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Jurisprudencia: Informe sobre visita a la Argentina

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Titulo

Informe sobre visita a la Argentina

Hechos relevantes del caso

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación realizó un informe a partir de su visita a la Argentina. Entre los temas abordados en su estudio, analizó los progresos y los obstáculos que presenta la realización del derecho a la alimentación en el país.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

16/01/2019

Voces CSJN

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; VIVIENDA; DERECHO A LA SALUD; EDUCACIÓN; SERVICIOS PÚBLICOS; AGRICULTURA; EXPORTACIÓN; VULNERABILIDAD; CRISIS ECONÓMICA; ASISTENCIA SOCIAL; MATERNIDAD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PLAGUICIDAS; CONTAMINACIÓN; DERECHO AMBIENTAL; PUEBLOS INDÍGENAS; DESPLAZAMIENTO FORZADO; NO DISCRIMINACIÓN; EXPLOTACIÓN LABORAL;

Decisión y argumentos

Entre sus recomendaciones, la Relatora Especial concluyó que el Estado tiene el deber de Desarrollar y adoptar un marco legislativo nacional en relación con el derecho a la alimentación basado en los derechos humanos. A su vez, señaló que deberá cumplir con sus obligaciones legales de sostener el derecho a la alimentación en tiempos de crisis económica. Asimismo, planteó la necesidad de mejorar los sistemas de control y vigilancia para evitar el uso excesivo de plaguicidas. Además, concluyó que corresponde implementar y monitorear cuidadosamente las reglamentaciones ambientales que protegen la salud humana, degradación y agotamiento del suelo y la contaminación del agua que pueden darse como consecuencia de la agricultura intensiva, así como de la cría de ganado a gran escala. 1. Derecho a la alimentación. Vivienda. Derecho a la salud. Educación. Servicios públicos. Agricultura. Exportación. Vulnerabilidad. “[E]l derecho a la alimentación no puede lograrse sin el derecho a vivienda, educación y salud adecuados para todos, incluidos los migrantes, los pueblos indígenas, los campesinos, los niños y los adultos mayores. Como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Argentina debe utilizar ‘el máximo de los recursos de que disponga’ para asegurar la plena efectividad de los derechos que allí se consagran, incluidos los derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad social y trabajo. Este compromiso implica que el Estado tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean debidamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no se encuentran relacionados con los derechos humanos como, por ejemplo, el servicio de la deuda” (párr. 12). “Conforme al derecho a una alimentación adecuada, todos deberían poder obtener suficientes alimentos de buena calidad, ya sea a través de sistemas de mercado, o produciendo sus propios alimentos, aprovechando la tierra y otros recursos naturales” (párr. 22). “Aun cuando los propietarios de las tierras son los beneficiarios primarios del comercio agrícola y, en particular, de la exportación de soja (se estima que el 22 % de los ingresos provenientes de la soja van a dichos propietarios), la tenencia de la tierra se encuentra altamente concentrada. Como resultado, solo un porcentaje pequeño de la población se beneficia en forma directa del modelo agrícola actual” (párr. 25). “El perfil productivo de la Argentina se ha tornado aún menos diverso en décadas recientes. En un esfuerzo por abordar la incertidumbre económica, la vulnerabilidad ante una inflación elevada y la deuda federal, la Argentina se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas, creando incentivos para determinados productos básicos, en especial la soja y sus derivados. Dichas políticas económicas le han permitido a la Argentina convertirse en el principal exportador de productos agrícolas y también han perpetuado un modelo agrícola industrial que socava la seguridad alimentaria y la nutrición de la población” (párr. 26). “La alimentación debería estar físicamente accesible para todos, incluidas las personas que viven en áreas remotas, y aquellas físicamente vulnerables, como los adultos mayores o las personas con alguna discapacidad. También debería ser posible adquirir alimentos para una dieta adecuada y culturalmente aceptable, sin comprometer cualquiera de las otras necesidades básicas como, por ejemplo, la educación, la salud o la vivienda” (párr. 42). 2. Crisis económica. Asistencia social. Vulnerabilidad. Maternidad. Niños, niñas y adolescentes. Personas con discapacidad. “En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados se encuentran obligados a establecer sistemas de protección social para proteger en forma individual a mujeres, hombres y niños contra los riesgos de empobrecimiento en casos de enfermedad, discapacidad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, vejez, fallecimiento de un integrante de la familia, elevados costos para la atención de la salud o costos para el cuidado de los niños, la pobreza en general y la exclusión social” (párr. 47). “En relación con el programa de comedores escolares, la crisis económica actual parece tener un impacto negativo en la calidad de los alimentos debido al incremento de los precios. Los comedores escolares son fundamentales para los niños y, especialmente en tiempos de crisis, deberían fortalecerse aún más para asegurar que los niños tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas” (párr. 53). “La seguridad alimentaria se torna más crítica a medida que aumenta la pobreza urbana debido a la crisis económica. La evidencia indica que los pobres que viven en las áreas urbanas tienen peores índices de seguridad alimentaria y nutrición que los pobres que habitan en las zonas rurales. Como no pueden producir sus propios alimentos, son vulnerables al incremento en los precios de los alimentos. Sin duda, los pobres en áreas urbanas enfrentan una lucha diaria por alimentar a sus familias. Sin ingresos estables que resulten suficientes, los hogares luchan por brindarle a sus hijos una alimentación adecuada y nutritiva, lo que resulta en mayores niveles de desnutrición” (párr. 58). 3. Derecho a la salud. Plaguicidas. Contaminación. “La Relatora Especial ha expresado su preocupación respecto del peligro que implican los plaguicidas, en especial los basados en glifosato, y las implicancias de estas sustancias químicas para el derecho a la alimentación (A/HRC/34/48). En 2015, la OMS declaró al glifosato como una sustancia probablemente carcinógena. La Relatora Especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas que están en contacto directo con los plaguicidas. También advierte sobre los peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición. La fumigación de plaguicidas con avionetas es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser transportadas por el viento a lugares cercanos (A/HRC/34/48). Desafortunadamente, la Argentina no ha introducido legislación efectiva ni ha aplicado sus leyes como corresponde para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación. Sin embargo, hubo solamente dos casos —Loma Senés e Ituzaingó Anexo— en que se ha juzgado y responsabilizado a productores por la contaminación con plaguicidas” (párr. 82). “[A] la Relatora Especial le preocupan los informes sobre la exposición indirecta a los plaguicidas y sus efectos sobre la población. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata determinó que la mayoría de la población consume frutas y hortalizas que han sido fumigadas con plaguicidas [hay nota]. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) determinó que la leche de las madres que habían dado a luz en hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires contenía niveles de plaguicidas que eran un 15 % más elevados que los niveles considerados seguros por la ley” (párr. 84). “En la Argentina parecieran no existir sistemas de monitoreo efectivos para regular la industria de los plaguicidas y controlar su uso en los agronegocios. Esta falta de monitoreo y reparación de los daños podría constituir una violación de los derechos humanos si no se abordase correctamente” (párr 85). 4. Pueblos indígenas. Desplazamiento forzado. No discriminación. “A través de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la soja, los pueblos indígenas han perdido grandes porciones de sus tierras tradicionales. Las familias indígenas se vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo, sufriendo en muchas ocasiones de una discriminación sistemática. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales de caza y la pesca” (párr. 93). 5. Explotación laboral. Niños, niñas y adolescentes. Derecho a la alimentación. “El trabajo infantil en sí ya es una violación de los derechos humanos, pero también es un síntoma y una causa del recrudecimiento de la pobreza. El derecho a la alimentación de los niños puede verse socavado por las condiciones de explotación en que trabajan sus padres, en especial las madres, por los salarios bajos, horario extendido, falta de licencia por maternidad y apoyo para la lactancia materna” (párr. 99).

Otra jurisprudencia relacionada

 

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Relatoría Especial sobre el derecho a la alimentación

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