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Jurisprudencia: SC y GP v. Italia

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Titulo

SC y GP v. Italia

Hechos relevantes del caso

En 2008, los peticionarios acudieron a una clínica privada especializada en tecnología de reproducción asistida con el fin de concebir un hijo. Entonces, se llevó a cabo un primer ciclo de fecundación in vitro en el que la pareja solicitó que se obtuvieran al menos seis embriones, se los sometiera a un diagnóstico genético previo a la implantación, y que aquellos que presentaran “trastornos genéticos” no fueran transferidos al útero de SC. Sin emba rgo, la clínica respondió que dicha solicitud no estaba autorizada en virtud de la ley Nº 40/2004, por lo que no podía ser aceptada. Dicha norma regulaba el uso de la tecnología de reproducción asistida y prohibía toda investigación clínica y experimental con embriones humanos. En julio de ese mismo año, tras una demanda de los peticionarios ante el Tribunal de Florencia, se dictaron medidas provisionales con el fin de permitir el diagnóstico genético previo a la implantación. En octubre de 2009, los peticionarios se sometieron a un segundo ciclo de fecundación in vitro en la misma clínica. En esa ocasión, se obtuvieron diez embriones. Sin embargo, por razones técnicas, solo se pudo realizar el diagnóstico genético en seis de ellos. De esos seis embriones diagnosticados, solo uno estaba exento de osteocondromatosis múltiple hereditaria. No obstante, se determinó que era de “calidad media” y que tendría pocas probabilidades de implantarse si era transfería al útero. En un primer momento, SC rehusó la transferencia y la clínica amenazó con demandarla. En ese marco, la peticionaria aceptó someterse al procedimiento y, luego, sufrió un aborto involuntario. Los peticionarios solicitaron que los nueve embriones restantes fueran donados a la investigación científica. Esta solicitud fue denegada por la clínica por aplicación de la ley Nº 40/2004. En consecuencia, la pareja presentó una demanda contra la clínica y el Estado e impugnaron la negativa a entregarle los embriones y la falta de consentimiento previo a la implantación del embrión. La acción fue rechazada.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

28/03/2019

Voces CSJN

DERECHOS SEXUALES; DERECHOS REPRODUCTIVOS; TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA); TRATAMIENTO MÉDICO; CONSENTIMIENTO INFORMADO; GÉNERO; IGUALDAD; NO DISCRIMINACIÓN; SALUD PÚBLICA; VOLUNTAD PROCREACIONAL; FAMILIA; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO;

Decisión y argumentos

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que Italia era responsable por haber infringido los derechos de los peticionarios en virtud del artículo 12 (derecho a la salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, consentimiento informado) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, leídos conjuntamente con el artículo 2, párrafo 1 del mismo. “[L]a comunicación plantea dos cuestiones centrales: si la transferencia de un embrión al útero de SC sin su consentimiento constituye una vulneración de su derecho a la salud; y si la incertidumbre, creada por la Ley sobre si puede o no revocarse el consentimiento para la transferencia de embriones después de la fecundación constituye una vulneración del derecho de los peticionarios al disfrute del más alto nivel posible de salud en virtud del artículo 12 y a la protección de su familia en virtud del artículo 10. Estas cuestiones jurídicas básicas requieren el examen previo de otras dos cuestiones: a) el alcance del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y su relación con la igualdad de género; y b) la determinación de cuáles son las limitaciones permitidas al artículo 12” (párr. 7.4). 1. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Género. Igualdad. No discriminación. “El Comité recuerda que ‘el derecho a la salud sexual y reproductiva también es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos. Está íntimamente ligado a los derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física y mental de las personas y su autonomía, como los derechos a la vida; a la libertad y la seguridad de la persona; a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes’. El Comité recuerda también que ‘el derecho a la salud sexual y reproductiva implica un conjunto de libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva’. Además, ‘las violaciones de la obligación de respetar se producen cuando el Estado, mediante leyes, políticas o actos, socava el derecho a la salud sexual y reproductiva. Esas violaciones comprenden la injerencia del Estado con la libertad de la persona para controlar su propio cuerpo y la capacidad para adoptar decisiones libres, informadas y responsables en ese sentido [...]. Las leyes y políticas que prescriben intervenciones médicas involuntarias, coactivas o forzadas, incluida la esterilización forzada o las pruebas obligatorias del VIH/sida, la virginidad o el embarazo, también violan la obligación de respetar’” (párr. 8.1). “‘[L]a experiencia de las mujeres sometidas a discriminación y violencia sistemáticas durante toda su vida requiere una comprensión global del concepto de igualdad de género en el marco del derecho a la salud sexual y reproductiva. La no discriminación por razón de sexo, garantizada en el artículo 2 2) del Pacto, y la igualdad de las mujeres, garantizada en el artículo 3, requieren eliminar no solo la discriminación directa, sino también la indirecta, y asegurar la igualdad formal y sustantiva. Las leyes, las políticas y las prácticas neutrales pueden perpetuar las desigualdades de género y la discriminación ya existentes contra la mujer. La igualdad sustantiva requiere que las leyes, las políticas y las prácticas no mantengan, sino que mitiguen, la desventaja inherente que experimentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva’”. (párr. 8.2). “El Comité recuerda que, como parte de las obligaciones que corresponden al Estado parte en virtud del artículo 3, ‘incumbe a los Estados partes tener en cuenta la manera en que la aplicación de normas y principios jurídicos aparentemente neutrales en lo que se refiere al género tenga un efecto negativo en la capacidad del hombre y la mujer para disfrutar de sus derechos humanos en pie de igualdad’” (párr. 8.3). 2. Salud pública. Tratamiento médico. Consentimiento informado. Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Responsabilidad del Estado. Igualdad. No discriminación. “El artículo 12 del Pacto no es absoluto y puede estar sujeto a las limitaciones permitidas por el artículo 4 del Pacto. El Comité recuerda que la cláusula limitativa —el artículo 4— tiene por objeto fundamental proteger los derechos de los particulares, y no permitir la imposición de limitaciones por parte de los Estados. Por consiguiente, el Estado parte que restrinja el disfrute de un derecho reconocido en el Pacto tiene la obligación de justificar la adopción de esas graves medidas en relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4. Esas restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática” (párr. 9). “El Comité observa la primera reclamación presentada por los peticionarios en virtud del artículo 12, a saber, que consideran que se vulneró el derecho de SC a la salud cuando se la obligó a someterse a la transferencia de un embrión a su útero en contra de su voluntad. El Comité observa que esta transferencia dio lugar a un aborto espontáneo que ha sido traumático para la autora. El Comité recuerda que el derecho a la salud incluye el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre cualquier tratamiento médico al que pueda someterse una persona. Por lo tanto, las leyes y políticas que prescriben intervenciones médicas involuntarias, coercitivas o forzadas contravienen la responsabilidad del Estado de respetar el derecho a la salud. El Comité observa además que el hecho de obligar a una mujer a que se le transfiera un embrión a su útero constituye claramente una intervención médica forzada. El Comité concluye que, en las circunstancias de este caso, los hechos que se le han expuesto constituyen una vulneración del derecho de SC a la salud, consagrado en el artículo 12 del Pacto” (párr. 10.1). “[C]uando la información pertinente presentada en una comunicación aporta indicios razonables de que una ley que afecta desproporcionadamente a la mujer contraviene la obligación del Estado parte de garantizar la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute del derecho presuntamente vulnerado, incumbe al Estado parte demostrar que ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 3 del Pacto” (párr. 10.2). “El Comité observa que la Ley 40/2004, tal como se interpreta en el caso de los peticionarios, restringe el derecho de las mujeres sometidas al tratamiento a revocar su consentimiento, lo que puede dar lugar a intervenciones médicas forzadas o incluso a embarazos forzados de todas las mujeres que se someten a un tratamiento de fecundación in vitro. Considera que, aunque, presumiblemente, esta restricción del derecho a retirar el consentimiento afecta a ambos sexos, supone una carga extremadamente onerosa para las mujeres. El Comité observa que las consecuencias que puede tener para las mujeres son extremadamente graves y constituyen una violación directa del derecho a la salud y a la integridad física de la mujer. Concluye que la transferencia de un embrión al útero de SC sin su consentimiento válido constituyó una vulneración de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y de su derecho a la igualdad de género en el disfrute de su derecho a la salud, lo que constituye una violación del artículo 12 del Pacto, leído por sí solo y en conjunción con el artículo 3” (párr. 10.3). “[E]l Comité reconoce que los peticionarios no pueden acceder a los tratamientos de fecundación in vitro. El Comité considera que de ello se desprende que la Ley 40/2004 impone una restricción al derecho de los peticionarios a la salud, ya que impide su acceso a un tratamiento de salud que de otro modo estaría disponible en el Estado parte” (párr. 11.1). “Las restricciones a los derechos protegidos por el Pacto deben ajustarse a las limitaciones previstas en el artículo 4 del mismo. El Comité recuerda que, según el artículo 4, las restricciones deben ser compatibles ‘con la naturaleza de esos derechos’. El Comité ha llegado a la conclusión de que la prohibición de revocar el consentimiento para la transferencia de un embrión constituye una vulneración del derecho a la salud, puesto que puede dar lugar a intervenciones médicas forzadas o incluso a embarazos forzados. Esta prohibición afecta a la esencia misma del derecho a la salud y excede el tipo de restricción que se justificaría en virtud del artículo 4 del Pacto. La prohibición, o al menos la ambigüedad en cuanto a su existencia, es la causa por la que los peticionarios no pueden acceder a tratamientos de fecundación in vitro. Por consiguiente, el Comité considera que la restricción no es compatible con la naturaleza del derecho a la salud y que los hechos que le han sido expuestos ponen de manifiesto una violación del artículo 12 del Pacto con respecto a ambos peticionarios” (párr. 11.2). “Por último, el Comité observa que la mayoría de los problemas planteados por los peticionarios en su petición están relacionados con las ambigüedades, y posiblemente incluso las incoherencias, de la normativa del Estado parte sobre la fecundación in vitro y la posible investigación con embriones y células madre. Estas ambigüedades se deben, en parte, al hecho de que la Ley 40/2004, aprobada en 2004, ha sido objeto de modificaciones importantes, aunque parciales, a raíz de varias decisiones del Tribunal Constitucional. Además, el Comité es consciente de que se trata de un ámbito en el que las opiniones de la sociedad han evolucionado considerablemente y de que la ciencia y las técnicas se encuentran en un estado de desarrollo constante. Por esas razones, y como han subrayado otros órganos de derechos humanos, los Estados deben actualizar periódicamente sus normativas para armonizarlas con sus obligaciones en materia de derechos humanos y con la evolución de la sociedad y el progreso científico. En el Estado parte, esto parece aún más urgente” (párr. 11.4).

Otra jurisprudencia relacionada

Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) v. Costa Rica; Comité DESC Observación General 22 sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva 

Tribunal

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR

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