cuenta el grado de sensibilidad a las cuestiones de género demostrado en la tramitación de la causa de la autora por las autoridades. Por eso, en cuanto a la afirmación de la autora de que las decisiones de las autoridades se basaron en estereotipos de género, el Comité reafirma que la Convención impone obligaciones de diligencia debida a todas las instituciones estatales y que los Estados partes pueden ser considerados responsables de las decisiones judiciales que infrinjan disposiciones de la Convención” (párr. 7.6). “El Comité observa que el Estado parte ha adoptado medidas de protección contra la violencia de género y la violencia doméstica, incluidas las previstas en la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar. Sin embargo, para que la autora pueda disfrutar de la aplicación eficaz del principio de igualdad entre las mujeres y los hombres y de los derechos humanos y las libertades fundamentales que la asisten, es necesario que todos los actores estatales, incluidos los tribunales, que están vinculados por las obligaciones del Estado parte apoyen la voluntad política expresada en esas medidas y esa ley” (párr. 7.7). 3. Género. Vulnerabilidad. Recursos. Acceso a la justicia. Reforma legal. “El Comité señala, asimismo, que el hecho de que Estado parte no haya modificado el artículo 10 1) de la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar afectó directamente a la posibilidad de que la autora pudiera reclamar justicia y acceder a recursos y protección efectivos. El Comité señala que, en el caso presente, el hecho de que el Estado parte no haya modificado el artículo en cuestión ha dado lugar a que los tribunales no hayan tenido debidamente en cuenta los antecedentes de violencia de género y violencia doméstica de M. y hayan obviado la posición vulnerable y el sufrimiento prolongado de la autora. El Comité también considera que el caso demuestra que el Estado parte ha incumplido su deber de adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en sus papeles tradicionales” (párr. 7.11). “El Comité reconoce que la autora de la comunicación ha sufrido detrimento y daños físicos, psicológicos y materiales graves. A lo largo de todos los procedimientos del caso, la autora no obtuvo la protección jurídica que necesitaba. Aun si el Comité supone que no fue sometida directamente a violencia física de género y violencia en el hogar tras la desestimación definitiva de su denuncia que haya entrañado gastos para ella, de todas formas sufrió un grave perjuicio debido a la falta de protección jurídica e institucional y de una respuesta adecuada a la solicitud suya y de sus hijos” (párr. 7.12).

Otra jurisprudencia relacionada

La prohibición de la tortura en el contexto de la violencia doméstica; Informe sobre estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y derechos de las mujeres 

Tribunal

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW

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