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> Jurisprudencia > Yrusta, RA v. Argentina  

Jurisprudencia: Yrusta, RA v. Argentina

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Titulo

Yrusta, RA v. Argentina

Hechos relevantes del caso

En 2005 una persona había sido condenada a una pena de ocho años de prisión. Durante su detención en una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba, recibió golpes, fue asfixiada por miembros del Servicio Penitenciario y, entre otras cosas, permaneció en celdas de aislamiento por largos períodos de tiempo. En 2012, denunció esos hechos ante los tribunales de la provincia y, temiendo por su vida, solicitó ser trasladado a Santiago del Estero, donde vivía parte de su familia. A pesar de su petición, se lo alojó en la provincia de Santa Fe. A su llegada, se lo ubicó en celdas de aislamiento y castigo y prosiguieron los malos tratos. Sus familiares desconocían el lugar en el que se encontraba, por lo que efectuaron diversas consultas a los Servicios Penitenciarios provinciales. Estas presentaciones no obtuvieron ninguna respuesta de los organismos estatales. Cuatro meses antes de la fecha prevista para acceder a la libertad asistida y diez meses antes de su libertad definitiva, se informó que Yrusta se había ahorcado en su celda. Sin perjuicio de ello, no se identificaron evidencias de ahorcamiento. Días más tarde, sus familiares solicitaron el patrocinio del Defensor General de la provincia para que se investigara su muerte. Sin embargo, el juez rechazó el patrocinio del Defensor General por “carecer […] de legitimación activa para actuar en el carácter invocado”. Además, se le impidió a las peticionarias seguir con los procedimientos judiciales y acceder a copias del expediente judicial del caso.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

31/01/2019

Voces CSJN

CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; TRASLADO DE DETENIDOS; TORTURA; VICTIMA; QUERELLA; DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; ACCESO A LA JUSTICIA; FAMILIA; RECURSOS; PLAZO RAZONABLE;

Decisión y argumentos

El Comité contra la Tortura consideró que la República Argentina era responsable por la violación del artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 1, y los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Convención. 1. Querella. Acceso a la justicia. Plazo razonable. “[E]l Comité nota que de la información disponible no se deriva la existencia de una comunicación entre las autoridades de la administración provincial y los centros de asistencia judicial, con objeto de resolver el problema de la legitimación procesal o el patrocinio jurídico de las autoras para constituirse en querellantes en la causa conocida por la justicia provincial. El Comité también toma nota de que han pasado más de cinco años desde la primera petición de constitución de querellantes de las autoras, en febrero de 2013, hasta tal punto que la lesión del derecho a acceder efectivamente a la justicia y conocer la verdad de lo sucedido resulta irreversible, sin que el Estado parte haya entregado una solución satisfactoria a este respecto, ya sea permitiendo que las autoras se constituyan como querellantes o que se les reconozca de manera efectiva los derechos que les corresponden en su calidad de víctimas. El Estado parte no ha ofrecido argumentos convincentes para justificar el retraso en resolver la petición de las autoras de tener una participación efectiva en la investigación penal. Producto de la incapacidad de las autoras de obrar como querellantes, y de participar en los procedimientos judiciales e investigativos relacionados con el caso de su hermano y hacer efectivos los recursos internos disponibles […]. El Comité considera que el proceso de investigación sobre las causas de la muerte del Sr. Yrusta se ha prolongado de manera excesiva, cuestionando la efectividad que podrían haber tenido los remedios judiciales domésticos a disponibilidad de las autoras” (párr. 6.4). “Por consiguiente, el Comité considera que los recursos internos relacionados con la petición de constitución de querellantes de las autoras han sido excesivamente prolongados, mientras que otros tipos de recursos no han estado disponibles para ellas. En vista de lo anterior, el Comité concluye que la regla de agotamiento de recursos internos no es obstáculo para la admisibilidad de las alegaciones de las autoras en el presente caso, debido a la demora excesiva y a la falta de acceso a ciertos recursos a nivel interno” (párr. 6.5). 2. Cárceles. Condiciones de detención. Traslado de detenido. Tortura. “[E]l Comité resalta que los Estados partes están en una posición especial de garantes de los derechos de las personas privadas de la libertad, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre ellas [hay nota]. Por lo tanto, se encuentran especialmente obligados a garantizar a las personas privadas de libertad los derechos establecidos en la Convención y a tomar medidas eficaces para que, entre otras cosas, la privación de la libertad no pueda convertirse en ningún momento en una detención en secreto y desaparición forzada, o que pueda facilitar la comisión de actos de tortura u otros malos tratos en contra de quienes están privados de libertad. [E]l Comité considera que el Estado parte ha vulnerado el artículo 2 de la Convención, al no haber adoptado medidas eficaces para impedir los eventuales actos de tortura cometidos contra el Sr. Yrusta. El Comité toma nota asimismo del argumento de las autoras según el cual se habría violado el artículo 11 porque el Estado parte no efectuó el examen necesario del tratamiento que le fue dispensado al Sr. Yrusta durante los traslados entre distintos centros penitenciarios y su detención, así como la falta de controles judiciales o ausencia de registros adecuados durante su encarcelamiento. A falta de una información convincente del Estado parte que demuestre que supervisó las condiciones de reclusión del Sr. Yrusta, el Comité llega a la conclusión de que el Estado parte ha vulnerado el artículo 11 de la Convención” (párr. 7.3). “En este contexto, el Comité recuerda que la investigación sobre alegaciones de tortura impone la obligación del Estado parte de verificar los hechos y revelar pública y completamente la verdad, en la medida en que esa verdad no cause más daño o atente contra la seguridad y los intereses de las autoras de la presente queja” (párr. 7.9). 3. Familia. Víctima. Querella. Plazo razonable. “[D]e conformidad con el artículo 14 de la Convención, el concepto de ‘víctima’ comprende a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencias de actos u omisiones que constituyan una violación de la Convención [hay nota]. Este concepto de víctima también comprende a la familia inmediata, como son las hermanas del Sr. Yrusta, las autoras de la presente queja. El Comité observa que el Estado parte no presenta argumentos que permitan concluir que las hermanas del Sr. Yrusta no entran dentro de esa categoría. Más bien, el Comité considera que la angustia y el sufrimiento causados a las autoras por la falta de información que permitiera el esclarecimiento de lo ocurrido a su hermano está agravado por el no reconocimiento, de hecho, de su condición de víctima, el cual se convierte en un factor de revictimización incompatible con los principios de la Convención16. El Comité considera que, en el presente caso, el simple hecho de tardar más de cinco años en permitir que las autoras participen como querellantes en el proceso de investigación entraña, de por sí, la violación de los artículos 12, 13, y 14, párrafo 1, de la Convención. Transcurrido un plazo tan dilatado, la posibilidad de participar activa y eficazmente en el proceso se reduce considerablemente, hasta tal punto que la lesión del derecho resulta irreversible, en violación del derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener una reparación” (párr. 7.10).

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Yrusta v. Argentina 

Tribunal

Comité contra la Tortura - CAT

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