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> Jurisprudencia > Saïdi v. Francia  

Jurisprudencia: Saïdi v. Francia

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Titulo

Saïdi v. Francia

Hechos relevantes del caso

Una persona de nacionalidad tunecina que residía en Francia fue detenida junto a otras personas en el marco de una investigación por dos muertes producidas como consecuencia del consumo de drogas. Ese mismo día, la persona detenida fue expuesta a través de un espejo polarizado –de modo que no pudiera ver al otro lado– ante tres personas con adicciones a las drogas que lo identificaron categóricamente. El día siguiente, fue acusada de posesión y suministro de heroína y de homicidio no intencional. Debido a la gravedad de las acusaciones, se mantuvo su detención. De acuerdo con las pautas del juez de instrucción, la policía obtuvo declaraciones de varios testigos, adictos o ex-adictos a las drogas. Se les mostraron fotografías y todos lo identificaron. Luego, se presentó un amigo de una de las víctimas para declarar espontáneamente como testigo. En su declaración, describió al peticionario como su antiguo proveedor de drogas. El juez de instrucción consideró que el peticionario había contravenido la legislación referida a drogas peligrosas por poseer y proveer de heroína; y que con inadvertencia, imprudencia, falta de cuidado, negligencia o falta de respeto a la legislación había causado dos muertes involuntarias. El Tribunal Criminal de Niza condenó al imputado a la pena de diez años de prisión por infringir la ley referida a drogas peligrosas y por el delito de homicidio no intencional. Además, se ordenó su expulsión permanente del territorio francés. La sentencia fue im-pugnada y el Tribunal de Apelaciones de Aix-en-Provence consideró al peticionario culpable sólo por la comisión del delito de homicidio no intencional y redujo la pena a ocho años de prisión. De todos modos, mantuvo su expulsión. La apelación ante el Tribunal de Casación fue desestimada. Luego de cumplir cinco años, dos meses y diecisiete días de detención, el peticionario fue liberado. Ese mismo día, se negó a cumplir con la orden de expulsión. Por ese motivo, fue condenado a seis meses de prisión conjuntamente con diez años de prohibición de residir en territorio francés.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

02/09/1993

Voces CSJN

INCORPORACIÓN DE PRUEBA POR LECTURA; PRUEBA; TESTIGOS; DEBIDO PROCESO; PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; JUICIO ORAL; AUDIENCIA; DERECHO DE DEFENSA;

Decisión y argumentos

El TEDH determinó que Francia era responsable por la violación del artículo 6.1 en conjunto con el artículo 6.3 (d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa. “[L]a elección de la evidencia está gobernada en primer lugar por las reglas del derecho interno y, en principio, son los tribunales nacionales los que deben evaluar la evidencia que se presenta ante ellos. La tarea del Tribunal de acuerdo al Convenio es la de averiguar si los procedimientos en su conjunto, incluyendo la forma en la que se obtuvo la evidencia, fueron equitativos (ver Edwards v. Reino Unido ). Toda evidencia debe normalmente ser producida en una audiencia pública, en presencia del acusado, en vistas de un debate contradictorio. Sin embargo, el uso como evidencia de las declaraciones obtenidas en la etapa del interrogatorio policial y durante la investigación judicial no es en sí mismo contradictorio con los párrafos 3 (d) y 1 del artículo 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), siempre y cuando se respeten los derechos de defensa. Como regla, estos derechos requieren que el acusado tenga una adecuada oportunidad de objetar y cuestionar un testigo de cargo, ya sea en el momento en que el testigo realizaba su declaración o en una etapa posterior de los procedimientos (ver Isgrò v. Italia)” (cfr. párr. 43). 2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Prueba única y decisiva. Medidas de compensación. “[E]l testimonio constituyó la única base para la condena del peticionario, luego de haber sido también el único fundamento para el inicio del proceso. Sin embargo, ni al momento de la investigación ni durante el juicio el peticionario pudo interrogar o presenciar el interrogatorio de los testigos relacionados. La falta de confrontación lo privó en ciertos aspectos de tener un juicio equitativo. El Tribunal es consciente de las innegables dificultades que presenta la lucha contra el tráfico de drogas –en particular en lo que respecta a la obtención y la producción de evidencia– y los estragos causados en la sociedad por el problema de la droga, pero esas consideraciones no justifican la restricción hasta este punto de los derechos de defensa de ‘cualquier acusado por una ofensa criminal’. En síntesis, hubo una violación del artículo 6, párrafo 1 y 3 (d) (art. 6-1, art. 6-3-d)” (cfr. párr. 44).

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Tribunal

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