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Jurisprudencia: MJGP (reg. N° 1373 y causa Nº 48859)

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Titulo

MJGP (reg. N° 1373 y causa Nº 48859)

Hechos relevantes del caso

Una fiscalía investigaba la elaboración de documentos públicos falsos que facilitaban la obtención de la ciudadanía europea y el pase de jugadores de fútbol a Europa. En ese contexto, denunció ante la cámara federal que tales hechos podrían guardar relación con maniobras de evasión fiscal. Sobre esa base, se dio intervención a un juzgado y la fiscalía interviniente requirió la instrucción del expediente a los fines de investigar maniobras de lavado de activos de origen ilícito. El juzgado ordenó que se realizaran tareas de investigación en dieciocho empresas. Sus resultados arrojaron que dichas firmas se encontraban vinculadas al fútbol y a representantes de deportistas. Sobre la base de esos informes, se dispuso la intervención de once líneas telefónicas. Ninguno de los individuos cuyas comunicaciones fueron interceptadas había sido mencionado por el requerimiento de instrucción. Luego, el juzgado consideró que existían “maniobras de evasión tributaria y de fraudes” y ordenó 113 allanamientos y 13 detenciones. El juzgado dictó su procesamiento por el delito de lavado de dinero. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de apelación. Entre otras cuestiones, solicitaron la nulidad de las intervenciones telefónicas dispuestas y de todos los actos dictados en consecuencia, por considerar que habían sido dictadas sin la debida fundamentación.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

29/10/2013

Voces CSJN

INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES; DEBER DE FUNDAMENTACIÓN; CONSTITUCION NACIONAL; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; DERECHO A LA INTIMIDAD; DERECHO A LA PRIVACIDAD; DERECHO DE DEFENSA; DEBIDO PROCESO; PRUEBA; APRECIACION DE LA PRUEBA; ARBITRARIEDAD; LAVADO DE DINERO; DECLARACIÓN INDAGATORIA; AUTO DE PROCESAMIENTO;

Decisión y argumentos

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad del requerimiento de instrucción y de todo lo actuado en consecuencia y sobreseyó a los imputados (jueces Ballesteros, Farah y Freiler). 1. Prueba. Apreciación de la prueba. Arbitrariedad. “[L]a denuncia que originó la pesquisa y el requerimiento de instrucción que la continuó resultaron ser extremadamente vagos e imprecisos. Esas deficiencias, al no haber sido subsana-das más adelante en el proceso, se tradujeron en actos que acarrearon perjuicios reales y concretos para las partes, no sólo porque la imputación, a consecuencia de ello, resultara confusa y genérica, sino porque se ordenaron medidas de prueba invasivas […] sin que se hubiera definido mínimamente cuáles serían los ‘hechos’ precisos sobre los que versaba la investigación”. “[L]a resolución en crisis está conformada por un compendio de datos totalmente desconectados entre sí; por transcripciones de escuchas telefónicas que, en su mayoría, resultan ser incomprensibles; por listados de documentación que el Juez mencionó pero no analizó; por nombres de empresas cuya actividad no se explica y por afirmaciones genéricas que no se reflejan, de una manera lógica, en el desarrollo de la prueba enumerada. En suma, por un conjunto de constancias que, aunque acumuladas al legajo, son incapaces de ser consideradas ‘probanzas’ por una única y sencilla razón: la inexistencia de un hecho histórico que las aglutine”. 2. Lavado de dinero. Declaración indagatoria. Auto de procesamiento. “En síntesis, no se explicó detalladamente cuáles eran los eventos que se atribuían, cuál sería el dinero ‘lavado’, de qué operación derivaría, cuáles eran las cuentas y los bancos utilizados en cada una de esas hipotéticas operaciones, cómo, dónde y cuándo se habría realizado la maniobra en cuestión, y demás aclaraciones indispensables para garantizar la defensa de la parte y, por otro lado, demostrar un mínimo conocimiento de las razones que motivaron la sospecha a la que alude el art. 294 del C.P.P.N. Al igual que en el auto de procesamiento, entonces, la descripción formulada en esa oportunidad no refiere a ‘hechos’ o ‘conductas’ concretas sino a datos aislados, lo cual redunda en la existencia de un objeto procesal inconcluso”. 3. Auto de procesamiento “[E]l acto objetado demuestra un grave y preocupante desapego a las reglas que rigen el procedimiento penal, pues en toda su extensión omite definir cuáles serían los hechos concretos sobre los cuales versa. Se alude a toda una asociación ilícita sin preocuparse por definir su dinámica. Se menciona que ‘se habría cometido el delito de lavado de activos de origen ilícito’ sin especificar qué bienes habrían sido sometidos a la maniobra, en virtud de qué operación ilícita concreta y a través de qué medios. Se incluyen extensos análisis de figuras penales en abstracto, pero no se reflexiona acerca de cuál sería la plataforma fáctica que reclamaría su aplicación. La única certeza que brindan los pasajes transcriptos es la de la más absoluta in-certidumbre acerca del objeto sobre el cual el juez ha pretendido pronunciarse. En estos términos, ningún auto de procesamiento es capaz de superar el estándar de validez impuesto por el art. 123 del ordenamiento ritual”. 4. Intervenciones telefónicas. Constitución Nacional. Interpretación de la ley. Derecho a la intimidad. “Con relación a la raíz constitucional de los derechos restringidos o interferidos mediante los actos en crisis, el artículo 18 de la Constitución Nacional prescribe, junto con la garantía de la inviolabilidad de domicilio, la de la protección de las comunicaciones interpersonales privadas, dentro de las que se encuentran, lógicamente, las cursadas por medio del servicio público telefónico […]. Al respecto, vale aclarar […] que la protección de las comunicaciones interpersonales también es abarcada por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Esta norma protege las comunicaciones privadas que no afectan a terceros, ni al orden, ni a la moral pública. Éstas, están siempre exentas del conocimiento de terceros, y, en su caso, si son conocidas por un acto estatal, deben proveerse los medios posibles para restaurarlas a la esfera íntima. En cambio, cuando el contenido de las comunicaciones afecta a terceros o al orden o la moral pública, la comunicación no pertenece ya al ámbito de las acciones privadas del artículo 19 de la C.N. y no está ya exenta de la injerencia estatal. Ello no significa entonces que pierda toda inmunidad contra el conocimiento de terceros, sino que rige aquí el artículo 18 de la C.N., en el sentido de que la ley debe determinar en qué casos y bajo qué justificativos pro-cede su conocimiento y ocupación. La inmunidad del artículo 19 es material, pues sólo alcanza a las comunicaciones que no afectan a terceros, mientras que la del 18 es formal, pues concede inmunidad sin importar su contenido, esto es, incluso a las comunicaciones que podrían afectar a terceros, salvo en los supuestos en que la ley autoriza la injerencia. Todo lo expuesto obliga a concluir que la validez de una injerencia estatal en derechos consagrados constitucionalmente está supeditada, por un lado, a la existencia de motivos suficientes e idóneos que funden las restricciones de esos derechos y, por otro, a la exterioriza-ción objetiva de esos motivos o fundamentos (requisito de la motivación). Con respecto a las órdenes de intervención telefónica y de allanamiento, no es menor el hecho que la Corte haya reconocido sólo en los jueces la posibilidad de extender órdenes de esta índole […], a pesar de que esta circunstancia no emane de la letra del artículo 18 de la C.N. […]. Esta interpretación tiende a proteger de la manera más fuerte la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad contra actos estatales” 5. Intervenciones telefónicas. Deber de fundamentación. “[L]uce evidente que las escuchas telefónicas ordenadas […] devienen inválidas. Cabe recordar que las razones exteriorizadas por el Juez para ordenar dicha medida excepcional, en to-dos los supuestos, fueron: la ‘sospecha’ […]. Dichos argumentos se contradicen con lo establecido por los artículos 123 y 236 del C.P.P.N. Es que, lejos del espíritu plasmado en las normas citadas, las razones expuestas por el Magistrado dejan entrever que en realidad decretó las providencias a la espera de que las conversaciones de los ‘eventuales imputados’ le permitieran definir, en presencia de un requerimiento de instrucción particularmente ambiguo e impreciso, el objeto procesal del expediente (designio que, de todos modos, no pudo ser alcanzado), en una auténtica ‘excursión de pesca’ inaceptable en un Estado de Derecho”. 6. Deber de fundamentación. Derecho de defensa. Debido proceso. “Resulta necesario resaltar que tanto la forma republicana de gobierno impuesta por nuestra Carta Magna, como la garantía constitucional de la defensa en juicio, exigen que las sentencias tengan una motivación suficiente y objetiva. Paralelamente, la garantía de la defensa en juicio y el consecuente principio del debido proceso legal, obligan a los jueces a fundar o motivar no sólo sus sentencias finales, sino también todas aquellas decisiones anteriores que restrinjan o constituyan injerencias en un derecho fundamental. Este requisito satisface distintas funciones. En primer lugar, evita la arbitrariedad judicial y permite el control por los órganos judiciales que tienen facultad de revisión de tal clase de decisiones […]. Asimismo, fuera del proceso, la motivación cumple una función de prevención general positiva, en cuanto fortalece el convencimiento social de que los jueces no actúan movidos por criterios arbitrarios, sino sometidos a la Constitución y a las leyes, pues en esta fe reposa su autoridad”. “Es que `[r]esulta evidente que para que la revisión jurisdiccional de un acto sea posible, los fundamentos de la decisión a revisar deben ser explícitos, por lo cual, se debe exigir inexcusablemente que ellos queden plasmados convenientemente. Si pudieran quedar ocultos, en la psique del funcionario, ello significaría el reconocimiento de su arbitrio, admitir que puede resolver según su leal saber y entender, siguiendo su instinto, en otras palabras, su `olfato´ profesional. Nada valdría entonces la protección del ciudadano frente a las injerencias estatales sobre su persona. No es esta la interpretación que corresponde dar a las normas en juego. Ellas no establecen un ámbito de ponderación discrecional, sino que, antes bien, es imprescindible por imperio legal que se den a conocer las razones suficientes, pues sólo de este modo es factible preservar el necesario control judicial del respeto de las garantías durante el proceso penal’”.

Otra jurisprudencia relacionada

Quaranta; Acordada CSJN 17-2019 

Tribunal

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I

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