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> Jurisprudencia > RK v. España  

Jurisprudencia: RK v. España

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Titulo

RK v. España

Hechos relevantes del caso

RK vivía en Guinea junto a sus padres, de religión cristiana. En un contexto de enfrentamientos con la comunidad musulmana, sus padres fueron asesinados. Por ese motivo, luego de un intento frustrado en el que fue detenido y torturado, logró abandonar su país. Entonces, viajó a Marruecos y, desde allí, se embarcó hacia España. Un accidente en el mar motivó la intervención de la Cruz Roja, que logró rescatar a la tripulación. En ese marco, RK fue trasladado a Almería, donde permaneció privado de la libertad durante tres días con personas adultas. Durante ese tiempo no pudo ducharse. Al tercer día, le tomaron las huellas digitales. A su vez, se le realizaron pruebas médicas de osmometría de muñeca y una ortopantomografía dental a fin de determinar su edad. Las conclusiones médico-legales establecieron que lo más probable era que tuviera, al menos, 18 años. A pesar de que RK comunicó en todo momento que tenía 17 años, le pusieron como fecha de nacimiento el 1 de enero de 1996, atribuyéndole 21 años. El juzgado de instrucción local, ordenó su internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros adultos de Aluche, Madrid, mientras avanzaba el proceso de devolución. De acuerdo con lo señalado por el joven RK, durante esta instancia no contó con la asistencia de un traductor y desconocía si tuvo abogado defensor. A partir de la intervención de una ONG, acudió a una entrevista para solicitar asilo. Sin embargo, no le permitieron formalizar su solicitud de protección internacional como menor de edad, ya que no contaba con un tutor. Luego de tramitar y recibir la copia de su acta de nacimiento que acreditaba su minoría de edad, puso en conocimiento de esa documentación a las autoridades locales. De todas maneras, fue trasladado a un establecimiento para personas adultas, sin que se le nombrara un tutor y sin recibir tratamiento ni la protección correspondiente a su edad.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

06/09/2019

Voces CSJN

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; MAYORÍA DE EDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; PRUEBA; PERICIA MÉDICA; VULNERABILIDAD; TUTOR; ASISTENCIA LETRADA; TRADUCTOR;

Decisión y argumentos

El Comité de los Derechos del Niño consideró que el Estado español violó los artículos 3, 8, 12, 20, párrafo 1, y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 6 del Protocolo Facultativo. A su vez, le recomendó: “a) Garantizar que todo proceso de determinación de la edad de jóvenes que afirman ser niños o niñas sea acorde con la Convención y, en particular, que en el curso de dichos procesos: i) los documentos presentados por dichos jóvenes sean tomados en consideración, y en el caso de que los documentos hayan sido emitidos o confirmados por los Estados que emitieron los documentos o por las embajadas, sean aceptados como auténticos; y ii) a estos jóvenes se les asigne sin demora un representante legal cualificado u otros representantes de forma gratuita, que los abogados privados designados para representarlos sean reconocidos y que todos los representantes legales u otros representantes tengan permiso para ayudar a estas personas durante dichos procesos; b) Garantizar que a los jóvenes no acompañados solicitantes de asilo que afirman ser menores de 18 años se les asigne un tutor competente lo antes posible para que puedan solicitar asilo como menores, incluso cuando el proceso de determinación de su edad esté aún pendiente; c) Desarrollar un mecanismo de reparación efectivo y accesible para los jóvenes migrantes no acompañados que afirman ser menores de 18 años para que puedan solicitar una revisión de los decretos de mayoría de edad por parte de las autoridades en aquellas situaciones donde la determinación de su edad se realizó sin las garantías necesarias para proteger el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado; d) Capacitar a los funcionarios de inmigración, policías, funcionarios del Ministerio Público, jueces y otros profesionales competentes sobre los derechos de los menores solicitantes de asilo y de otros menores migrantes, y en particular sobre las observaciones generales núms. 6, 22 y 23 del Comité” (párr. 10). 1. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Documento Nacional de Identidad. Debido proceso. Interés superior del niño. Mayoría de edad. Prueba. “El Comité recuerda que la carga de la prueba no recae exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más porque el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información pertinente. En el presente caso, el Comité toma nota del argumento del autor de que, si el Estado parte tenía dudas sobre la validez de su acta de nacimiento, debería haberse dirigido a las autoridades consulares de Guinea para comprobar la identidad del autor y no lo hizo” (párr. 8.2). “El Comité recuerda que la determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluido de dicha protección. Del mismo modo, y de vital importancia para el Comité, el disfrute de los derechos contenidos en la Convención fluye de dicha determinación. Por ello, es imperativo la existencia de un proceso debido para determinar la edad, así como de la oportunidad de cuestionar el resultado mediante procesos de apelación. Mientras dichos procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como un niño o niña. En consecuencia, el Comité recuerda que el mejor interés del niño debiera ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 9.3). “En el presente caso, el Comité observa que: a) con el fin de determinar la edad del autor, que se encontraba indocumentado a su llegada a territorio español, se le sometió a unas pruebas médicas consistentes en una osmometría de muñeca y una ortopantomografía dental, sin realizarse ningún otro tipo de pruebas complementarias, en particular pruebas psicológicas, y sin que conste que se haya realizado entrevista alguna al autor en el marco de dicho proceso; b) como resultado de esas pruebas practicadas, el hospital en cuestión determinó que la edad ósea del autor era de 19 años según el atlas de Greulich y Pyle, y una edad mínima de 18 años según la prueba ortopantomografía dental, sin establecerse ningún margen de desviación posible; c) con base a este resultado médico, la Fiscalía emitió un decreto mediante el cual determinaba que el autor era mayor de edad y; d) que la Fiscalía no consideró la documentación expedida por la Embajada de Guinea acreditando su minoría de edad, para una posible revisión del decreto que determinaba su mayoría de edad” (párr. 9.5). “Sin embargo, el Comité observa la amplia información en el expediente que sugiere la falta de precisión de los exámenes oseométricos, que tiene un amplio margen de error y, en consecuencia, no es apropiado como el único método para determinar la edad cronológica de una persona joven que afirma ser menor de edad y presenta documentación acreditativa al efecto” (párr. 9.6). “[E]l Comité recuerda su Observación General núm. 6 en el sentido que no solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo, sino también su maduración psicológica, que la evaluación deberá basarse en criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 9.7). 2. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído. Interés superior del niño. Representación. Vulnerabilidad. Tutor. Asistencia letrada. Traductor. “El Comité recuerda que los Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y un intérprete en caso de necesidad, para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, tan pronto como sea posible a su llegada, a título gratuito. El Comité considera que facilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser escuchado [hay nota]. No hacerlo conlleva una violación de los artículos 3 y 12 de la Convención, porque el procedimiento de determinación de la edad es el punto de entrada para la aplicación de la Convención. La falta de representación oportuna puede resultar en una injusticia sustancial” (párr. 9.8). “A la luz de todo lo anterior, el Comité considera que el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el autor, quien alegaba ser un niño, y que presentó prueba acreditativa de ello, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención. En las circunstancias del presente caso, y en particular del examen utilizado para determinar la edad del autor, la ausencia de un representante para acompañarlo durante dicho procedimiento y la desestimación casi automática del valor probatorio del acta de nacimiento aportada por el autor, sin haber el Estado parte siquiera valorado formalmente sus datos y, en caso de duda, haberlos confirmado con las autoridades consulares de Guinea, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido el autor, en violación de los artículos 3 y 12 de la Convención” (párr. 9.9).

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