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> Jurisprudencia > Kostovski v. Paises Bajos  

Jurisprudencia: Kostovski v. Paises Bajos

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Titulo

Kostovski v. Paises Bajos

Hechos relevantes del caso

En 1979, Slobodan Kostovski fue sentenciado a seis años de prisión por robar con armas una joyería en Holanda. Al año siguiente, el juzgado admitió el pedido de extradición de Suecia, donde se lo acusaba por dos robos con armas, por prestar auxilio a una persona que escapaba del juzgado y por tentativa de homicidio culposo. Sin embargo, en agosto de 1981 el peticionario escapó de prisión con otras personas –entre ellas, Stanley Hillis– y permaneció fugado hasta abril del siguiente año. El 20 de enero de 1982, tres hombres enmascarados realizaron un asalto armado a un banco y huyeron con una importante suma de dinero y cheques. La operación fue atribuida a Stanley Hillis por el modus operandi. Esta sospecha se profundizó por la declaración de testigos anónimos que se presentaron ante la policía y lo acusaron del hecho. Finalmente, el 1 de abril de 1982, Hillis y Kostovski fueron arrestados en Amsterdam. Durante la investigación preliminar el juez interrogó, en ausencia del fiscal, del peticionario y de su abogado, a una de las personas que había declarado ante la policía con anterioridad. Lo hizo preservando su identidad por miedo a posibles represalias. El 10 de septiembre de 1982 el caso fue elevado a juicio. Algunos de los testigos fueron escuchados en audiencia, pero no se permitió que la defensa realizara ciertas preguntas dirigidas a clarificar la confiabilidad y las fuentes de información de los testigos anónimos –que no fueron escuchados en audiencia–, ya que se consideró que estas podrían revelar la identidad de dichos sujetos, que tampoco los jueces conocían. El tribunal entendió que las declaraciones eran veraces y condenaron al peticionario a la pena de seis años de prisión por robo con armas. El Tribunal de Apelaciones no concordó con la evaluación de la evidencia que se hizo primera instancia y revocó la decisión. Sin embargo, después de que se efectuara un nuevo juicio, se lo volvió a condenar. El 25 de septiembre del siguiente año, el Tribunal Supremo desestimó la apelación del peticionario. El 8 de julio de 1988 obtuvo su libertad condicional luego de 1461 días en prisión. Ese mismo día fue extraditado a Suecia para cumplir allí una condena de ocho años de prisión.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

20/11/1989

Voces CSJN

PRUEBA; PRUEBA TESTIMONIAL; TESTIGOS; DERECHO DE DEFENSA; AUDIENCIA; MOTIVACIÓN; MIEDO; INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró la existencia de una violación del párrafo 3 (d), en conjunto con el párrafo 1, del artículo 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa. “El Tribunal nota que solo uno de los autores de los testimonios –aquella persona cuyas declaraciones fueron leídas en la audiencia– estaba, de acuerdo con la ley holandesa, considerado como ‘testigo’. Sin embargo, en vistas de la interpretación autónoma dada a este término […] ambos autores deberían ser considerados para el análisis del artículo 6.3 (d) (art. 6-3-d) del Convenio, ya que las declaraciones de ambos, ya sea que hayan sido leídas en juicio o no, fueron presentadas de hecho ante el tribunal y tomadas en cuenta por éste” (cfr. párr. 40). “La evidencia debe normalmente ser producida en una audiencia pública, en presencia del acusado, en vistas de un debate contradictorio […]. Esto no significa, sin embargo, que para que las declaraciones puedan ser utilizadas como evidencia deban ser siempre realizadas en una audiencia pública ante el tribunal: usar evidencia tal como las declaraciones obtenidas en la etapa anterior al juicio no es en sí mismo contradictorio con los párrafos 3 (d) y 1 del artículo 6 (art. 6-3-d, art. 6-1) siempre y cuando los derechos de la defensa hayan sido respetados. Como regla, estos derechos requieren que el acusado tenga una oportunidad adecuada de objetar y cuestionar un testigo de cargo, ya sea en el momento en que el testigo realizaba su declaración o en una etapa posterior de los procedimientos” (cfr. párr. 41). 2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Testigo anónimo. Incorporación de prueba por lectura. “Ciertamente la defensa pudo interrogar, ante el Tribunal de distrito de Utrecht y después ante el de apelación de Amsterdam, a uno de los policías y a los dos Jueces de instrucción que habían recogido las declaraciones […]. Pudo también presentar –sólo a una de las personas anónimas– sus preguntas por escrito por medio del Juez instructor […]. Sin embargo, la naturaleza y el alcance de las preguntas que podía presentar de una o de otra manera estaban muy limitados por la resolución de respetar el anonimato de dichas personas […]. Este último aspecto del caso agravó las dificultades con que se encontró el demandante. Si la defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos que precisamente le permitan probar que es parcial, enemiga o indigna de crédito. Un testimonio, o cualesquiera declaraciones en contra del inculpado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si no tiene la información que le permita fiscalizar el crédito que mere-ce el autor o ponerlo en duda. Son evidentes los peligros inherentes a una situación así” (cfr. párr. 42). “Además, la ausencia de los anónimos declarantes impidió a los Jueces competentes para sentenciar observar su comportamiento durante el interrogatorio y, por tanto, formar su convicción sobre el crédito que merecían […]. En consecuencia, no puede decirse que el procedimiento seguido ante las autoridades judiciales compensara a la defensa de los obstáculos con que se encontró” (cfr. párr. 43). 3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Testigo anónimo. Motivación. Miedo. “Subraya el Gobierno que la jurisprudencia y la práctica de los Países Bajos en materia de declaraciones anónimas se derivan de la intimidación creciente de los testigos, y buscan un equilibrio entre los intereses de la sociedad, de los acusados y de los declarantes. En el caso de autos, entiende que éstos tenían buenas razones para temer que se produjeran represalias […]. Aunque el incremento de la delincuencia organizada exige, por supuesto, que se tomen medidas adecuadas, entiende el Tribunal que la alegación del Gobierno concede poca importancia a lo que el abogado del peticionario llama ‘el interés de todo ciudadano, en una sociedad civilizada, en contar con un procedimiento judicial justo y de posible revisión’. El derecho a una buena administración de justicia ocupa un sitio pre-eminente en una sociedad democrática […] que no se puede sacrificar a la mera conveniencia. El Convenio no impide apoyarse, en el período de la instrucción preparatoria, en fuentes como los informantes anónimos; pero el uso posterior de estas declaraciones, como pruebas suficientes para formar una convicción, suscita un problema diferente. En el caso de autos, llevó a limitar los derechos de la defensa de manera opuesta a las garantías del artículo 6…” (cfr. párr. 44).

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Tribunal

Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH

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