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> Jurisprudencia > La prohibición de la tortura en el contexto de la violencia doméstica  

Jurisprudencia: La prohibición de la tortura en el contexto de la violencia doméstica

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Titulo

La prohibición de la tortura en el contexto de la violencia doméstica

Hechos relevantes del caso

El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presentó un informe en el que analizó la importancia de la prohibición de este tipo de actos en el contexto de la violencia doméstica. A su vez, formuló recomendaciones a los Estados con el propósito de aumentar sus capacidades para prevenir estas prácticas.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

12/07/2019

Voces CSJN

VIOLENCIA DOMÉSTICA; VIOLENCIA FAMILIAR; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; GÉNERO; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; VIOLENCIA INSTITUCIONAL; VIOLENCIA SEXUAL; TORTURA; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; POLÍTICA PÚBLICA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; VICTIMA; DEBIDO PROCESO; CONSENTIMIENTO; ACOSO SEXUAL; HOMICIDIO; LESIONES; VIOLACIÓN; VIOLENCIA ECONÓMICA; TRATA DE PERSONAS; DERECHOS REPRODUCTIVOS; COACCIÓN; NO DISCRIMINACIÓN;

Decisión y argumentos

Entre sus recomendaciones, el Relator señaló que los Estados deben abstenerse de promover discursos, políticas y prácticas violentas, discriminatorias o deshumanizadoras que contribuyan a la imposición de normas y estructuras sociales que sustenten y perpetúen la violencia doméstica. Asimismo, sostuvo que los Estados deberían derogar o reformar las leyes, políticas y prácticas que instigan, permiten, facilitan o toleran la violencia doméstica, por ejemplo, al permitir a los maridos “castigar” a sus esposas o hijos; al excluir la violación conyugal de la jurisdicción de la acción penal; al restringir el acceso a los derechos de divorcio, propiedad, herencia o custodia de los hijos y a las acciones judiciales conexas; o al limitar la capacidad de las víctimas para evitar la violencia doméstica, escapar de ella o protegerse de algún modo. En ese sentido, recomendó a los Estados destinar recursos suficientes al establecimiento de teléfonos de asistencia accesibles, procesos de recopilación de datos y servicios de intervención capaces de adoptar medidas rápidas y eficaces para proteger a las víctimas tanto efectivas como potenciales y a los familiares que estén a su cargo frente a un riesgo real e inmediato de violencia doméstica. A su vez, consideró que los Estados deberían velar por que, a la hora de determinar la custodia y los derechos de visita en relación con los hijos, se tengan debidamente en cuenta los incidentes de violencia doméstica y se evalúe su gravedad de forma adecuada. En particular, los Estados tendrían que adoptar todas las medidas razonables para garantizar que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la integridad física o mental de las víctimas de violencia doméstica ni de sus hijos. Los Estados deberían adoptar todas las medidas razonables para eliminar los factores jurídicos, estructurales y socioeconómicos que pudieran aumentar la exposición a la violencia doméstica o perpetuar sus patrones. 1. Violencia doméstica. Violencia familiar. Niños, niñas y adolescentes. Género. Derecho a la integridad personal. Violencia sexual. Violencia institucional. “La violencia doméstica es un acto perpetrado a diario contra millones de niños, niñas, mujeres y hombres de todo el mundo. Sus víctimas son personas de todas las generaciones, nacionalidades, culturas y religiones y se produce en todos los estratos socioeconómicos y educativos de la sociedad. La violencia doméstica constituye un obstáculo importante para la materialización universal de los derechos humanos y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, además, perjudica gravemente el bienestar físico, sexual, emocional, mental y social de innumerables personas y familias, desembocando a menudo en un trauma duradero, no solo para sus víctimas directas, sino también para el conjunto de las comunidades. Para infinidad de personas, el hogar se convierte en un lugar de peligro y humillación que les provoca un daño incalculable, en lugar de constituir un espacio de refugio, confianza y protección” (párr. 1). “En esencia, el término ‘violencia doméstica’ hace referencia a ‘todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima’ [hay nota]. Además, aunque normalmente se entiende que el hogar de una persona suele ser la familia o el hogar de guarda, también puede tratarse de un entorno de cuidado común, ya sea comunitario o institucional. De acuerdo con este concepto genérico, la violencia doméstica abarca una amplia variedad de conductas abusivas que van desde la negligencia reprochable y el comportamiento abusivo, coercitivo o excesivamente controlador encaminado a aislar, humillar, intimidar o subordinar a una persona hasta diversas formas de violencia física, abuso sexual e incluso asesinato. Atendiendo a la intencionalidad, finalidad y gravedad del dolor y el sufrimiento infligidos, la violencia doméstica suele situarse nada menos que en la categoría de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (también denominados ‘tortura y malos tratos’). Por consiguiente, resulta especialmente preocupante que dicha violencia siga estando muy extendida y que se suela trivializar” (párr. 2). 2. Violencia doméstica. Violencia familiar. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Política pública. Derecho a la integridad personal. responsabilidad del Estado. Principio de dignidad humana. “[L]a violencia doméstica no se puede considerar un asunto privado, sino que constituye una importante cuestión de derechos humanos de interés inherentemente público que requiere un análisis desde la perspectiva de la prohibición de la tortura y los malos tratos, entre otros aspectos” (párr. 4). “Los conceptos jurídicos internacionales de ‘tortura’ y ‘otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ constan de dos tipos de elementos diferenciados que podrían calificarse como ‘sustantivos’ y ‘atributivos’. El elemento ‘sustantivo’ determina la conducta que equivale a tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, respectivamente, mientras que el elemento ‘atributivo’ determina el grado requerido de participación de los agentes públicos para que la tortura o los malos tratos conlleven una responsabilidad jurídica internacional por parte del Estado” (párr. 5). “En el ámbito de la violencia doméstica, es especialmente importante distinguir entre el análisis sustantivo en torno a si dicha violencia constituye tortura y malos tratos, en el sentido genérico de esos términos según el derecho internacional, y el análisis atributivo respecto del modo en que el Estado puede incurrir en responsabilidad por su participación en tales actos, por ejemplo, a raíz de la no adopción de medidas adecuadas contra la violencia doméstica” (párr. 7). “Desde el punto de vista sustantivo, la tortura y los malos tratos pueden adoptar muchas formas, pero, en esencia, siempre entrañan una violación de la integridad física, mental o emocional que atenta contra la dignidad humana. Con arreglo al derecho de los derechos humanos universalmente aplicable, la tortura hace referencia a la provocación intencionada a una persona indefensa de dolor o sufrimiento grave, ya sea de carácter físico o psicológico, con fines como obtener información o confesiones, castigar, intimidar o coaccionar, o bien por cualquier otra razón basada en la discriminación de cualquier tipo, mientras que los malos tratos designan otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que, a diferencia de la tortura, no exigen necesariamente una intencionalidad y finalidad por lo que respecta a los actos u omisiones, así como tampoco una determinada gravedad del dolor o el sufrimiento causados ni una impotencia por parte de la víctima” (párr. 8). “Como demuestra el análisis de los patrones dominantes efectuado en el presente informe, la violencia doméstica supone una degradación, humillación, coartación, vejación o, en otros términos, violación de la integridad física, mental y emocional de personas que suelen encontrarse sometidas a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. En este contexto, el dolor o sufrimiento se inflige, por lo general, de forma intencionada o incluso sistemática, con fines tales como el castigo, la intimidación o cualquier tipo de coacción, o bien constituye un medio para expresar o consolidar la discriminación de género o de otra índole. Dependiendo de las circunstancias, el dolor, la humillación y el sufrimiento provocados por la violencia doméstica pueden oscilar entre un carácter relativamente moderado y breve y una extrema gravedad y duración; no obstante, su carácter abusivo por definición hace que siempre constituyan una violación de la integridad física, mental y emocional que atenta contra la dignidad humana” (párr. 9). “Desde una perspectiva sustantiva con arreglo al derecho internacional y al margen de las cuestiones relativas a la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual, que exigen una valoración aparte, la violencia doméstica siempre equivale, por tanto, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y, muy a menudo, a tortura física o psicológica” (párr. 10). “[L]a violencia doméstica hace exigible una amplia gama de obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellas la obligación de los Estados de prevenir los actos de tortura y los malos tratos dentro de su jurisdicción, incluidos los cometidos por agentes privados (artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)” (párr. 11). 3. Tortura. Trato cruel, inhumano o degradante. Responsabilidad del Estado. Víctima. Debido proceso. “Por ello, el Relator Especial ha señalado con anterioridad que los Estados son responsables a nivel internacional de la tortura o los malos tratos cuando no actúan con la diligencia debida para proteger a las víctimas de esos actos de violencia o cuando los legitiman, por ejemplo, al tolerar que los maridos ‘castiguen’ a sus esposas o al no tipificar como delito la violación conyugal” (párr. 12). “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el hecho de no proteger a una víctima de violencia doméstica y a sus hijos viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, concretamente el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal y el derecho a la igualdad ante la ley, en particular en aquellos casos en que dicha circunstancia se debe a la incapacidad del Estado para ejecutar una orden de alejamiento contra el esposo de la víctima [hay nota]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido una serie de obligaciones positivas de los Estados en materia de derechos humanos en relación con los actos perpetrados por agentes privados, estableciendo una norma de diligencia debida en los siguientes términos: ‘un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención’. Según la Corte, la obligación del Estado no se limita únicamente al establecimiento de un marco jurídico apropiado, sino que, en lugar de ello, dicho Estado ha de actuar para garantizar de manera efectiva el disfrute de los derechos humanos” (párr. 14). “Por otra parte, en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), aprobada en 1994, los Estados están obligados a adoptar una serie de medidas para eliminar este tipo de violencia. Aunque en ese instrumento no se utiliza el término ‘violencia doméstica’, dicho concepto se aborda de forma más general como uno de los aspectos de la violencia contra las mujeres. Además, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), aprobado en 2011, detalla las obligaciones de los Estados con respecto a la adopción de una serie de medidas para combatir tanto la violencia contra las mujeres como la violencia doméstica. Las medidas que figuran en dicho instrumento se entienden ‘sin perjuicio de las obligaciones positivas de los Estados de proteger los derechos reconocidos en el [Convenio Europeo de Derechos Humanos] [hay nota]’” (párr. 15). “Por definición, la violencia doméstica se produce dentro de la familia o el hogar y, por consiguiente, rara vez se considera un acto oficial del Estado. Sin embargo, en determinadas circunstancias, los funcionarios del Estado pueden ser autores directos de actos de violencia doméstica, en particular, cuando el Estado se ocupa de facilitar una vivienda, como en el caso de los orfanatos o ciertos tipos de asistencia social. Además, algunas políticas y prácticas adoptadas por el Estado pueden constituir una instigación a la tortura o los malos tratos por parte de agentes privados en el sentido de lo dispuesto en los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el contexto de la violencia doméstica, ello puede incluir lo siguiente: el llamamiento por parte de políticos o líderes religiosos respaldados por el Estado a ‘disciplinar’ a los miembros de la familia mediante el uso de la violencia; el respaldo oficial de la violencia por razón de ‘honor’ u otras prácticas nocivas, o bien de las normas sociales que dictan dichas prácticas, en particular el control coercitivo sobre los miembros de la familia; o los discursos políticos discriminatorios que, de forma abierta, alientan la violencia y el abuso contra personas o grupos marginados por motivos de género, edad, origen, raza, religión, discapacidad u orientación sexual. La prohibición de la tortura y los malos tratos proscribe de manera inequívoca la perpetración, la instigación o el fomento de cualquier acto de violencia doméstica por parte de los funcionarios del Estado” (párr. 21). “En el contexto de la violencia doméstica, la responsabilidad del Estado por este tipo de actos suele plantearse sobre todo en relación con el incumplimiento de la obligación positiva de aquel de velar por los derechos humanos mediante la prevención, protección, respuesta y garantía de medios de reparación frente a los abusos cometidos por agentes privados […] así como en relación con políticas y prácticas que puedan considerarse constitutivas de ‘aquiescencia’ o ‘consentimiento’ en el sentido de lo dispuesto en los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes […].El hecho de no ejercer la diligencia debida para garantizar la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la reparación de las víctimas frente a los actos de tortura y los malos tratos perpetrados por agentes privados, en particular en el contexto de la violencia doméstica, equivale a un consentimiento o aquiescencia ante esta clase de actos” (párr. 22). “Las obligaciones positivas exigen que los Estados adopten ‘medidas eficaces’, tanto generales como específicas, de prevención, protección, respuesta y reparación de las víctimas frente a la tortura y los malos tratos. [L]os Estados incurren en una responsabilidad jurídica internacional cuando no adoptan las medidas de prevención, protección y reparación razonablemente a su alcance capaces de surtir el efecto deseado. Las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse y ejercerse de buena fe, de conformidad con el espíritu y el propósito de la prohibición […] y sin ningún tipo de discriminación [hay nota]. Dichas obligaciones pueden clasificarse de la siguiente manera: a) Obligaciones generales. Los Estados deben establecer disposiciones jurídicas, mecanismos y procesos que protejan eficazmente a las personas frente a la tortura y los malos tratos, en particular en el contexto de la violencia doméstica […]. b) Obligaciones operacionales. Los Estados también deben adoptar medidas eficaces para proteger a las personas frente a riesgos particulares de tortura o malos tratos de los que tengan o deban tener conocimiento. Ello exige el establecimiento de vías y mecanismos efectivos de recepción, registro y atención de denuncias de tortura o malos tratos, entre ellas, las de violencia doméstica, así como la creación de servicios e instituciones capaces de impulsar y aplicar medidas de protección con rapidez y eficacia [hay nota]. c) Obligaciones de investigación y procesales. Las obligaciones de investigación y procesales requieren una investigación de todas las denuncias o sospechas verosímiles de tortura o malos tratos que ha de ser independiente e imparcial, eficaz, rápida y expeditiva; estar suficientemente expuesta al escrutinio público; ser capaz de identificar a los autores y exigirles responsabilidades; y hacer partícipes a las víctimas o sus familiares más próximos en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos durante los procesos. d) Compensación, reparación y no repetición. Los Estados deben garantizar vías de reparación a todas las víctimas de actos de tortura u otro tipo de malos tratos, incluidas las víctimas de la violencia doméstica, así como adoptar medidas concretas para garantizar la no repetición de los hechos […]” (párr. 23). 4. Violencia doméstica. Violencia familiar. Violencia sexual. Consentimiento. Acoso sexual. Homicidio. Lesiones. Violación. Trato cruel, inhumano o degradante. “A juicio del Relator Especial, los asesinatos provocados o precedidos por violencia doméstica, en particular por negligencia culposa o abuso físico, psicológico o emocional que derive en autolesiones, atentan, no solo contra el derecho a la vida, sino también contra la prohibición de la tortura y los malos tratos y las obligaciones positivas conexas, además de agravar el delito o la infracción en cuestión” (párr. 26). “La violencia física en el hogar o entre los miembros de la familia, incluidos los excónyuges o exparejas, constituye un fenómeno generalizado en todo el mundo. En el contexto de la violencia doméstica, el uso de la fuerza física es siempre abusivo, salvo en circunstancias muy excepcionales, en las que resulta absolutamente necesario y proporcionado en legítima defensa o para proteger a otra persona de una muerte inminente o lesiones graves. La violencia física puede abarcar una amplia gama de transgresiones, entre otras, golpear, abofetear, empujar, dar patadas, usar medicamentos de forma indebida e imponer restricciones inadecuadas. Dicha violencia incluye todas las formas de castigo corporal, que se define como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar” (párr. 27). “La violencia sexual abarca la violación y cualquier otro acto sexual no consensuado entre adultos, en particular cónyuges actuales y excónyuges [hay nota], así como cualquier acto de carácter sexual cometido por adultos con menores. Entre adultos, el consentimiento debe otorgarse voluntariamente en ejercicio de la libre voluntad de la persona, analizada en el contexto de las circunstancias que la rodean. El consentimiento puede estar supeditado a multitud de factores personales, como el uso de anticonceptivos o la protección contra la transmisión de enfermedades, y puede retirarse de forma unilateral en cualquier momento. La violencia sexual también abarca el acoso sexual, es decir, toda forma de comportamiento de carácter sexual no deseado, verbal, no verbal o físico cuyo objetivo o resultado sea vulnerar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo” (párr. 29). “La violencia doméstica puede englobar varias formas de violencia psicológica o emocional de carácter grave o sistemático. A su vez, dicha violencia psicológica o emocional puede abarcar, entre otros actos, la agresión verbal, la negligencia grave, el aislamiento forzado del mundo exterior, la ridiculización constante, el uso de información privada con fines de amenaza o degradación y lo que se conoce como ‘hacer luz de gas’, una forma de manipulación psicológica que pretende lograr que una persona cuestione su propia memoria, su percepción o incluso su cordura a través de la desorientación continua, las mentiras u otros intentos de desestabilizarla y hacer que dude de sí misma. La violencia emocional y psicológica está orientada a socavar la resiliencia, la estabilidad y el bienestar de la víctima en los planos emocional y psicológico y suele ser un paso previo a la violencia física o combinarse con esta” (párr. 32). “En opinión del Relator Especial, la violencia psicológica y emocional, incluido el control coercitivo, constituye un trato o castigo cruel, inhumano o degradante, así como un acto de tortura cuando entraña la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 34). 5. Violencia económica. Violencia familiar. No discriminación. Trato cruel, inhumano o degradante. “En el contexto de la violencia doméstica, la violencia económica o financiera rara vez se da aislada de otros patrones de abuso. Este tipo de violencia implica el gasto o el uso indebido de dinero u otros recursos para limitar, controlar o coaccionar a una persona, lo que puede abarcar, por ejemplo, la intromisión en la capacidad de esta para adquirir, utilizar y gestionar recursos materiales, como dinero y medios de transporte. Dicha violencia suele orientarse a lograr que la víctima dependa económicamente del agresor y aprovecharse de esta situación. Sus víctimas pueden quedarse sin recursos económicos para sufragar artículos de primera necesidad, como alimentos y ropa, así como sin acceso a una fuente de ingresos propios, lo que puede aislarlas y multiplicar los abusos sufridos, causándoles un grave sufrimiento y un daño duradero” (párr. 35). “A juicio del Relator Especial, la violencia económica puede provocar un sufrimiento considerable y constituir un trato o pena cruel, inhumano o degradante, así como un acto de tortura en caso de que dicho abuso se produzca de forma deliberada, intencionada o discriminatoria e inflija un sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 36). “Los denominados delitos ‘en nombre del honor’ son delitos cometidos por miembros de la familia, principalmente contra mujeres o niñas que se considera que han deshonrado a esta, en un supuesto intento de reparar el honor familiar. Cada año este tipo de delitos expone a infinidad de mujeres a un sufrimiento y un daño graves y provoca miles de asesinatos ‘por honor’ en todo el mundo [hay nota]. Como explicó en su momento la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer al respecto, ‘el honor se define desde el punto de vista de las funciones sexuales y familiares asignadas a las mujeres con arreglo a la ideología de la familia tradicional. Así, el adulterio, las relaciones anteriores al matrimonio (que pueden o no incluir las relaciones sexuales), la violación y el hecho de que una mujer se enamore de una persona que no es la ‘apropiada’ pueden constituir violaciones del honor de la familia’ […]. Además, las personas LGBTI también pueden ser víctimas de este tipo de violencia, en particular de los asesinatos ‘por honor’, cuya perpetración se produce por considerarse que han avergonzado a su familia, a menudo por transgredir las normas de género o las expectativas sociales respecto de la sexualidad y el comportamiento […]. La supuesta intención de los delitos ‘en nombre del honor’ es reparar el honor personal o familiar mediante la adopción de medidas contra el presunto culpable, lo que entraña necesariamente elementos de castigo, coerción o intimidación y, en general, está orientado a la imposición de un orden social profundamente discriminatorio” (párr. 42). “A juicio del Relator Especial, infligir de forma intencionada y deliberada o discriminatoria dolor o sufrimiento grave a una persona indefensa con el presunto objetivo de reparar el honor personal o familiar constituye un acto de tortura o, en ausencia de uno o más de tales elementos constitutivos, un ejemplo de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (párr. 43). 6. Violencia doméstica. Trata de personas. Trato cruel, inhumano o degradante. Vulnerabilidad. “La trata de personas entraña la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de estas con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de alguien que tenga autoridad sobre dichas personas [hay nota]. La trata de familiares es un fenómeno muy extendido en numerosas zonas del mundo que afecta principalmente a niñas y niños. De hecho, el grado de implicación de la familia en la trata de menores (un 41 %) supera en más de cuatro veces el registrado en los casos de trata de adultos (un 9 %) [hay nota]. En la práctica, la trata de familiares supone invariablemente la imposición intencionada de dolor y sufrimiento físico o mental grave, a menudo atendiendo a criterios discriminatorios, con fines de explotación coercitiva, en particular de prostitución forzada y otros abusos sexuales, matrimonio forzado, trabajo forzoso, reclutamiento forzado para formar parte de grupos armados y bandas delictivas o incluso extracción de órganos [hay nota]” (párr. 44). “En opinión del Relator Especial, la trata de familiares constituye un ejemplo de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como un acto de tortura cuando entraña la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de dolor o sufrimiento grave a una persona indefensa” (párr. 45). 7. Violencia doméstica. Derechos reproductivos. Coacción. Trato cruel, inhumano o degradante. “Los actos de coacción contra la libertad reproductiva suelen ser cometidos por las parejas sentimentales o los miembros de la familia extensa de la víctima y entrañan un comportamiento de intromisión respecto al uso de anticonceptivos, el embarazo y otros aspectos de dicha libertad, en particular por lo que se refiere a la continuación o interrupción del embarazo. Ejemplos de coacción contra la libertad reproductiva son la destrucción o eliminación intencionada del método anticonceptivo elegido (sabotaje de métodos anticonceptivos), así como los intentos de coacción orientados a forzar el embarazo, sus resultados o el aborto. Todos esos fenómenos desembocan en graves consecuencias reproductivas, entre otras, embarazos no planeados, abortos, infecciones de transmisión sexual, embarazos con resultados negativos y traumas psicológicos [hay nota]. Las mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas suelen estar más expuestas a la coacción contra la libertad reproductiva” (párr. 51). “A juicio del Relator Especial, dado que la coacción contra la libertad reproductiva supone una intromisión deliberada en la dignidad personal, la integridad y la autonomía de la víctima con fines coercitivos o discriminatorios y que puede infligirle dolor o sufrimiento grave, dicha coacción puede constituir un acto de tortura o, en ausencia de uno o más de tales elementos constitutivos, un ejemplo de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (párr. 53).

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