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> Jurisprudencia > S. V. v. Italia  

Jurisprudencia: S. V. v. Italia

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Titulo

SV. v. Italia

Hechos relevantes del caso

Una persona había sido registrada con un nombre masculino al momento de su nacimiento. Sin embargo, desde un primer momento, se sintió mujer y era conocida por el nombre femenino S. Luego de un tiempo, comenzó a realizar un tratamiento hormonal como parte del proceso de cambio de género. A partir de su solicitud, en mayo de 2001, un tribunal local autorizó la realización de una cirugía de reasignación de sexo. Mientras esperaba que fijase una fecha para la operación, requirió a las autoridades locales el cambio de nombre. Entre los motivos de su pedido, señaló que mantener un nombre masculino implicaba someterse, de manera continua, a una situación humillante. A su vez, manifestó que el tiempo de espera para la cirugía superaba los cuatro años. Las autoridades administrativas rechazaron su solicitud. Para decidir de ese modo, sostuvieron que era necesario un pronunciamiento judicial definitivo que ordenara el cambio de nombre. La peticionaria apeló la decisión, pero su resolución quedó pendiente ante el tribunal regional. Durante el 2003, se llevó a cabo la cirugía. En esa oportunidad, volvió a requerir el cambio de su nombre en los registros y un tribunal local lo autorizó. Respecto de la apelación pendiente, en 2008, el tribunal regional confirmó la decisión que había rechazado el cambio de nombre.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

11/10/2018

Voces CSJN

GÉNERO; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; PLAZO RAZONABLE; RECURSOS; REGISTRO CIVIL; NOMBRE;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la República de Italia era responsable por haber violado el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo. “El Tribunal considera que la obligación de agotar los recursos internos requiere que los peticionarios tengan acceso a los recursos disponibles y suficientes para proporcionar una reparación en relación con las violaciones alegadas. La existencia de esos recursos debe ser lo suficientemente segura no sólo en la teoría sino también en la práctica” (cfr. párr. 39). “El Tribunal reitera que el concepto de ‘vida privada’ es un término amplio que no es susceptible de una definición exhaustiva. Incluye no solo la integridad física y psicológica de una persona, sino que a veces también puede abarcar aspectos de la identidad física y social de una persona. Los elementos como la identidad de género, los nombres, la orientación sexual y la vida sexual se encuentran dentro de la esfera protegida por el artículo 8 de la Convención” (cfr. párr. 54). “[E]llo implica que, en el contexto de la aplicación de esa disposición a las personas transgénero, se debe reconocer la inclusión de un derecho a la libre determinación, derecho sobre el que la libertad de definir la identidad sexual es uno de los elementos básicos más esenciales” (cfr. párr. 55). “El Tribunal reitera que si bien el objeto esencial del Artículo 8 es proteger a la persona de las interferencias arbitrarias de las autoridades públicas, ello no obliga simplemente al Estado a abstenerse de tal injerencia: además de este compromiso negativo, puede haber obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar” (cfr. párr. 60). “[A] diferencia de lo resuelto en el caso ‘A.P., Garçon and Nicot v. Francia’, el presente caso no se trata de una interferencia sobre el derecho de la peticionaria al respeto de su integridad física” (cfr. párr. 65). “[E]l Tribunal observa que el rechazo de la solicitud de la peticionaria se basó en argumentos puramente formales que no tuvieron en cuenta sus circunstancias particulares. Por ejemplo, las autoridades no tomaron en cuenta el hecho de que se encontraba en un proceso de cambio de género desde hacía muchos años y que su apariencia física y su identidad social era femenina desde hacía mucho tiempo” (cfr. párr. 70). “En las circunstancias del presente caso, el Tribunal no encuentra qué motivos de interés público pudieron haber justificado una demora de más de dos años y medio para modificar el nombre de los documentos oficiales de la peticionaria a fin de adaptarlos a la realidad de su situación social, que había sido reconocida por el [tribunal que en un primer momento autorizó la cirugía]. Sobre este aspecto, reafirma el principio del Convenio sobre la necesidad de que la protección de los derechos no sea teórica o ilusoria, sino práctica y efectiva” (cfr. párr. 71). “[E]l Tribunal observa la estricta naturaleza del proceso judicial aplicable al momento de los hechos para el reconocimiento del cambio de identidad de género, que por un tiempo irrazonable sometió a la peticionaria a una situación anómala en la que sufrió humillación, ansiedad y vulnerabilidad” (cfr. párr. 72). “[E]l Tribunal considera que la imposibilidad de obtener un cambio de nombre por un período de dos años y medio, debido a que el proceso de cambio de género no se había completado mediante una cirugía, representa un fracaso del Estado en su obligación positiva de garantizar el derecho de la peticionaria a que se respete su vida privada” (cfr. párr. 75).

Otra jurisprudencia relacionada

A.P., Garçon and Nicot v. Francia; Christine Goodwin v. The United Kingdom 

Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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Voces CSJN

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