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Jurisprudencia: Acceso efectivo a la justicia de las personas migrantes - Informe

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Titulo

Acceso efectivo a la justicia de las personas migrantes - Informe

Hechos relevantes del caso

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes realizó un informe sobre el acceso a la justicia de las personas migrantes. Entre los temas abordados en su estudio, analizó el nivel de acceso a la información e interpretación, la asistencia jurídica y representación legal, la asistencia consular y el acceso a recursos. Asimismo, el Relator Especial tuvo en cuenta los obstáculos a los que se enfrentan las personas migrantes en el acceso a la justicia.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

25/09/2018

Voces CSJN

MIGRANTES; REFUGIADO; ACCESO A LA JUSTICIA; DEBIDO PROCESO; VULNERABILIDAD; TRADUCTOR; DERECHO A LA INFORMACIÓN; MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR; ASISTENCIA CONSULAR; ASISTENCIA LETRADA; NO DISCRIMINACIÓN; PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; REVISION JUDICIAL; RECURSOS; BARRERAS CORTAFUEGOS; SERVICIOS PÚBLICOS; EDUCACIÓN; DERECHO A LA SALUD; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; MENORES NO ACOMPAÑADOS; IDIOMA;

Decisión y argumentos

Entre sus recomendaciones, el Relator Especial concluyó que los Estados tienen el deber de proteger a las personas migrantes en todas las etapas del proceso migratorio y de proporcionarles acceso a la justicia para obtener reparación por cualquier trato discriminatorio o violación de los derechos humanos. Asimismo, señaló que el acceso efectivo a la justicia incluye como garantías de un debido proceso el derecho a la asistencia jurídica y representación legal, el derecho a la información y a contar con un intérprete, el derecho a la asistencia consular y el acceso a recursos y reparación. Además, concluyó que las barreras cortafuegos constituyen mecanismos esenciales que permiten que las personas migrantes ejerzan sus derechos humanos sin temor a ser denunciadas a las autoridades migratorias. 1. Acceso a la justicia. Derecho de defensa. No discriminación. Principio de no devolución. “El acceso efectivo a la justicia es el derecho que tiene toda persona, sin discriminación, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y de restitución de los derechos. El acceso a la justicia cumple una doble función, al ser un derecho fundamental inherente a toda persona y un principio que establece obligaciones para los Estados, particularmente el garantizar que toda persona pueda acudir ante los tribunales a reclamar que se protejan sus derechos. Los Estados, en aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, entre los cuales se encuentra el derecho de acceso a la justicia y a un debido proceso” (párr. 7). “La representación legal de las personas deriva del concepto de debido proceso, ambos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los artículos 7, 8 y 11 establecen que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen derecho a igual protección de la ley […]. Del artículo 10 se desprende que para ello es necesario contar con asistencia jurídica y representación legal especializada, así como gratuita para quienes no pueden acceder a ella. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que la persona migrante en situación regular solo podrá ser expulsada en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, por lo que esta podrá exponer las razones que la asistan en contra de su expulsión y hacerse representar ante la autoridad competente (art. 13) […]. El Relator Especial subraya que las personas migrantes gozan de un derecho a contar con asistencia jurídica técnica, la cual debe ser proveída por el Estado gratuitamente a aquellas personas que no puedan pagarla, haciendo verdaderamente operativo el derecho a un debido proceso” (párr. 10). “La garantía del acceso a la justicia y su relación con el debido proceso es especialmente relevante en casos de desplazamiento forzado y en la determinación de la calidad de refugiado. El riesgo de una persona de ser devuelta al lugar donde su vida o su libertad se encuentran amenazadas implica que los Estados deben tener especial consideración de estas garantías, en particular el principio de no devolución, para evitar la violación de sus derechos humanos. Aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no establece expresamente un derecho al debido proceso en los procesos de reconocimiento de la calidad de refugiado, son aplicables los estándares internacionales de derechos humanos en materia de garantías procedimentales” (párr. 16). 2. Migrantes. Acceso a la justicia. Traductor. Derecho a la información. “El derecho a la información es fundamental para poder ejercer otros derechos como el acceso a la justicia […]. A menudo las personas migrantes tampoco son debidamente informadas de aspectos relacionados con el procesamiento de sus datos y tienen dificultades para entender la información que reciben” (párr. 17). “Para el efectivo acceso a la justicia de las personas migrantes, es primordial que los Estados pongan a disposición los recursos económicos y humanos necesarios para proveerles información en un idioma que puedan comprender cabalmente sobre los procedimientos y las garantías procesales que pueden incoar frente a la vulneración de sus derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares reconoce el derecho de las personas migrantes a ser asistidas gratuitamente por intérprete en caso de detención (art. 16) o de ser acusadas de haber cometido un delito (art. 18)” (párr. 18). 3. Acceso a la justicia. Asistencia consular. Personas privadas de la libertad. “La asistencia consular también es esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas migrantes. Ella resulta especialmente acuciante cuando se trata de personas privadas de libertad, indistintamente de que lo sean en virtud de motivos penales o migratorios, ya que a menudo incide de manera decisiva en el respeto a las garantías procesales […]. La asistencia consular también es muy importante en el ámbito laboral, ya que con frecuencia las personas migrantes son víctimas de graves abusos en materia laboral, pudiendo alcanzar la trata y explotación. De allí la relevancia de que los Estados proporcionen asistencia consular al respecto, mediante la creación de agregadurías laborales u otros mecanismos” (párr. 21). “El derecho a la asistencia consular constituye primordialmente un derecho de la persona migrante y solo condicionadamente del Estado de origen, ya que la persona puede preferir no contactar a su Estado por temor de persecución u otras razones. La obligación del Estado receptor incluye el informar sin dilación a la persona migrante detenida bajo su jurisdicción acerca de su derecho a ser asistida por funcionarios consulares del país de la que es nacional y de su derecho a comunicarse con las autoridades consulares de su país, así como a recibir de forma efectiva la asistencia consular” (párr. 22). 4. Expulsión de extranjeros. Derecho de defensa. Procedimiento administrativo. Revisión judicial. Recursos. “El tipo de autoridad a la que se tiene acceso en las relaciones migratorias con el Estado incide directamente en el ejercicio del acceso efectivo a la justicia. En situaciones de denegación de entrada, solicitudes de refugio y deportación, en algunos Estados el acceso es confiado solamente a una autoridad administrativa. En otras, a una autoridad administrativa y a una judicial por la vía de los recursos procesales” (párr. 24). “El acceso a una revisión judicial de la detención de migrantes y solicitantes de asilo también se ve impedida por la eliminación de garantías procesales como la revisión judicial de oficio de las órdenes de detención y las escasas probabilidades de recurrir de manera exitosa contra las mismas mientras la persona afectada se encuentra en un centro de detención previo a la devolución” (párr. 31). “En los últimos años algunos Estados han adoptado reformas que afectan a la independencia y efectividad de los órganos de revisión de las decisiones de denegación de asilo […]. Asimismo, derogaciones de las reglas generales de procedimientos administrativos también se dan en las instancias de revisión de solicitudes de asilo, en detrimento de las personas solicitantes. En particular, varios países han limitado el número de instancias de revisión disponibles para las personas demandantes de asilo con el fin de agilizar los procedimientos” (párr. 32). 5. Barreras cortafuegos. Servicios públicos. Educación. Derecho a la salud. “Las barreras cortafuegos consisten en la separación real y estricta entre el control migratorio y otros servicios públicos e implican que las autoridades migratorias no puedan acceder a la información acerca del estatus migratorio de las personas que acuden a los servicios públicos y que las instituciones encargadas de la prestación de estos no tengan la obligación de indagar ni de compartir la información acerca del estatus migratorio de los usuarios [hay nota]. Entre estas últimas se hallan las instituciones prestadoras de servicios en materia de educación, sanidad, seguridad y asistencia social, protección laboral, policía y sistema judicial. Al ser el único mecanismo que permite que las personas migrantes ejerzan y disfruten de sus derechos humanos sin temor a ser denunciadas a las autoridades migratorias, las barreras cortafuegos constituyen una consecuencia ineludible de las obligaciones que tienen los Estados de proteger frente a la discriminación a todas las personas bajo su jurisdicción, de acuerdo a las normas y estándares internacionales de derechos humanos” (párr. 33). “El establecimiento de barreras cortafuegos es fundamental para garantizar el acceso de las personas migrantes a la justicia, ya que una de las causas de su dificultad para acceder a un recurso efectivo ante los tribunales es su temor a que en el procedimiento se revele su estatus migratorio y, en su caso, ser detenidas y posteriormente deportadas [hay nota]. En este sentido, las barreras cortafuegos permiten que quienes están en situación migratoria irregular y temen ser descubiertos y expulsados, o que se encuentran en situaciones jurídicas precarias y temen quedar en situación irregular, puedan efectivamente denunciar los delitos de los que son víctimas o testigos, conseguir asistencia letrada y acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, lo cual, además, permite luchar contra la impunidad” (párr. 34). 6. Migrantes. Migrantes en situación irregular. Reforma legal. Debido proceso. Asistencia letrada. “Las personas solicitantes de asilo se enfrentan a dificultades específicas para acceder a la justicia, tales como procedimientos de asilo expeditivos con menos garantías y limitaciones al recurso de apelación respecto de a denegaciones de asilo […]. Además, existen procedimientos especiales que se aplican dependiendo del perfil de la persona solicitante, su ruta migratoria y el punto de entrada, con garantías inferiores a los ofrecidos en los procedimientos ordinarios (es decir, plazos inferiores para recurrir contra una decisión negativa de concesión de asilo, aplicación de la detención mientras se resuelve el recurso de apelación, falta de acceso a asistencia legal). En algunos países, las derogaciones de reglas generales aplicables a las personas solicitantes de asilo han sido declaradas inconstitucionales” (párr. 45). “La suspensión automática de la ejecución de una denegación de asilo en primera instancia y el consiguiente procedimiento de devolución, así como el derecho a permanecer en el país durante el tiempo necesario para presentar recurso de apelación y obtener una decisión sobre el mismo, constituyen una garantía fundamental para las personas solicitantes de asilo” (párr. 46). 7. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Menores no acompañados. “Los niños, niñas y adolescentes son uno de los eslabones más débiles dentro de un flujo migratorio, en especial si no están acompañados por sus padres, familiares, o un adulto responsable y de confianza que los proteja de abusos, violencia y explotación, entre otros riesgos. Si a esto se suma la falta de información que pueden tener los niños, niñas y adolescentes respecto a los mecanismos de denuncia y las instituciones a las cuales acudir en caso de sufrir una vulneración, el no saber leer ni escribir, o incluso encontrarse en una sociedad que no valora sus opiniones debido a su corta edad, el derecho de acceso a la justicia y su protección por parte de los Estados adquiere especial relevancia” (párr. 58). “Cuando se trata de los niños, niñas y adolescentes, el acceso a la justicia debe entenderse bajo la óptica del interés superior, lo que obliga a remover los obstáculos que tienen para acceder a la justicia como la falta de mecanismos de denuncia asequibles y adaptados, el lenguaje técnico, la desconfianza en las personas adultas, o el no saber escribir o leer, entre muchos otros” (párr. 59). “Los niños migrantes no acompañados se enfrentan a numerosas dificultades a la hora de acceder a la justicia, tales como la falta de acceso a guardianes, asistencia y asesoramiento legal, así como acceso a la información, la falta de procedimientos para la determinación del interés superior del niño, y problemas relacionados con los procedimientos de determinación de edad” (párr. 61).

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Los efectos de la migración en las mujeres y las niñas migrantes una perspectiva de género 

Tribunal

Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes

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