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Jurisprudencia: Aliaga Zamora (causa Nº 35722)

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Titulo

Aliaga Zamora (causa Nº 35722)

Hechos relevantes del caso

Una persona fue condenada a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia de estupefacientes, cometido en el año 2012. Luego, en 2017 fue imputada por el delito de hurto simple. En la etapa de juicio suscribió un acuerdo conciliatorio con la víctima, que fue presentado antes de la audiencia de debate. El día del juicio la defensa solicitó que se realizara la audiencia de conciliación y se extinguiera la acción penal de su asistida. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al acuerdo por considerar que el instituto no se encontraba vigente. Sin embargo, agregó que aún si se encontrara vigente, el pedido resultaba extemporáneo porque debía presentarse antes de la elevación a juicio o al momento de ofrecer la prueba. Además, sostuvo que la fiscalía no debía representar los intereses de la víctima, sino aquél que tenía el Estado en que la imputada cumpliera en prisión con la pena impuesta en el hecho anterior, sumada a la que se impusiera por el hurto.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

25/04/2019

Voces CSJN

CONCILIACIÓN; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; OPOSICIÓN FISCAL; ARBITRARIEDAD; VICTIMA; DERECHO A SER OIDO; PLAZO; IGUALDAD; DERECHOS OPERATIVOS; PRINCIPIO DE LEGALIDAD; LEY PENAL MÁS BENIGNA; PRINCIPIO PRO HOMINE; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL; CÁRCELES; EMERGENCIA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; POLÍTICA CRIMINAL; HURTO;

Decisión y argumentos

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5, de manera unipersonal, homologó el acuerdo conciliatorio, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a la imputada (jueza Ruiz López). 1. Conciliación. Vigencia de la ley. Extinción de la acción penal. “El derecho a la extinción de la acción penal por conciliación no puede depender de la exigencia de un requisito inexistente en la letra de la ley. Las deducciones sobre el espíritu de esa ley no condicen con la inacción del poder legislativo, que en más de tres años no restó vigencia al instituto, ni sumó requisitos. El devenir de la conciliación fue tributario del impacto de la suspensión del código procesal ya promulgado y con fecha de entrada en vigencia. La sorpresiva decisión del Poder Ejecutivo aportó más confusión de la que merece la situación concreta de la conciliación. […] Sí es irrebatible, que los derechos que consagran las normas vigentes en todo el territorio de nuestro país deben ser aplicados por los tribunales, aunque carezcan de un correlato procesal…”. 2. Conciliación. Vigencia de la ley. Igualdad. “La constatación de que en varias jurisdicciones del país está aplicándose la extinción de la acción penal por conciliación y, en otras se opta por negar la vigencia de la extinción prevista en el artículo 59, inc. 6° del Código Penal, demuestra, sin duda, que se produce una inadmisible lesión al principio de igualdad, reconocido en el artículo 16 de la CN. […] Argumento ineludible en favor de la vigencia en todo el país de la extinción de la acción penal por conciliación. La remisión a los ordenamientos procesales que hace el Código Penal, definitivamente no obsta a la aplicación de ese instituto”. “Es necesario considerar que la conciliación se ha concedido en un desigual tipo de delitos: intimidación pública; apropiación de cosa ajena; robo agravado; defraudación a la administración pública; falsificación de documento privado equiparable a público; lesiones leves y graves; cheques sin fondo; defraudación; hurto; estafa; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta, entre otros. Amplio espectro penal, en el que algunos delitos son graves, a diferencia del delito imputado en esta causa, delito que por ser menor resta vigor a los reparos de la Fiscalía en la fundamentación del interés público por el hurto, materia de esta causa”. 3. Conciliación. Plazo. Interpretación de la ley. Principio de legalidad. Ley penal más benigna. Principio pro homine. “[E]l Código Procesal Penal vigente [no veda] la posibilidad de presentar el acuerdo de conciliación como se hizo, porque nada dice de la conciliación y, por otra parte, a todo evento el debate en la causa no estaba abierto. El silencio de nuestra ley procesal impide negar trámite de un instituto de fondo, de lo contrario sería una interpretación in malam partem. Por eso, ante la duda debe estarse a la interpretación amplia de la ley, debiendo los tribunales entenderla letra de ley desde los derechos y garantías de los que deben gozar los justiciables y su limitación debe ser excepcional y de aplicación restrictiva -in re ‘Acosta’, CSJN-. El carácter de última ratio del derecho penal exige la preeminencia de los principios de legalidad; ley penal más benigna y pro-homine, garantizando la igualdad ante la ley y, en especial, estar a la interpretación que más favorezca la resolución del conflicto. Entiendo que al ser tan joven este instituto en esta jurisdicción, son entendibles los titubeos procesales”. 4. Oposición fiscal. Arbitrariedad. “En caso de oposición fiscal es admisible el control jurisdiccional, limitado a cuestiones precisas y sin interferir en la labor específica del aquél. Control en aras de que un rechazo formal del instituto limite el derecho de quienes lo reclaman en concreto. [L]os jueces que consideran vigente los institutos del inciso artículo 59 inciso 6° del Código Penal, exigen el consentimiento fiscal, siempre que su oposición no sea irracional. […] Es decir, que el dictamen fiscal no es automáticamente vinculante, ya que debe ser sometido al análisis de los extremos legales en que se basa y a las circunstancias específicas del caso que se juzga”. “[L]a postura del fiscal, en cuanto afirma que el interés público perseguido por el Estado es reafirmar la vigencia de las normas, es una opinión que no puede ser considerada como argumento válido y exigible en el marco en que lo plantea”. 5. Ministerio Público Fiscal. Víctima. Derecho a ser oído. “[D]e la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, de las resoluciones de ese ministerio y de la Constitución Nacional emana inequívocamente, que una de las funciones del Ministerio Público Fiscal, es representar a las víctimas de delitos, asistiéndolas durante el proceso y teniendo especial consideración con lo que ellas plantean. La razón de política criminal alegada fue teórica y no se justificó [por qué] aplicar ese criterio, en detrimento de otros que contribuyan a asegurar la paz social y componer los conflictos que se generan en la comunidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”. 6. Cárceles. Emergencia. Política criminal. Hurto. “Aludo, en especial, a la reciente declaración de emergencia nacional del sistema penitenciario, por un plazo de tres años, por la superpoblación y el hacinamiento que sufren los internos, en las unidades del Servicio Penitenciario Federal. En la audiencia, el Fiscal clamó por la prisión por un hurto que la víctima y su representante con vehemencia insistieron en que no se lleve a juicio. El Fiscal aseguró que el Estado tiene un especial interés en que la imputada Aliaga Zamora cumpliera en prisión un año y ocho meses por un hecho del 2012 más la pena por el hurto no juzgado -que ella tampoco hoy debe a nadie-. Pero, más allá del énfasis del Fiscal, en querer ver en prisión a la imputada, debía justificar porque hoy pretende que ella cumpla con una pena cuya ejecución quedó en suspenso. Es decir que, hasta ahora, el Estado no es acreedor de nada, a su respecto. No se ha debatido la causa del hurto, que de tener que ir a juicio, lo real es que no se sabe si en la sentencia se absolverá o se condenará. Es pertinente recordar que los operadores del servicio de administración de justicia no pueden ser indiferentes, ni ignorar el dolor que supone la cárcel en sí misma y el plus de sufrimiento existente ahora, reconocido por los propios responsables de la supervisión de los recluidos en los institutos carcelarios. Déficit y deuda verdadera del Estado con la comunidad. Cuyo incumplimiento supone un quebrantamiento de orden constitucional”. “Una pena desproporcionada en relación al injusto reprochado es ilegal e inhumana y no puede ser utilizada como razón de política criminal bajo riesgo de afectar derechos y garantías consagrados en el sistema interamericano de derechos humanos. Por ello, descarto la razón de política criminal que alegó el fiscal, no porque esté usurpando el lugar del titular de la acción penal, sino porque los fundamentos que brindó en su dictamen son contrarios a la situación actual del sistema penal/penitenciario y a las reglas que rigen la función del MPF, deviniendo este dictamen arbitrario por violación a principios constitucionales y por una manifiesta desproporción en relación al delito que se reprocha -un hurto-. La oposición a la concesión del instituto formulada por el Fiscal, en este caso, no exige acatamiento obligatorio por varias razones: no consideró razonablemente la ley vigente y su alusión a la jurisprudencia, al ser parcial, no era un sostén suficiente de lo que esgrimía”.

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Tribunal

Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de la Capital Federal

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