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Jurisprudencia: Informe del Relator Especial sobre la tortura en su visita a la Argentina

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Titulo

Informe del Relator Especial sobre la tortura en su visita a la Argentina

Hechos relevantes del caso

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, visitó la Argentina entre los días 9 y 20 de abril de 2018, con el objeto de evaluar la situación y los desafíos existentes en el país en relación con la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Relator Especial, junto con su delegación, visitó establecimientos carcelarios y comisarías del ámbito federal y provincial, institutos de menores e instituciones psiquiátricas.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

28/02/2019

Voces CSJN

TORTURA; CÓDIGO PENAL; REFORMA LEGAL; TIPICIDAD; FUERZAS DE SEGURIDAD; PROCEDIMIENTO POLICIAL; USO DE LA FUERZA; VULNERABILIDAD; TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES; DETENCIÓN DE PERSONAS; CONFESIÓN; CÁRCELES; CONDICIONES DE DETENCIÓN; HACINAMIENTO; PRISIÓN PREVENTIVA; PLAZO RAZONABLE; ASISTENCIA MEDICA; TRABAJO; EDUCACIÓN; REINSERCIÓN SOCIAL; REQUISA; FAMILIA; GÉNERO; LGBTIQ; TRASLADO DE DETENIDOS; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; RÉGIMEN PENAL JUVENIL; DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD; PUEBLOS INDÍGENAS; PROTESTA; NO DISCRIMINACIÓN;

Decisión y argumentos

El Relator recomendó, entre otras cosas, llevar a cabo una reforma exhaustiva de la administración del sistema de justicia para que se aleje de las sanciones punitivas para centrarse en la rehabilitación y la reintegración de las personas que cometieron delitos. A su vez, señaló que las autoridades deben garantizar que todos los actos de tortura infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia se tipifiquen como delito, y se castiguen con penas adecuadas a su gravedad. Por otra parte, consideró que corresponde asegurar la existencia de mecanismos de denuncia, vigilancia e investigación accesibles, totalmente independientes, proactivos, rápidos y efectivos para la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de abusos cometidos no solo por la policía y el personal penitenciario, sino también por funcionarios de todos los servicios y ramas del gobierno. 1. Tortura. Código Penal. Reforma legal. Tipicidad. “El delito de tortura está tipificado en el artículo 144 ter del Código Penal. El Relator Especial reitera las preocupaciones expresadas por el Comité contra la Tortura acerca de la falta de conformidad de esa tipificación con las disposiciones del artículo 1 de la Convención contra la Tortura (CAT/C/ARG/CO/5-6, párr. 9), en particular porque no incluye los criterios de intencionalidad y propósito específico como elementos definitorios del delito, no abarca el consentimiento o la aquiescencia de los funcionarios públicos y no contempla como posibles autores a otras personas que actúen en el ejercicio de funciones públicas. El Relator Especial recibió información sobre una iniciativa en curso encaminada a modificar el Código Penal y alienta encarecidamente a las autoridades competentes a que se aseguren de que la tipificación en la nueva disposición se ajuste a la definición que figura en el artículo 1 de la Convención” (párr. 9). 2. Procedimiento policial. Detención de personas. Uso de la fuerza. Vulnerabilidad. “El Relator Especial también está seriamente preocupado porque supuestamente los agentes del orden proceden, de manera generalizada, a realizar detenciones a efectos de verificar la identidad. Al parecer, esta práctica a menudo da lugar a un uso excesivo de la fuerza y a detenciones arbitrarias para comprobar la identidad o por otros motivos ajenos a una conducta delictiva. Además, el Relator Especial expresa su alarma por la información recibida acerca del acoso violento y discriminatorio que sufren sistemáticamente los hombres jóvenes de los barrios marginados, los migrantes, los vendedores ambulantes, los líderes indígenas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, que a menudo da lugar a detenciones arbitrarias so pretexto de una presunta actividad delictiva” (párr. 16). “[E]l Relator Especial exhorta a todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley a que apliquen una estricta política de tolerancia cero hacia toda forma de brutalidad policial u otro uso excesivo de la fuerza, exijan una evaluación rigurosa antes de detener a una persona sospechosa de haber cometido un delito y se aseguren de que se informe inmediatamente a toda persona detenida de sus derechos y se le permita ejercerlos sin demora” (párr. 18). 3. Fuerzas de seguridad. Tráfico de estupefacientes. Detención de personas. Confesión. “Según la información recibida, los agentes del orden están sometidos a una presión considerable para obtener resultados en las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos. El Relator Especial teme que esas expectativas supongan un incentivo peligroso que fomente el uso, por parte de los policías, de métodos coercitivos con el fin de obtener confesiones forzadas. Además, parece ser que en los organismos encargados de hacer cumplir la ley todavía se consideran aceptables la tortura y los malos tratos” (párr. 20). “Otra razón que podría explicar la dependencia excesiva de las pruebas basadas en confesiones es que no se imparte una formación adecuada sobre métodos de investigación no coercitivos. Por consiguiente, el Relator Especial insta al Gobierno a que vele por que los agentes del orden reciban una formación adecuada en técnicas de investigación forense de base científica, que, además de ajustarse al derecho de los derechos humanos, han demostrado ser más eficaces para determinar los hechos de manera fiable” (párr. 21). 4. Cárceles. Condiciones de detención. Hacinamiento. Prisión preventiva. Plazo razonable. Tortura. Asistencia médica. Trabajo. Educación. Reinserción social. “Si bien el Relator Especial acoge con satisfacción el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [hay nota], expresa preocupación porque la aplicación de este enfoque alternativo sigue siendo insuficiente para mitigar el hacinamiento carcelario. En la práctica, la privación de libertad todavía parece ser la medida rutinaria predilecta del poder judicial frente a cualquier presunto delito, a pesar de que existen medidas alternativas cuando los sospechosos no suponen una amenaza para la seguridad pública y no hay riesgo de que huyan o interfieran en la investigación” (párr. 30). “[S]i bien la ley exige que los presos preventivos estén separados físicamente de los condenados, algunos centros no disponían de espacio suficiente para ello, por lo que los presos preventivos estaban sometidos al mismo régimen que los condenados. El Relator Especial comparte la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de que esa transformación de la naturaleza de la prisión preventiva en un castigo de facto sin condena infringe el artículo 10, párr. 2 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (A/HRC/39/45/Add.1, párr. 33). En opinión del Relator Especial, los casos de prisión preventiva excesivamente prolongada observados durante su visita pueden constituir un trato cruel, inhumano o degradante que contraviene el derecho internacional” (párr. 33). “El Relator Especial también se hace eco con gran preocupación de la información según la cual, a pesar de los reglamentos vigentes, el personal médico no efectúa los reconocimientos de manera concienzuda y, en particular, no pregunta sobre las lesiones ni se esfuerza por tratar de encontrar su causa” (párr. 50). “El Relator Especial también desea subrayar la importancia de traspasar la responsabilidad en materia de asistencia sanitaria de la administración penitenciaria al Ministerio de Salud y Desarrollo Social o al ministerio de salud provincial competente, ya que la actual cadena de supervisión en los centros de reclusión no contribuye a que los profesionales de la salud documenten y denuncien casos de tortura o malos tratos con total independencia” (párr. 51). “[L]as oportunidades laborales, educativas y recreativas revisten una importancia fundamental, no solo para el bienestar mental, emocional y físico de los reclusos, sino también para el éxito de su reintegración tras su puesta en libertad” (párr. 58). 5. Cárceles. Requisa. Familia. Mujeres. LGBTIQ. Traslado de detenidos. Tortura. “Los reclusos de todas las instituciones visitadas señalaron que eran sometidos a registros corporales rutinarios cada vez que salían del establecimiento y volvían a entrar en él, por ejemplo antes y después de las vistas judiciales, durante las visitas de los familiares, e incluso cuando se trasladaban de una parte del establecimiento a otra. Algunos reclusos informaron de que habían sido objeto de registros corporales sin ropa y de inspecciones de orificios corporales, para lo cual a veces tenían que agacharse. La población más expuesta a ser estigmatizada o humillada por los registros son las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales” (párr. 60). “[E]l Relator Especial desea recordar que los registros nunca deben ser más invasivos de lo necesario y deben realizarse de manera respetuosa, teniendo debidamente en cuenta factores como el género y la edad. Los registros excesivamente invasivos o humillantes efectuados únicamente con el fin de intimidar o acosar a un detenido pueden equivaler a malos tratos” (párr. 61). “Muchos reclusos se quejaron de que estaban encarcelados lejos de sus familias, y de que la consiguiente falta de contacto con la familia se veía agravada por las visitas excesivamente breves y esporádicas y por procedimientos que los familiares consideraban humillantes. El Relator Especial expresa preocupación por las alegaciones de que los traslados a lugares de detención alejados se utilizaban como castigo o represalia contra ciertos detenidos. Desea subrayar que esos traslados punitivos no solo pueden tener consecuencias graves para la salud y el bienestar de los reclusos afectados y sus familiares, sino que también pueden constituir una pena cruel, inhumana o degradante” (párr. 62). 6. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Declaración de responsabilidad. Condiciones de detención. “Uno de los problemas fundamentales del sistema penal de menores parece ser la clara tendencia hacia la detención y la reclusión sistemáticas de los presuntos delincuentes, aunque no hayan alcanzado la edad de responsabilidad penal, lo que los expone innecesariamente a un ambiente marcado por la violencia y el maltrato” (párr. 71). 7. Salud mental. Internación. Consentimiento informado. Condiciones de detención. “Al Relator Especial le preocupa la supuesta utilización de terapias y tratamientos electroconvulsivos, de medicamentos como base fundamental de la terapia y de la hospitalización prolongada por razones sociales en vez de médicas. También le inquietan las irregularidades relacionadas con las historias clínicas y el hecho de que no sea necesario obtener el consentimiento informado de los pacientes para su hospitalización, que se considera oficialmente ‘voluntario’” (párr. 77). 8. Vulnerabilidad. Género. Mujeres. LGBITQ. Condiciones de detención. “Al Relator Especial le preocupa también la falta de directrices o protocolos relativos a la atención para las mujeres embarazadas privadas de libertad. Según la información reunida, estas mujeres sufrían abusos obstétricos durante el embarazo y el parto y después de este por parte del personal penitenciario, administrativo y sanitario” (párr. 80). “El Relator Especial se muestra también preocupado por las informaciones que dan cuenta de los registros vejatorios de personas transgénero en público o en las comisarías de policía, así como de su detención en condiciones humillantes. En particular, las comisarias provinciales no disponen de las instalaciones necesarias para mantener separadas a las personas transgénero detenidas” (párr. 81). 9. Pueblos indígenas. Protesta. Fuerzas de seguridad. Violencia institucional. No discriminación. “El Relator Especial lamenta informar de las deplorables condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de protección adecuada de sus derechos a sus tierras tradicionales y su limitado disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales básicos. Expresa su profunda preocupación por los métodos violentos que supuestamente utilizan las fuerzas policiales para reprimir las protestas indígenas, así como por los patrones de marginación y discriminación de las personas privadas de libertad pertenecientes a los pueblos indígenas” (párr. 83).

Otra jurisprudencia relacionada

Observaciones preliminares y recomendaciones sobre la visita oficial a la Argentina entre el 9 y el 20 de abril de 2018; Constantín (reg. N° 1189 y causa N°60000615) 

Tribunal

Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

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