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Jurisprudencia: Álvarez Giraldo v. Colombia

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Titulo

Álvarez Giraldo v. Colombia

Hechos relevantes del caso

Marta Álvarez cumplía una pena privativa de la libertad en un centro de reclusión en Pereira desde el 14 de marzo de 1994. La legislación vigente contemplaba el derecho de los internos a las visitas íntimas, por lo que la peticionaria solicitó a la Defensoría del Pueblo que intercediera ante las autoridades competentes para que le permitieran recibir a una mujer con la que estaba en pareja. La fiscalía emitió la autorización correspondiente; sin embargo, la petición no fue resuelta por la dirección de la prisión. Frente a esto, se interpuso una acción judicial de tutela que fue rechazada por el Juez Penal Municipal de Dosquebradas. Tres días más tarde, la dirección del centro comunicó a Álvarez que la visita íntima no cumplía con los requisitos previstos por ley. En este sentido, se aludió a la orientación sexual de la reclusa y se afirmó que permitir una visita íntima entre personas del mismo sexo hubiera posibilitado una suplantación de persona, lo cual habilitaría un peligro de fuga.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

05/10/2018

Voces CSJN

RÉGIMEN DE VISITAS; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; CÁRCELES; LGBTIQ; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; DERECHOS REPRODUCTIVOS; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; NO DISCRIMINACIÓN; VULNERABILIDAD; ARBITRARIEDAD; FUERZAS DE SEGURIDAD; DEBIDO PROCESO; DERECHO A SER OIDO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; RECURSOS; FAMILIA; PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA; CONDICIONES DE DETENCIÓN; PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; DERECHO A LA INTIMIDAD; LIBERTAD; ORIENTACIÓN SEXUAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; IDENTIDAD DE GÉNERO; RAZONABILIDAD;

Decisión y argumentos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Colombia era responsable por haber infringido los derechos de la peticionaria en virtud de los artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 11.2 (protección de la honra y de la dignidad), 8.1 (derecho a las garantías judiciales), 24 (igualdad ante la Ley) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con las obligaciones estatales consagradas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 1. Igualdad. No discriminación. Responsabilidad internacional del Estado. Arbitrariedad. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana y las decisiones de la Comisión han señalado reiteradamente que el derecho a la igualdad y no discriminación ‘constituye el eje central y fundamental del sistema interamericano de derechos humanos’, y que éste genera ‘obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados’. [C]ualquier tratamiento discriminatorio al margen de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, genera la responsabilidad internacional del Estado, pues existe un ‘vínculo indisoluble’ entre dicha obligación y el principio de igualdad y no discriminación” (párr. 154). “[A]mbos conceptos se encuentran íntimamente relacionados, pues ‘el elemento de igualdad es difícil de desligar de la no discriminación’, y que existe ‘un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación’. De esta forma, el artículo 1.1 de la Convención Americana ha sido utilizado para interpretar el contenido del artículo 24 del mismo instrumento en cuanto al alcance del término ‘discriminación’, considerando los efectos que puede tener la invocación de las ‘categorías’ expresamente mencionadas en el artículo 1.1, en el análisis de razonabilidad utilizado para determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por vulnerar el artículo 24 de la Convención Americana” (párr. 157). “En cualquier análisis de una presunta situación de discriminación, es necesario tomar en cuenta que no toda diferencia de trato es discriminatoria. La Corte ha marcado la diferencia entre ‘distinciones’ y ‘discriminaciones’, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser ‘razonables y objetivas’, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos” (párr. 160). “Teniendo en cuenta que la evaluación de si una distinción es ‘razonable y objetiva’ se efectúa caso por caso, tanto la Comisión y la Corte, así como otros tribunales y organismos internacionales, han acudido a la utilización de un juicio escalonado de proporcionalidad que incluye los siguientes elementos de análisis: (i) la existencia de un fin legítimo; (ii) la idoneidad, es decir, la determinación de si existe una relación lógica de causalidad de medio a fin entre la distinción y el fin que se persigue; (iii) la necesidad, esto es, la determinación de si existen alternativas menos restrictivas e igualmente idóneas; y (iv) la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, el balance de los intereses en juego y el grado de sacrificio de uno respecto del otro” (párr. 161). 2. Orientación sexual. Estereotipos de género. Identidad de género. Razonabilidad. Vulnerabilidad. “Basándose en la interpretación evolutiva de los tratados como ‘instrumentos vivos’ […], la CIDH ya estableció que la orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación bajo los criterios de no discriminación contenidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana, y en tanto, toda distinción basada en la misma debe ser examinada bajo un estándar de escrutinio estricto. Asimismo, la Corte Interamericana ha indicado que la expresión ‘cualquier otra condición social’ del artículo 1.1. de la Convención debe ser interpretada en la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo” (párr. 162). “Cuando las distinciones se encuentran basadas en estas categorías, existe un consenso en el sentido de que el análisis que se utiliza para medir la razonabilidad de la diferencia de trato es especialmente estricto. Esto se debe a que por su naturaleza, dichas categorías son consideradas ‘sospechosas’ y por lo tanto se presume que la distinción es incompatible con la Convención Americana. En tal sentido, sólo pueden invocarse como justificación ‘razones de mucho peso’ que deben ser analizadas de manera pormenorizada. Este análisis estricto es precisamente la garantía de que la distinción no se encuentra basada en los prejuicios y/o estereotipos que habitualmente rodean las categorías sospechosas de distinción” (párr. 163). “[E]s común que la determinación de estas categorías coincida con grupos o sectores de la población que han sido históricamente discriminados y/o sometidos a desigualdades estructurales en el ejercicio y goce de sus derechos. En este sentido, la Comisión considera que el Estado tiene un deber reforzado de protección y garantía, que busca ‘condenar las prácticas que tienen el efecto de crear o perpetuar en nuestra sociedad una posición subordinada para ciertos grupos’” (párr. 164). “[C]uando ciertos grupos de mujeres son discriminadas con base en ‘más de un factor’, pueden verse expuestas a un mayor riesgo de violación de sus derechos humanos, lo que exige de parte del Estado medidas especiales que ofrezcan una protección reforzada. Este principio de ‘protección reforzada’ se encuentra consagrado en distintos instrumentos internacionales destinados a combatir la violencia y todas las formas de discriminación contra la mujer. Dicha protección especial exige de los Estados obligaciones positivas para asegurar la eliminación de cualquier práctica o disposición discriminatoria contra las mujeres” (párr. 165). “[L]a valoración de estos aspectos en la actuación del Estado requiere la aplicación de un análisis estricto, siendo que la orientación sexual y el sexo son categorías sospechosas y, en el sentido mencionado en las secciones precedentes, la actuación Estatal con base en ellas se presume incompatible con la Convención Americana” (párr. 166). 3. Régimen de visitas. Personas privadas de libertad. Cárceles. LGTBIQ. Estereotipos de género. Derechos reproductivos. “[E]l derecho a la visita íntima no puede tener a la reproducción humana como único objetivo, dejando de lado el ejercicio de la sexualidad en sí misma, independiente de fines reproductivos. Ello tiene una particular relevancia en relación con los estereotipos negativos sociales asociados al ejercicio de la sexualidad por parte de las mujeres, por un lado, y de las mujeres lesbianas por el otro. En particular, la CIDH toma nota del estigma que existe socialmente respecto de la sexualidad femenina, a la cual se le adscribe socialmente menor valor” (párr. 173). “[L]a Comisión entiende que semejante supuesto [que el permitir una visita íntima entre personas del mismo sexo hubiera posibilitado una ‘suplantación de persona’, lo cual habilitaría la supuesta fuga de las personas privadas de libertad] sería factible únicamente ante la completa ausencia de las más básicas medidas de seguridad en un ámbito carcelario, llevando implícito el absurdo razonamiento de que el personal penitenciario corrobora el ingreso y egreso de visitantes tan sólo con base en su sexo. Por otro lado, con esta lógica, idénticos problemas surgirían con la visita de cualquier mujer a la institución de reclusión femenina. En relación con este punto, la Comisión entiende pues que no ha existido relación de causalidad entre el medio implementado y el fin buscado, lo cual evidencia la falta de idoneidad de la medida adoptada” (párr. 175). “[E]n relación con la restricción de las visitas de Marta Lucia para la ‘protección de derechos de terceros’, entre ellos ‘los cónyuges, compañeros permanentes e hijos/as de las demás internas’, la Comisión encuentra que dicho razonamiento puede operar tan sólo sobre la base de prejuicios y estereotipos respecto de las relaciones afectivas y/o sexuales entre personas del mismo sexo. Si bien de los hechos probados surge que las autoridades aducían que las demás internas ‘rechazaban actos sexuales entre mujeres’, el Estado no puede actuar sobre la base de estas visiones estereotipadas, utilizándolas como justificación para la restricción de derechos de las personas bajo su jurisdicción” (párr. 176). 4. Derecho a la vida privada y familiar. Derecho a la intimidad. Libertad. Orientación sexual. Arbitrariedad. “[E]l concepto de vida privada debe entenderse como de amplio alcance, pues abarca todas las esferas de la intimidad y autonomía de un individuo, y el desarrollo de su identidad. En este marco, las decisiones de una persona sobre su vida sexual, se entienden como un componente fundamental de su vida privada, pues la sexualidad es ‘una parte integral de la personalidad de todo ser humano [y] su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad emocional, placer, ternura y amor’. Dentro de esta noción es claro que se incluye la orientación sexual de una persona y las conductas que despliega en el ejercicio de su sexualidad acorde con dicha orientación. Estos son aspectos que tienen un ‘nexo claro’ con el plan de vida de una persona, incluyendo su personalidad y sus relaciones con otros seres humanos y, en general, con el ‘concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones’” (párr. 185). “[L]a orientación sexual de una persona constituye un componente fundamental de la vida privada de una persona, el cual debe estar libre de injerencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público. En este sentido, el respeto por la orientación sexual de una persona conlleva necesariamente el respeto al derecho de expresar libremente dicha orientación sexual, como parte del libre desarrollo de la personalidad, necesario en el proyecto de vida de una persona. De igual manera, las circunstancias que interfieren en la posibilidad de una mujer de decidir asuntos relativos al ejercicio de su sexualidad, deben estar libres de conceptos estereotipados sobre el alcance y contenido de este aspecto de su vida privada, especialmente cuando se combinan con la consideración de su orientación sexual” (párr. 186). “Por su parte, la disposición contenida en el artículo 11.2 de la Convención, tiene como objetivo principal ofrecer una protección a las personas de las acciones del Estado que, de forma ‘arbitraria o abusiva’, interfieran en el ejercicio de este derecho, teniendo en cuenta que dicha interferencia puede comprender elementos de ‘injusticia, imposibilidad de predecir y la falta de razonabilidad’” (párr. 187). “[L]a protección ofrecida por el artículo 11.2 de la Convención prohíbe interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público, que afecten aspectos de la vida sexual de una persona, incluyendo su orientación sexual y el ejercicio de su sexualidad. En este sentido, la Corte Europea ha establecido que ante este tipo de situaciones, los Estados deben, en todo caso, ofrecer razones de mucho peso y convincentes para justificar una interferencia de las autoridades en base a la orientación sexual de una persona” (párr. 188). 5. Personas privadas de libertad. Cárceles. Condiciones de detención. Principio de reinserción social. “Si bien el disfrute de algunos de los derechos de una persona que se encuentra bajo custodia del Estado pueden verse afectados, ello no significa que se extingan de forma absoluta por el acto mismo de la privación de libertad, sino que se establece una relación de sujeción especial, en la cual le corresponde al Estado garantizar el ejercicio de estos derechos, y la persona por su parte queda sujeta a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe observar. De esta forma, aunque existe indiscutiblemente una dependencia de la persona que se encuentra privada de libertad a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde se halla recluida, la actividad de las autoridades penitenciarias no debe exceder las limitaciones derivadas de los fines que persigue la privación de libertad, ni aún en el ámbito del poder disciplinario que su mandato les confiere” (párr. 189). “[H]a sido ampliamente aceptado en el derecho internacional que uno de los derechos básicos que debe ser garantizado a las personas privadas de libertad, es permitir que éstas mantengan contacto con el mundo exterior, dentro de las limitaciones legítimas que conlleva el encarcelamiento. Este derecho comprende el mantenimiento del contacto personal y directo de la persona que se encuentra recluida con sus familiares, parejas y otras personas, lo que constituye además una ‘condición indispensable para su resocialización y reincorporación a la sociedad’” (párr. 191). “[L]a obligación positiva reservada al Estado de crear condiciones que aseguren el mantenimiento de las relaciones interpersonales de una persona bajo su custodia, atiende a que se relaciona con un ámbito de su vida privada y su intimidad, que es absolutamente propio de cada individuo y una esfera que nadie puede invadir. Desde esta perspectiva, la Comisión considera que la consecuencia lógica que resulta de fijar la resocialización como uno de los fines previstos para el régimen de privación de libertad, es que el respeto a la vida privada no es sólo uno de los derechos cuyo ejercicio debe hacerse efectivo aún bajo dicho régimen, sino que la supresión absoluta del mismo desvirtuaría la razón de ser de la aplicación de penas privativas de libertad en el ejercicio del poder punitivo del Estado” (párr. 192). 6. Régimen de visitas. Personas privadas de libertad. Derecho a la integridad. Familia. Principio de dignidad humana. Vulnerabilidad. LGTBIQ. “En casos de las personas privadas de libertad, […] las restricciones al derecho a la vida privada y familiar de éstas, tienen legitimidad en la medida en que se derivan de la naturaleza misma del encarcelamiento, ajustándose a los requisitos ordinarios y razonables del mismo. En ese sentido, una de las formas a través de las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar de las personas privadas de libertad, es la concesión de un régimen de visitas periódicas, que reúna los requisitos establecidos por las autoridades, en el marco de las competencias que les son atribuidas para hacer cumplir los fines esenciales de la privación de libertad” (párr. 193). “Sobre este aspecto, la Comisión ha establecido que ‘el derecho de visita es un requisito fundamental para asegurar el respeto de la integridad y libertad personal de los internos y, como corolario, el derecho de protección a la familia de todas las partes afectadas’” (párr. 194). "Dentro de este concepto del derecho a recibir visitas […] se ha reconocido específicamente el derecho a la visita íntima de las personas privadas de libertad, siendo ésta la forma de garantizar el ejercicio de la sexualidad, como el ámbito más íntimo de la persona que no puede ser suprimido en forma absoluta” (párr. 195). “[E]l ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan del principio que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana de toda persona. En este sentido, existen ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legalmente menoscabados por el ejercicio del poder público. Ello sugiere que los Estados pueden limitar los derechos de las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho a la vida privada, de una manera que sea compatible con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, y que no excedan las limitaciones derivadas de los fines de la privación de libertad. La CIDH ha establecido que el Estado debe asegurar que las visitas íntimas se realicen en condiciones mínimas de privacidad, higiene, seguridad y respeto por parte de las autoridades penitenciarias” (párr. 196). “[E]n el contexto en el que se desarrolla el funcionamiento de un establecimiento penitenciario, no es sólo razonable sino necesario que las autoridades penitenciarias exijan el cumplimiento de ciertas condiciones y requisitos, como una de las formas que le permite al Estado cumplir con su obligación de ejercer el control efectivo de los centros de reclusión. Sin embargo, la imposición de requisitos para que las personas privadas de libertad puedan acceder al derecho de visita íntima, debe realizarse de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado” (párr. 197). “Lo anterior incluye la protección especial que debe brindar el Estado a aquellas personas bajo su custodia que puedan verse expuestas a una situación particular de vulnerabilidad, por pertenecer a grupos que históricamente han sido sometidos a discriminación, como por ejemplo las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). En ese sentido, la especial situación de garante que asume el Estado frente las personas privadas de libertad, exige crear las condiciones necesarias para superar cualquiera obstáculo que generalmente, impiden el acceso a ciertos derechos producto del contexto de discriminación al que se ven expuestas, sobre todo teniendo particularmente en cuenta que bajo estas circunstancias, es el Estado el que tiene la obligación de garantizar un control efectivo sobre la forma como se desenvuelve la vida de las personas en un centro penitenciario” (párr. 198). 7. Debido proceso. Derecho a ser oído. Garantía de imparcialidad. Recursos. Estereotipos de género. LGTBIQ. No discriminación. “[P]ara que un recurso judicial pueda ser considerado efectivo, resulta de especial relevancia el debido cumplimiento de las garantías del debido proceso, entre éstas específicamente la garantía de imparcialidad de los jueces que los integran. Así la Corte ha establecido que el derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. En este marco, la imparcialidad supone que el juez que interviene en un caso particular se aproxime a los hechos ‘de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad’” (párr. 210). “Al respecto, la Comisión destaca lo establecido por la Corte en cuanto a que la determinación de si un Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales por la actuación de sus órganos judiciales, implica que se deba examinar dichas actuaciones en el marco de los respectivos procesos internos, considerados éstos como un todo para determinar si la integralidad del procedimiento, se ajustó a la Convención Americana” (párr. 211). “[L]as visiones estereotipadas contra las personas homosexuales no sólo legitimaron la actuación prejuiciosa y particularmente discriminatoria de las autoridades penitenciarias en perjuicio de Marta Álvarez, sino que […] fueron subsiguientemente corroboradas por el poder judicial, lo cual contribuyó a promover y perpetuar dichos prejuicios. De ello se desprende que, en el presente caso, el Poder Judicial colombiano no adoptó decisiones basadas exclusivamente en el ordenamiento jurídico vigente en ese momento, sino que realizó bajo una ponderación ilegítima sobre la trascendencia de los prejuicios discriminatorios y los supuestos niveles de tolerancia en la sociedad sobre cierto tipo de conductas” (párr. 213). “[La peticionaria] no fue escuchada con las debidas garantías en la demanda de tutela instaurada para la protección de sus derechos fundamentales, no contó con la garantía de imparcialidad y, en suma, le fue negado un acceso efectivo a la justicia. Al respecto, la CIDH reitera que ‘existe una relación entre la garantía de imparcialidad que debe regir todas las actuaciones judiciales a la luz del artículo 8.1 de la Convención Americana, y el uso de prejuicios discriminatorios para fundar una decisión’” (párr. 214). 8. Derecho a la integridad personal. Condiciones de detención. No discriminación. Vulnerabilidad. Arbitrariedad. Fuerzas de seguridad. “[L]a restricción impuesta a Marta Álvarez para ejercer el derecho de visita íntima constituyó un trato discriminatorio que interfirió de forma arbitraria en su vida privada. Teniendo esto en consideración, la Comisión estima que dicha restricción en los términos en los que fue dispuesta, es decir de forma absoluta, prolongada y con base en estereotipos y prejuicios discriminatorios, resultó en un trato incompatible con el deber del Estado de asegurar que la privación de libertad no cause ‘angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención [y que] su salud y bienestar estén adecuadamente asegurados’, de manera que se garantice el respeto a la dignidad de la persona bajo las mismas condiciones aplicables a aquellas que no se encuentran bajo régimen de detención” (párr. 218). “La Comisión considera que el lenguaje utilizado por las autoridades para justificar asuntos relacionados con su situación denotan claramente que existía una fuerte aversión estigmatizante y discriminatoria en su perjuicio, lo que hizo que se ubicara en una situación de particular indefensión ante la conducta desplegada por las funcionarias y los funcionarios cuya responsabilidad era la de garantizar el respeto y protección de sus derechos” (párr. 224). “El conjunto de estas circunstancias, analizadas de manera transversal en la situación de Marta Álvarez, permiten determinar la existencia de un ambiente hostil contra su identidad, su orientación sexual y la expresión de la misma, contra las actividades de defensa y promoción de derechos de gays y lesbianas que llevó a cabo y contra los reclamos que formulaba, tanto ante las autoridades administrativas como judiciales. Este ambiente hostil fue el marco y la base del trato discriminatorio que recibió Marta Álvarez durante la privación de libertad” (párr. 225).

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