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Jurisprudencia: C-508-18, C-82-19 y C-509-18

Historial de versionesHistorial de versiones

Titulo

C-508-18, C-82-19 y C-509-18

Hechos relevantes del caso

Dos personas lituanas (OG y PI) y otra rumana (PF) fueron imputadas por hechos delictivos cometidos en Irlanda que fueron calificados como homicidio voluntario y agresión con lesiones graves (OG), robo a mano armada (PF) y robo organizado o a mano armada (PI). Dos fiscalías alemanas y el Fiscal General de Lituania, a fin de sustanciar las acciones penales correspondientes, emitieron órdenes europeas de detención. Los peticionarios realizaron una presentación ante los tribunales irlandeses con el fin de oponerse al trámite. Alegaban que las fiscalías alemanas y el Fiscal General de Lituania no eran competentes para emitir órdenes europeas de detención porque no eran “autoridades judiciales” en el sentido de la Decisión Marco 2002/584/JAI. En relación con las fiscalías alemanas, OG y PI alegaban que no eran independientes frente al poder ejecutivo, ya que forman parte de una jerarquía administrativa dirigida por el Ministro de Justicia, de modo que había riesgo de injerencia política. En este contexto, el Tribunal Supremo de Irlanda solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interpretara la Decisión Marco, habida cuenta de que PI se hallaba privado de libertad en Irlanda –en virtud de la orden de detención europea emitida en su contra– y se debía proceder a su entrega para la realización del juicio en cuestión. El TJUE accedió a que el pedido de decisión prejudicial tramitara por el procedimiento prejudicial de urgencia. NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional; es el tribunal nacional el que debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

27/05/2019

Voces CSJN

COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL; ORDEN DE CAPTURA; MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; PODER EJECUTIVO; GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD; EXTRADICION; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; PRUEBA; RECURSOS; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; COMPETENCIA; PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL; ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA; AUTORIDAD JUDICIAL EMISORA; INDEPENDENCIA; PRUEBA DE CARGO;

Decisión y argumentos

El Tribunal de Justicia concluyó que “…el concepto de ‘autoridad judicial emisora’ que figura en la Decisión Marco no comprende las fiscalías de un Estado miembro, como las de Alemania, expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un Ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea. En cambio, este concepto comprende al Fiscal General de un Estado miembro, como el de Lituania, que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y goza en ese Estado miembro de un estatuto que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea” (párr. 90). Para llegar a tal conclusión, el TJUE recordó, con carácter preliminar, que “…tanto el principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos, tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de esos Estados, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho…” (párr. 43). “No obstante, el principio de reconocimiento mutuo presupone que solo las órdenes de detención europea, en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, deben ejecutarse conforme a lo dispuesto en esta. Pues bien, de ese artículo se desprende que tal orden de detención constituye una «resolución judicial», lo que exige que sea emitida por una «autoridad judicial» en el sentido del artículo 6, apartado 1, de esta” (párr. 46). “Si bien, conforme al principio de autonomía procesal, los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional a la «autoridad judicial» competente para dictar órdenes de detención europea, no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro el sentido y el alcance de este concepto…” (párr. 48). “[L]os términos «autoridad judicial», que figuran en esta disposición, no se limitan a designar a los jueces o tribunales de un Estado miembro, sino que deben entenderse en el sentido de que designan, más ampliamente, a las autoridades que participan en la administración de la justicia penal en ese Estado miembro, a diferencia, en particular, de los ministerios o de los servicios de policía, que forman parte del poder ejecutivo […]” (párr. 50). “De ello se desprende que el concepto de ‘autoridad judicial’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, puede englobar a las autoridades de un Estado miembro que, sin ser necesariamente jueces o tribunales, participan en la administración de la justicia penal de ese Estado miembro” (párr. 51). “De las consideraciones expuestas [párrafos 50 a 59] de la presente sentencia se desprende que debe considerarse que una autoridad, como una fiscalía, que tiene competencia, en el marco del procedimiento penal, para ejercer la acción penal contra una persona sospechosa de haber cometido un delito a fin de que sea llevada ante un tribunal, participa en la administración de la justicia del Estado miembro de que se trate” (párr. 60). “[R]efiriéndose a la exigencia de independencia de los tribunales, los órganos jurisdiccionales remitentes albergan dudas acerca de si las fiscalías de que se trata en los procesos principales respetan esta exigencia, pues forman parte de una estructura jerarquizada que depende del ministro de Justicia del Land en cuestión y en la que este ostenta una potestad de control y dirección, incluso de instrucción, con respecto a las entidades que, como las fiscalías, están subordinadas a él” (párr. 64). “A este respecto, procede recordar que la Decisión Marco 2002/584 pretende establecer un sistema simplificado de entrega directamente entre autoridades judiciales, destinado a sustituir al sistema de cooperación clásico entre Estados soberanos que implica la intervención y apreciación del poder político, para garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia penal en un espacio de libertad, seguridad y justicia” (párr. 65). “En este marco, cuando se dicta una orden de detención europea para la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales, esa persona debe haber disfrutado, en una primera fase del procedimiento, de las garantías procesales y los derechos fundamentales cuya tutela deben garantizar las autoridades del Estado miembro emisor según la normativa nacional aplicable, en particular la relativa a la adopción de una orden de detención nacional” (párr. 66). “El sistema de la orden de detención europea entraña, de ese modo, una protección a dos niveles de los derechos procesales y de los derechos fundamentales de los que debe disfrutar la persona buscada, puesto que a la tutela judicial prevista, en el primer nivel, a la hora de adoptar una resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, se añade la tutela que debe conferirse, en un segundo nivel, al emitir una orden de detención europea, la cual puede dictarse, en su caso, en un breve plazo tras la adopción de la mencionada resolución judicial nacional” (párr. 67). “[C]uando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un juez o un tribunal, la resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, en la que se fundamenta la orden de detención europea debe satisfacer, por su parte, tales exigencias” (párr. 69). “El cumplimiento de estas exigencias permite así garantizar a la autoridad judicial de ejecución que la decisión de dictar una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales se basa en un procedimiento nacional sujeto a control judicial y que la persona objeto de esa orden de detención nacional ha disfrutado de todas las garantías propias de la adopción de este tipo de resoluciones, en particular las derivadas de los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales a los que hace referencia el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584” (párr. 70). “El segundo nivel de protección de los derechos de la persona reclamada […] implica que la autoridad judicial competente, en virtud del Derecho nacional, para emitir una orden de detención europea controla, en particular, el cumplimiento de los requisitos necesarios para dicha emisión y valora si, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto, dicha emisión tiene carácter proporcionado” (párr. 71). “En efecto, es a la ‘autoridad judicial emisora’ mencionada en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, esto es, a la entidad que en último término toma la decisión de emitir la orden de detención europea, a quien corresponde garantizar este segundo nivel de protección, también cuando esa orden de detención europea se fundamenta en una resolución nacional dictada por un juez o un tribunal” (párr. 72). “Así pues, la ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, debe estar en condiciones de ejercer esta función con objetividad, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, de modo que no exista ninguna duda de que la decisión de emitir la orden de detención europea corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder” (párr. 73). “En consecuencia, la autoridad judicial emisora debe poder aportar a la autoridad judicial de ejecución la garantía de que, a la vista de las salvaguardias previstas en el ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor, actúa con independencia al ejercer sus funciones inherentes a la emisión de órdenes de detención europea. Esta independencia exige que existan normas estatutarias u organizativas adecuadas para garantizar que la autoridad judicial emisora no se vea expuesta, a la hora de adoptar una decisión de emitir tal orden de detención, a riesgo alguno de recibir instrucciones individuales del poder ejecutivo” (párr. 74). “Además, cuando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un tribunal, la decisión de emitir dicha orden de detención y, en particular, la proporcionalidad de esa decisión deben poder ser objeto de un recurso judicial en dicho Estado miembro que satisfaga plenamente las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva” (párr. 75). En los asuntos acumulados C-508/18 y C-82/19 PPU: (i) la Fiscalía de Lübeck (Estado federado de Schleswig–Holstein, Alemania, asunto C-508/18) y (ii) la Fiscalía de Zwickau (Estado federado de Sajonia, Alemania, asunto C-82/19) “…se desprende ciertamente que las fiscalías alemanas están sometidas a la obligación de objetividad y deben investigar no solo en aras de probar la culpabilidad, sino también la inocencia. No es menos cierto que, según dicha información, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la GVG el ministro de Justicia dispone de una potestad de instrucción «externa» con respecto a estas fiscalías” (párr. 76). “[E]l riesgo de que el poder ejecutivo pueda ejercer semejante influencia en la fiscalía en un caso individual no permite garantizar que, en el marco del ejercicio de sus funciones en materia de emisión de órdenes de detención europea, esa fiscalía respete las garantías mencionadas en el apartado 74 de la presente sentencia” (párr. 84). “[La potestad de instrucción le confiere al ministro] la facultad de influir directamente en la decisión de una fiscalía de emitir o, en su caso, de no emitir una orden de detención europea. Y no desvirtúa esta consideración el hecho de que, como alegó el Gobierno alemán en la vista, la decisión de las fiscalías, como las controvertidas en el proceso principal, de emitir una orden de detención europea pueda ser objeto de recurso por la persona reclamada ante los tribunales alemanes competentes” (párr. 85). “De lo anterior resulta que, habida cuenta de que las fiscalías de que se trata en los procesos principales están expuestas al riesgo de que el poder ejecutivo influya en su decisión de emitir una orden de detención europea, estas fiscalías no se conforman a una de las exigencias necesarias para poder tener la consideración de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, a saber, la de presentar la garantía de actuar con independencia a la hora de emitir tal orden de detención” (párr. 88). En el asunto C-509/18, “…el Fiscal General de Lituania puede ser calificado de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido de la Decisión Marco, ya que el estatuto del que goza en ese Estado miembro no sólo garantiza la objetividad de sus misiones, sino que le confiere asimismo una garantía de independencia frente al poder ejecutivo a la hora de emitir órdenes europeas de detención. Ahora bien, los documentos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si las decisiones de este Fiscal de emitir una orden de detención europea pueden ser impugnadas a través de un recurso que se ajuste plenamente a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, extremo que corresponde comprobar a la Supreme Court” (párr. 56-57).

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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