Saltar al contenido principal
Ir a buscar
Inicio
Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Internacional
Difusiones Mensuales
Boletines
Estudios sobre Jurisprudencia
Intranet
  
> Jurisprudencia > Estudio mundial sobre los niños privados de la libertad  

Jurisprudencia: Estudio mundial sobre los niños privados de la libertad

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

Estudio mundial sobre los niños privados de la libertad

Hechos relevantes del caso

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas nombró un experto independiente a fin de producir un estudio sobre los niños privados de libertad. Entre las cuestiones abordadas, se consideró la magnitud de la situación, sus posibles justificaciones y las causas fundamentales, así como las condiciones de detención y su repercusión negativa en la salud y el desarrollo de los niños. En el estudio también se identifican mejores prácticas en materia de soluciones no privativas de la libertad aplicadas por los Estados.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

11/07/2019

Voces CSJN

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; DERECHO A LA SALUD; VULNERABILIDAD; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; GÉNERO; LGBTIQ; PRISIÓN; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ACCESO A LA JUSTICIA; MIGRANTES; SALUD MENTAL; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; NO DISCRIMINACIÓN;

Decisión y argumentos

Entre sus conclusiones, el experto independiente señaló que los Estados deben crear sistemas de justicia de menores específicos con miras a la derivación, y que si no es posible adoptar medidas de derivación, debería aplicarse el principio del período más breve que proceda y, por lo tanto, no deberían poder imponerse la cadena perpetua sin posibilidad de liberación ni otras penas de encarcelamiento excesivamente largas. En este sentido, recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que ningún menor debe permanecer detenido más de 30 días sin que se presente una imputación formal, y que debe tomarse una decisión definitiva en relación con los cargos en un plazo de seis meses a partir de la fecha inicial de detención; de lo contrario, el menor debe ser puesto en libertad. Respecto de la detención de niños migrantes, sostuvo que la privación de libertad por motivos puramente relacionados con la migración no es acorde en ningún caso al contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño. A su vez, entre sus recomendaciones, consideró que los Estados deben invertir una importante cantidad de recursos en reducir las desigualdades y ayudar a las familias a fin de empoderarlas para que fomenten el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, incluidos los niños con discapacidad. Por otra parte, señaló que cuando la privación de libertad sea inevitable debido a las circunstancias particulares de un caso, solo se aplicará durante el período más breve que proceda. 1. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Personas privadas de la libertad. Condiciones de detención. “La infancia, que abarca el período transcurrido entre el nacimiento y los 18 años de edad, es la fase en la que los niños desarrollan su personalidad, sus relaciones afectivas con los demás, sus aptitudes sociales y educativas y sus talentos. El derecho internacional reconoce la familia como unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad. Los niños deberían crecer en un entorno familiar en el que reciban amor, protección y seguridad. Si por cualquier razón los niños no pueden crecer en el seno de una familia, los Estados deberán asegurarse de que reciban cuidados en un entorno de tipo familiar. El internamiento de niños en instituciones y otros centros en los que se ven o podrían verse privados de libertad es difícil de conciliar con los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño” (párr. 2). “Es posible que muchos niños se encuentren a lo largo de su infancia en un círculo vicioso de distintas situaciones de privación de libertad, que podría comenzar en un ‘orfanato’ y continuar con distintas instituciones de supervisión educativa y de rehabilitación de toxicómanos hasta concluir con el encarcelamiento y la reincidencia […]. Privar de libertad a los niños significa privarlos de su infancia” (párr. 3). “A los efectos del estudio, por ‘niño’ se entiende todo ser humano menor de 18 años de edad, según se indica en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ‘privación de libertad’ se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento de un niño en un establecimiento público o privado del que no se le permita salir por su propia voluntad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito” (párr. 6). “Al elaborar el estudio, el Experto Independiente decidió aplicar la definición amplia de ‘privación de libertad’ y ‘lugares de detención’ establecida en el artículo 11, letra b), de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad de 1990 y en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2002. Por lo tanto, el término ‘lugares de detención’ abarca todos los lugares donde los niños podrían verse privados de libertad, como los establecimientos carcelarios, las celdas policiales, los centros de prisión preventiva, los campamentos militares, los centros de asistencia social, las instituciones para personas con discapacidad o para personas adictas a las drogas o al alcohol, los ‘orfanatos’, los hogares infantiles, las instituciones encargadas de la supervisión educativa de los niños, los hospitales psiquiátricos, los centros de salud mental o los centros de detención de migrantes” (párr. 18). “Si bien los adultos pueden ser privados de libertad legalmente por diversas razones, e incluso durante largos períodos de tiempo, en el artículo 37, letra b), de la Convención sobre los Derechos del Niño se prevén límites mucho más estrictos para los niños. Además de la norma general de que ‘ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente’, esta disposición también prevé que ‘la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda’. Por ‘medida de último recurso’ se entiende que la privación de libertad de los niños solo debe utilizarse como última opción y, en principio, debe evitarse. Si la privación de libertad, como excepción a esa norma, es inevitable y estrictamente necesaria a la luz de las circunstancias específicas del caso, entonces solo podrá aplicarse ‘durante el período más breve que proceda’” (párr. 19). “Puesto que los niños se encuentran en la etapa formativa, cuando la privación de libertad puede tener efectos sumamente perjudiciales para su salud física y mental, su desarrollo y su vida, los Estados están obligados a aplicar soluciones no privativas de la libertad al tratar con ellos. Incluso en el caso de los niños que han cometido delitos, el artículo 40, párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que ‘se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la remisión condicional a prueba, el acogimiento familiar, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción’. Con esta amplia lista de soluciones no privativas de la libertad, la Convención sobre los Derechos del Niño indica claramente que la privación de libertad de los niños deberá evitarse en la medida de lo posible. Cuando los niños son derivados del sistema de justicia penal al sistema de asistencia social, el principio de ‘medida de último recurso’ se aplica igualmente para protegerlos de la privación de la libertad en toda clase de instituciones, en particular a aquellos con discapacidad. Los Estados deberán hacer todo lo que esté en sus manos por que los niños permanezcan dentro de la familia extensa y, de no ser posible, dentro de la comunidad en un entorno de tipo familiar” (párr. 20). “El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que todos los niños deben tener derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta […]. El proceso de consulta puso de relieve la importancia de escuchar directamente de los niños las experiencias que han vivido […]. Muchos niños también se enfrentaban a barreras para contactar con sus familias y tenían problemas para recibir apoyo a la reintegración. Señalaron que no era fácil que les tuvieran en cuenta en las decisiones que se adoptaban sobre ellos. Los resultados indican que los niños privados de libertad sufren miedo, aislamiento, traumas y daños, además de discriminación, estigmatización y desempoderamiento” (párrs. 23 y 24). 2. Niños, niñas y adolescentes. Personas privadas de la libertad. Derecho a la salud. Vulnerabilidad. Condiciones de detención. Hacinamiento. “A través de la investigación llevada a cabo para el estudio por un grupo de distinguidos académicos y profesionales de la salud, se trataron de analizar las repercusiones que tiene la privación de libertad de los niños para su salud física y mental. La investigación, basada en más de 7.000 artículos científicos, pone de manifiesto que las circunstancias específicas de la retención son directamente nocivas para la salud mental y física de los niños en todas las situaciones de privación de libertad” (párr. 26). “Si bien hay una gran cantidad de pruebas de que los niños que sufren privación de libertad tienen una salud deficiente, los estudios demuestran que hay pocas pruebas científicas de que la retención sea el factor principal que cause los problemas de salud, ya que estos niños suelen pertenecer a los grupos más desfavorecidos y discriminados, con problemas de salud preexistentes o concurrentes” (párr. 27). “La investigación demuestra que la exposición a condiciones de privación de libertad insalubres aumenta el riesgo de infecciones. El hacinamiento en lugares de detención junto con personas con enfermedades contagiosas e infecciones de transmisión sexual promueve su propagación. Las restricciones innecesarias al movimiento y la actividad física afectan negativamente al desarrollo físico de los niños” (párr. 28). “Muchos de los niños privados de libertad sufren trastornos por estrés postraumático, en particular cuando se los recluye en régimen de aislamiento. El maltrato o el abandono de los niños durante la privación de libertad suelen producir o agravar problemas de salud mental y cognitiva, como la ansiedad, la depresión, el retraso del desarrollo e incluso la regresión del idioma. En algunos casos, la gravedad de los trastornos psiquiátricos de los niños durante la privación de libertad se multiplica por diez en comparación con su salud mental antes de esta” (párr. 29). 3. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. Condiciones de detención. Trato cruel, inhumano o degradante. “Los niños con discapacidad están excesivamente representados en la privación de libertad en el contexto de la administración de justicia y las instituciones. Se estima que 1 de cada 3 niños internados en instituciones tiene alguna discapacidad” (párr. 31). “La raíz del problema suelen ser los estigmas y las ideas erróneas. Los niños con discapacidad se ven privados de libertad a fin de acceder a servicios que deben prestarse dentro de la comunidad, como la educación, la atención de la salud o la rehabilitación. Las familias suelen carecer de apoyo financiero y social para facilitar a su hijo la atención necesaria, o para poder hacer frente a la prestación de cuidados de manera ininterrumpida” (párr. 32). “Además, esos niños también sufren formas de privación de libertad especiales relacionadas con su discapacidad. Debido al hecho o a la presunción de que sufren una deficiencia, estos niños son sistemáticamente internados en instituciones, ingresados contra su voluntad en establecimientos de salud mental y privados de su libertad en instalaciones forenses, en el hogar y en otros entornos comunitarios, a menudo en condiciones deplorables. Estas prácticas tienen lugar en un conjunto de Estados que difieren en cuanto a su situación económica y social o a su tradición jurídica. No obstante, comparten características, razonamientos y justificaciones comunes derivados del modelo médico de discapacidad” (párr. 33). “Los niños con discapacidad privados de libertad están expuestos a un mayor riesgo de violencia, maltrato y explotación, los cuales pueden equivaler a tortura u otras formas de malos tratos, como ser inmovilizados, encadenados, aislados o golpeados por el personal como forma de control o castigo” (párr. 34). 4. Niños, niñas y adolescentes. Género. LGBTIQ. Prisión. Condiciones de detención. Estereotipos de género. “Las niñas suelen ser delincuentes sin antecedentes penales y responder al efecto disuasorio del encarcelamiento. Otra explicación es la actitud ‘caballerosa y paternalista’ de muchos jueces y fiscales varones de los sistemas de justicia de menores que asumen, conforme a estereotipos de género tradicionales, que las niñas necesitan más protección que los niños” (párr. 36). “Aunque la mayoría de los Estados permiten a las madres condenadas convivir en establecimientos carcelarios con sus hijos de corta edad, solo ocho Estados lo permiten explícitamente en el caso de los padres. Incluso en los territorios donde los padres que son cuidadores principales pueden convivir con sus hijos, los establecimientos carcelarios carecen (casi) por completo de ‘unidades para padres e hijos’, de modo que prácticamente ningún niño reside en ellos con su padre” (párr. 37). “Mientras que los niños están excesivamente sujetos a la privación de libertad, las niñas suelen ser víctimas de discriminación por razón de género. La investigación llevada a cabo para el estudio muestra que las niñas tienen más probabilidades de ser detenidas por delitos en razón de la condición personal debido a su comportamiento y no en una verdadera actividad delictiva, por ejemplo, debido a la actividad sexual, el absentismo escolar y la fuga del hogar. Las niñas que viven en la calle son particularmente vulnerables, ya que a menudo son detenidas con fines de prostitución. Si los Estados tipifican el aborto como delito, las niñas se encuentran en riesgo de encarcelamiento, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación” (párr. 38). “Los niños pertenecientes a la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) tienen más probabilidades de ser detenidos y encarcelados por delitos en razón de la condición personal, sobre todo como consecuencia de su actividad sexual y de la expresión de su orientación sexual e identidad de género. Los niños LGBTI están excesivamente representados en los centros de justicia de menores y en las instituciones sanitarias. Por lo general, se los interna en centros de detención inadecuados desde el punto de vista del género y son especialmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo” (párr. 39). 5. Acceso a la justicia. Interés superior del niño. Violencia. “Un amplio conjunto de normas internacionales de derechos humanos da testimonio de la firme determinación política y jurídica de la comunidad internacional de evitar la privación de libertad de los niños en la administración de justicia. Dicho marco jurídico ya ha contribuido a la creación de sistemas de justicia de menores especializados, a la adopción de soluciones no privativas de la libertad y a una disminución del número de niños privados de libertad. No obstante, cada año sigue habiendo por lo menos 410.000 niños privados de libertad en centros de prisión preventiva y establecimientos carcelarios. Esta cifra no incluye a los aproximadamente 1 millón de niños sometidos anualmente a detención policial” (párr. 40). “Estos datos sugieren que la privación de libertad en el contexto de la administración de justicia sigue utilizándose de manera excesiva. Hay varias razones que explican este fenómeno, las cuales empiezan antes del sistema de justicia penal y lo trascienden (por ejemplo, la falta de sistemas de bienestar infantil eficaces, la falta de apoyo a los entornos familiares, la excesiva criminalización, la baja edad mínima de responsabilidad penal, la imposición de penas duras, la discriminación, razones socioeconómicas o la falta de recursos en la administración de justicia)” (párr. 41). “En tiempos de globalización y complejos cambios sociales, existe una mayor necesidad de apoyar a las familias, las comunidades, las escuelas y los sistemas de bienestar infantil. Los instrumentos existentes para una cooperación interinstitucional estructurada entre los servicios de bienestar infantil, protección social, educación, salud, la aplicación de la ley y el sistema judicial, a fin de crear sistemas de protección infantil integrales y aplicar políticas de prevención e intervención temprana, siguen estando infradesarrollados o no son eficaces” (párr. 42). “En lugar de recurrir a la prevención, los Estados suelen aplicar políticas represivas y punitivas que conducen a una criminalización excesiva. Conductas que son típicas de los niños se penalizan como ‘delitos en razón de la condición personal’, en virtud de los cuales se los acusa y detiene por absentismo escolar, abandono del hogar, desobediencia, consumo del alcohol en la minoría de edad, actividad sexual consentida entre adolescentes, comportamientos ‘disruptivos’ y prácticas contra las tradiciones y la moral” (párr. 43). “La violencia sigue siendo endémica en todas las etapas de la privación de libertad en la administración de justicia. El uso de los castigos corporales y otros medios violentos de control y disciplina, así como el uso excesivo de medidas de inmovilización y de la reclusión en régimen de aislamiento, son prácticas que persisten en muchos Estados” (párr. 47). 6. Niños, niñas y adolescentes. Prisión. Condiciones de detención. Interés superior del niño. “La posibilidad de que los niños residan en un establecimiento carcelario con un cuidador detenido plantea innumerables consideraciones complejas, empezando por la propia pregunta de si se debería permitir esta práctica, puesto que tanto la exposición del niño a la privación de libertad como la separación de su cuidador principal tienen consecuencias adversas” (párr. 50). “La investigación realizada para el estudio refleja una escasez general de establecimientos carcelarios adecuados, como establecimientos con unidades materno-infantiles específicas u otras instalaciones especiales para la atención y el tratamiento pre-, peri- y posnatales” (párr. 53). “Si llegara el momento de la separación del niño y el cuidador debido a los límites de edad impuestos para la convivencia en establecimientos carcelarios, se debe llevar a cabo una preparación cuidadosa de la partida del niño con suficiente antelación y facilitar la posibilidad de mantener el contacto. Las respuestas al cuestionario muestran que no siempre existen ese tipo de políticas o no se aplican en la práctica. Además, no siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño ni se examinan las modalidades alternativas de cuidado” (párr. 54). 7. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Personas privadas de la libertad. Interés superior del niño. Derecho a la salud. Salud mental. “La investigación realizada para el estudio indica que la privación de libertad de niños relacionada con la migración no puede considerarse una medida de último recurso y nunca redunda en el interés superior del niño, por lo que debería prohibirse en todos los casos” (párr. 56). “La práctica de los Estados que no internan a niños en los centros de detención de migrantes pone de manifiesto que es posible lograr los intereses legítimos del Estado en lo relativo a la regulación de la migración mediante respuestas normativas a través de las que se aplican soluciones no privativas de la libertad. Entre ellas cabe mencionar el alojamiento abierto y adaptado a los niños en sistemas de protección infantil desconectados de las políticas migratorias y las autoridades, la facilitación de información de manera periódica, las familias de acogida y otros arreglos que dan prioridad al interés superior de los niños” (párr. 58). “Independientemente de las condiciones de detención, las pruebas disponibles muestran que la privación de libertad por motivos de inmigración es perjudicial para la salud física y mental de los niños y los expone al riesgo de sufrir abusos y explotación sexual. Los informes han revelado que agrava los problemas de salud existentes y provoca otros nuevos, como ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y trastorno por estrés postraumático” (párr. 60). 8. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Reunificación familiar. No discriminación. Interés superior del niño. “Entre las vías que llevan a los niños a ser separados innecesariamente de sus familias figuran la situación socioeconómica, la discriminación, la violencia en la familia y la falta de acceso a servicios esenciales (por ejemplo, sanidad, educación, rehabilitación o tratamiento). Algunos niños terminan internados en instituciones debido a una aplicación incorrecta del principio del interés superior del niño. En algunos casos, los sistemas que favorecen a las instituciones se caracterizan por el lucro o la mercantilización del cuidado infantil. Muchos Estados carecen de sistemas de control, necesarios para evitar el acogimiento de un niño bajo cuidados externos a los familiares directos y para garantizar que todo acogimiento responde a las necesidades y las preferencias del niño” (párr. 63). “Las pruebas demuestran que las instituciones suelen caracterizarse por ser mecanismos de alojamiento intrínsecamente perjudiciales para los niños. Algunas de sus características son la separación y el aislamiento de la familia y la comunidad en general, la convivencia forzada, la despersonalización, la falta de atención individual y amor, la inestabilidad de las relaciones con los cuidadores, la falta de receptividad de los cuidadores, la falta de autodeterminación y rutinas fijas que no se adaptan a las necesidades y preferencias del niño” (párr. 64).

Otra jurisprudencia relacionada

Observación General 24 

Tribunal

Asamblea General de las Naciones Unidas

Presentaciones relacionadas

 
Historial de versionesHistorial de versiones

Nombre

Titulo

Hechos relevantes del caso

Categoria

Fecha

Voces CSJN

Decisión y argumentos

Otra jurisprudencia relacionada

Tribunal

Presentaciones relacionadas

Estado de aprobación
Versión:
Creado el por
Última modificación realizada el por