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> Jurisprudencia > JAB v. España  

Jurisprudencia: JAB v. España

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Titulo

JAB v. España

Hechos relevantes del caso

JAB, nacional de Camerún, dejó su país para llegar a Ceuta (enclave español en el continente africano); arribó el 23 de abril de 2016, con 16 años. Al declarar ser menor de edad no acompañado, las autoridades le aconsejaron que manifestase ser mayor de edad, ya que sería más fácil cruzar a la península de este modo. Entonces, se lo llevó a la comisaría, donde no pudo contar con un traductor. Posteriormente, se lo trasladó al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde permaneció cinco meses y no fue asistido por un abogado ni por un traductor. Después de eso, fue trasladado a un centro para adultos en Madrid que abandonó al poco tiempo. En octubre de 2016, recibió de su familia el acta original de nacimiento camerunés, donde constaba que su fecha de nacimiento era el 1 de diciembre de 2000. Con el acta de nacimiento original, acudió a su embajada para solicitar la expedición de un pasaporte. Un mes más tarde, obtuvo su tarjeta de identidad consular y, el 30 de noviembre de 2016, su certificado de inscripción consular. A finales de 2016, fue asesorado de la importancia de comunicar su minoría de edad a efectos de ser debidamente protegido por las autoridades españolas. Pese a la exigencia del Estado, JAB se negó a someterse a pruebas médicas para que se determinara su edad; esta posición era respaldada por distintos precedentes de la Sala Civil del Tribunal Supremo español (sentencias 453/2013 y 452/2014). Solicitó, asimismo, a) que se reconociera su minoría de edad, b) ser trasladado al Centro de Acogida de Menores, c) que se declarara su situación de desamparo, d) que la entidad de Protección de Menores asumiera su tutela. Paralelamente, se le diagnosticó tuberculosis, esquistosomiasis, estrongiloidiasis y malaria. El 23 de enero de 2017, fue citado por la Fiscalía de Menores de Madrid. A pesar de su petición de ser acompañado, compareció sin tutor ni abogado. Allí, se le requirió que se sometiera a las pruebas para determinar su edad. Es que, según se alegaba, su apariencia física no se correspondía con la edad manifestada. Además, se le informó que si se negaba a la realización de estos estudios, sería considerado mayor de edad. Dada la negativa a proceder de esta forma, la Fiscalía emitió un decreto mediante el cual se declaró la mayoría de edad del peticionario y se dispuso su expulsión por resolución administrativa. El decreto consideró que el acta de nacimiento no podía ser valorada por tratarse de una fotocopia. Sin embargo, no consideró que el original se encontraba en la Embajada para la emisión del pasaporte. Ante esa situación, el peticionario interpuso un recurso de oposición y solicitó medidas cautelares. De la misma manera, peticionó la revisión del decreto de la Fiscalía y aportó su pasaporte como documentación nueva. A su vez, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la orden de expulsión.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

31/05/2019

Voces CSJN

MIGRANTES; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO; DERECHO A LA IDENTIDAD; MAYORÍA DE EDAD; NO DISCRIMINACIÓN; DEBIDO PROCESO; PASAPORTE; DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD; MEDIDAS CAUTELARES; DERECHO A SER OIDO; REPRESENTACIÓN; PRUEBA; VULNERABILIDAD; TUTOR; ASISTENCIA LETRADA; MENORES NO ACOMPAÑADOS; REPARACIÓN;

Decisión y argumentos

El Comité de los Derechos del Niño consideró que España era responsable por haber infringido los derechos del peticionario en virtud del artículo 3 (interés superior del niño), 8 (preservación de la identidad), 12 (derecho del menor a expresar opinión), 20.1 (protección de los niños no acompañados privados de su medio familiar) y 24 (derecho a la salud y servicios médicos) de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 6 del Protocolo Facultativo (deber de adoptar medidas). 1. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Determinación de la edad. No discriminación. “La cuestión ante el Comité consiste en determinar si […] el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el peticionario violó sus derechos reconocidos por la Convención. En particular, el peticionario ha alegado haber sido víctima de discriminación por no haberse considerado los documentos originales y oficiales emitidos por las autoridades de su país de origen; que el proceso de determinación de su edad en ningún momento tomó en consideración el interés superior del niño; que no se ha respetado su derecho a ser oído; que no se ha respetado su identidad; y que los tratamientos que requiere no le pueden ser administrados al haber sido expulsado del sistema de protección y al no tener representante legal” (párr. 13.2). “[L]a determinación de la edad de una persona joven que alega ser menor de edad tiene una importancia fundamental, dado que el resultado determina si dicha persona tendrá derecho a la protección nacional como niño o será excluido de dicha protección. Del mismo modo, y de vital importancia para el Comité, el disfrute de los derechos contenidos en la Convención fluye de dicha determinación. Por ello, es imperativo la existencia de un debido proceso para determinar la edad, así como para cuestionar el resultado mediante procesos de apelación. En consecuencia, el Comité considera que el mejor interés del niño debería ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad” (párr. 13.3). “El Comité recuerda la Observación General conjunta Nº 4 [del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Observación núm. 23 (2017) del Comité de los Derechos del Niño, sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno], en el sentido de que los documentos de identidad deben de considerarse auténticos salvo que se pruebe lo contrario. Igualmente, no se debe declarar la mayoría de edad exclusivamente con base en la negativa de la persona de someterse a pruebas médicas” (párr. 13.4). 2. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Menores no acompañados. Representación. Interés superior del niño. “El Comité recuerda su Observación General Nº 6 [sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen] en el sentido de que no solo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del individuo sino también su maduración psicológica, que la evaluación debe basarse en criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés del menor y a consideraciones de género, y en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se trate de un menor, se lo trate como tal” (párr. 13.6). “[L]os Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y con capacidades lingüísticas adecuadas para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, o bien reconocer los representantes designados por ellos. El Comité considera que facilitar representación para estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser oído. Al contrario, la falta de representación oportuna puede resultar en una injusticia sustancial” (párr. 13.7). “A la luz de todo lo anterior, […] el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el autor, quien alegaba ser un niño, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención. En las circunstancias del presente caso, y en particular la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del autor emitidos por un país soberano, la declaratoria de mayoría de edad frente a la negativa de someterse a pruebas de determinación de la edad, y el rechazo de su representante para acompañarlo durante dicho procedimiento, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido el autor, en violación de los artículos 3 y 12 de la Convención” (párr. 13.19). 3. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Debido proceso. Derecho a la identidad. Prueba. Asistencia letrada. Vulnerabilidad. “[L]a edad y fecha de nacimiento de un niño forman parte de su identidad y […] los Estados parte tienen la obligación de respetar el derecho del niño a preservarla sin privarlo de ninguno de sus elementos. En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no respetó la identidad del autor al negarle cualquier tipo de valor probatorio a todos los documentos oficiales aportados que acreditaban su minoría de edad, sin tan solo analizar su validez y sin haber cotejado los datos de dichos documentos con las autoridades del país de origen del autor. En consecuencia, el Comité concluye que el Estado parte violó el artículo 8 de la Convención” (párr. 13.10). “[E]l Comité [consideró la] ausencia de protección del Estado frente a [la] situación de desamparo con grado de vulnerabilidad muy elevado, al ser menor, migrante, no acompañado y enfermo, así como la contradicción al reconocer al autor mayor de edad, pero al mismo tiempo exigirle un tutor para dispensarle tratamientos y vacunas. El Comité observa que esta falta de protección se produjo incluso después de que el autor presentara a las autoridades españolas documentos de identidad que confirmaban que era un niño. El Comité considera que lo anterior constituye una violación de los artículos 20 (1) y 24 de la Convención” (párr. 13.11). 4. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Medidas provisionales. “Finalmente, […] al ratificar el Protocolo Facultativo, los Estados partes se comprometen a respetar las medidas provisionales dictadas de conformidad con el artículo 6 de dicho Protocolo, medidas que previenen la producción de un daño irreparable mientras una comunicación se encuentra pendiente de examen, asegurando así la efectividad del procedimiento de comunicaciones individuales. En consecuencia, el Comité considera que la falta de cumplimiento de las medidas provisionales solicitadas constituye en sí misma una violación del artículo 6 del Protocolo Facultativo” (párr. 13.13). 5. Migrantes. Niños, niñas y adolescentes. Reparación. “Como consecuencia, el Estado parte debe proporcionar al autor una reparación efectiva por las violaciones sufridas, incluido ofreciéndole la oportunidad de que regularice su situación administrativa en el Estado parte. Asimismo, el Estado parte tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, asegurando que todo proceso de determinación de la edad de posibles niños no acompañados sea acorde a la Convención y, en particular, que durante dichos procedimientos se tome en consideración la documentación aportada por las personas sometidas a los mismos y que se les designe rápidamente una representación calificada y gratuita o se les tengan por designados los letrados libremente elegidos por ellas” (párr. 14).

Otra jurisprudencia relacionada

DD v. España; Observación General Conjunta Nº 4 y Nº 23; Observación General Conjunta Nº 3 y Nº 22; Niños y niñas migrantes afectados por la política ‘Tolerancia cero’ respecto de los Estados Unidos de América 

Tribunal

Comité de los Derechos del Niño - CRC

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