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> Jurisprudencia > Chernev v. Rusia  

Jurisprudencia: Chernev v. Rusia

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Titulo

Chernev v. Rusia

Hechos relevantes del caso

Chernev fue detenido por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas el 14 de junio de 2007. Entonces, varios agentes de policía le propinaron puñetazos y patadas en la cabeza, lo que le hizo perder el conocimiento. Luego, fue trasladado a la comisaría, donde lo registraron en presencia de testigos. Antes de proceder de esta forma, le dieron una botella de agua y le ordenaron que se lavara la sangre de la cara. Una vez efectuado el registro, fue trasladado a otra dependencia policial y, por la noche, un médico constató que tenía lesiones en la cara, en la nariz y en ambos ojos. El 21 de junio de 2007, su abogado requirió a la fiscalía que se sometiera a su asistido a un examen médico forense debido a las lesiones que había sufrido a ser privado de la libertad. Esa solicitud fue rechazada porque se consideró que las lesiones no guardaban relación con el delito investigado. Por lo demás, la fiscalía decidió no accionar penalmente contra los agentes de policía porque habrían actuado a partir de la resistencia del imputado. El abogado recurrió la decisión y días más tarde el tribunal municipal declaró ilegal la decisión. El peticionario impugnó de modo sucesivo la negativa a investigar el hecho que lo damnificó, lo que dio lugar a una nueva sentencia judicial. Entonces, se determinó que la investigación había sido incompleta porque no se había interrogado a los testigos oculares del hecho ni al médico que intervino. Luego de que la fiscalía insistiera en la imposibilidad de investigar el caso, se permitió que el abogado accediera a la documentación de la investigación. De esa forma, descubrió que no se había practicado ninguna diligencia procesal desde hacía mucho tiempo. La Fiscalía decidió no iniciar una acción penal contra los agentes de policía porque el peticionario se había resistido a su detención. El 15 de septiembre de 2008, el abogado recurrió la decisión y días más tarde el tribunal municipal declaró ilegal la decisión de la Fiscalía por considerar que la denuncia del peticionario no se había investigado. Tras varias negativas respecto de la apertura de investigaciones penales, el peticionario interpuso un recurso de casación que fue estimado. Se resolvió que la investigación había sido incompleta porque no se había interrogado a testigos oculares ni al personal médico que había tratado las lesiones. El 18 de noviembre de 2010, la Fiscalía decidió nuevamente no iniciar una acción penal contra los agentes de policía por falta de cuerpo del delito. Ante esta decisión, el peticionario volvió a recurrir. Esa decisión fue igualmente revocada. Un año más tarde, se permitió que el abogado accediera a la documentación de la investigación y descubrió que no se había practicado ninguna nueva diligencia procesal desde el 18 de noviembre de 2010. Como consecuencia de las negativas, el peticionario agotó todos los recursos internos disponibles y efectivos.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

04/04/2019

Voces CSJN

TORTURA; FUERZAS DE SEGURIDAD; USO DE LA FUERZA; DEBIDO PROCESO; DETENCIÓN DE PERSONAS; VIOLENCIA; TESTIGOS; PERICIA MÉDICA; CUERPO MÉDICO FORENSE;

Decisión y argumentos

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que Rusia era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud del artículo 7 (prohibición de la tortura), leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “El Comité […] observa que el uso de la fuerza por la policía, que puede justificarse en determinadas circunstancias, puede considerarse contrario al artículo 7 en circunstancias en que la fuerza utilizada se considera excesiva [CDH. AHG v. Canadá. CCPR/C/113/D/2091/2011. 5/6/2013]. El Comité remite al párrafo 4 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990), en los que se establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores (párr. 6). Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (párr. 7). El Comité señala que, si bien el Estado parte informa de que llevó a cabo varias investigaciones sobre las alegaciones del autor, no se ha demostrado que esas investigaciones se emprendieran con prontitud o se realizaran eficazmente. El Comité destaca que, aunque el abogado del peticionario presentó la primera denuncia de malos tratos el 21 de junio de 2007, una semana después de la detención, la primera investigación de la denuncia no comenzó hasta el 31 de agosto de 2007. Además, no se sometió al autor a ningún examen médico forense hasta el 19 de febrero de 2009 y las autoridades tardaron en interrogar a los principales testigos y al personal médico, como lo demuestran las decisiones judiciales de 19 de septiembre de 2008 y 1 de junio de 2010, dictadas cuando las lesiones ya se habían curado y los testigos no podían recordar los detalles de los hechos en cuestión debido al tiempo transcurrido” (párr. 12.2). “[L]a falta de realización por un Estado parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto [Observación General 20 (1992) relativa a la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Observación General 31 (2004) relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. Véase también, Askarov v. Kirguistán. CCPR/C/116/D/2231/2012, 11/5/2016 y Batanov v. Rusia, CCPR/C/120/D/2532/2015, 6/10/2017]. El Comité reitera que el Pacto no reconoce el derecho de una persona a exigir que el Estado parte incoe una causa penal contra otra persona [X v. Sri Lanka. CCPR/C/120/D/2256/2013, 22/8/2017]. No obstante, considera que el Estado parte tiene el deber de investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva las presuntas violaciones de los derechos humanos, procesar a los sospechosos y castigar a los responsables de tales violaciones, así como de establecer otras formas de reparación, por ejemplo una indemnización. El Comité observa que nada de lo que consta en el expediente le permite concluir que la investigación llevada a cabo por las autoridades de las denuncias de tratos crueles e inhumanos del autor fuera pronta o eficaz” (párr. 12.3).

Otra jurisprudencia relacionada

 

Tribunal

Comité de Derechos Humanos - CCPR

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Fecha

Voces CSJN

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