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> Jurisprudencia > X v. Timor Oriental  

Jurisprudencia: X v. Timor Oriental

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Titulo

X v. Timor Oriental

Hechos relevantes del caso

Una mujer (X) estaba en pareja y convivía con el señor DS. Desde que el hombre se unió a la Fuerza de Defensa de su país, comenzó a notar un cambio en su actitud. Por las noches llegaba ebrio a su casa y la maltrataba. Con el transcurso del tiempo se incrementó el nivel de violencia y, en distintas ocasiones, la mujer recibió golpes. Luego de quedar embarazada y tener un hijo, el hombre continuó con ese comportamiento. Por ese motivo, la mujer hizo saber de esta situación a los miembros de la Fuerza de Defensa. A su vez, su madre hizo una denuncia ante el jefe de la aldea y el jefe del pueblo. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna medida para protegerla. Ante un nuevo hecho y una nueva denuncia, la Fuerza de Defensa del país hizo firmar a DS una declaración en la que se comprometía a dejar de golpearla. De todos modos, no se dio aviso a la policía ni se le brindó asistencia médica a la mujer. En una oportunidad, mientras era golpeada, agarró un cuchillo de la cocina para defenderse y apuñaló a su pareja. El hombre murió en el acto. La mujer llamó a la policía y fue detenida. Pese a requerir que la viera un médico, no fue asistida. La señora X fue procesada por el delito de homicidio agravado. En un primer interrogatorio, fue representada por un abogado con el que no había tenido contacto previo ni posterior a la audiencia. El tribunal, además, ordenó la prisión preventiva y la defensa no se opuso. Durante el juicio, la señora X fue asistida por un nuevo abogado con el que sólo se entrevistó el día del juicio. El tribunal la condenó a una pena de quince años de prisión. Entre sus consideraciones, sostuvo que, como esposa, era su deber “proteger a su esposo”. Ante la interposición de un recurso, el tribunal de apelación cuestionó que no se hubiera analizado la posibilidad de que la imputada actuara en legítima defensa. Por ese motivo, se volvió a realizar el juicio. El tribunal, sin embargo, descartó la legítima defensa y la sentencia fue confirmada en las instancias de apelación.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

25/04/2018

Voces CSJN

VIOLENCIA DE GÉNERO; PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER; DEBIDA DILIGENCIA; PREVENCIÓN; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; APRECIACION DE LA PRUEBA; DERECHO DE DEFENSA; ASISTENCIA MEDICA;

Decisión y argumentos

La CEDAW consideró que Timor Oriental era responsable por haber infringido los derechos de la peticionaria en virtud de los artículos 2 c), d) y f) (derecho a la no discriminación, protección jurídica de los derechos de la mujer) y 15 (igualdad) de la Convención, leídos conjuntamente con el artículo 1 de la Convención y las recomendaciones generales núms. 19, 28, 33 y 35 del Comité. 1. Violencia de género. Debida diligencia. Protección integral de la mujer. “[E]l Comité toma nota de las alegaciones de la peticionaria de que sus denuncias ante las autoridades del pueblo y la Fuerza de Defensa sobre la situación de violencia familiar que estaba sufriendo no se pusieron en conocimiento de la policía, no se le facilitó asistencia médica a pesar de que se hicieron fotografías de sus lesiones y se tomaron declaraciones tras múltiples incidentes de violencia, su caso no se trasladó a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ni al ministerio público, y aparentemente la peticionaria no tuvo acceso a esas pruebas durante su defensa” (párr. 6.3). “[E]l Comité considera que la Fuerza de Defensa, al tratarse de un agente estatal, aplicar procedimientos similares a los que emplea la policía en la investigación de delitos toman-do fotografías y declaración, y no cuestionar, aparentemente, la versión de los hechos ofrecida por la peticionaria, habida cuenta de que llevó al culpable a firmar una confesión, incumplió sus responsabilidades de diligencia debida al no adoptar medidas para asegurar la protección de la peticionaria” (párr. 6.4). 2. Debida diligencia. Derecho de defensa. Defensa técnica ineficaz. Asistencia médica. Estereotipos de género. Apreciación de la prueba. “El Comité señala, además, que las autoridades del Estado parte encargadas de hacer cumplir la ley no prestaron servicios de atención médica a la peticionaria tras su detención; no le informaron de sus derechos; no velaron por que contara con asistencia letrada en su primer interrogatorio; no recabaron pruebas que habrían facilitado su defensa; la mantuvieron detenida mucho más tiempo de lo establecido en la legislación nacional, a pesar de ser una madre lactante; tras su detención, no le prestaron el apoyo psicosocial indicado cuando una persona afirma haber sido agredida y haber matado en legítima defensa, y no se cercioraron, al designar a un abogado defensor, de que su asistencia fuera eficaz (no expuso argumentos para evitar la prisión preventiva de una madre lactante, no asesoró a la peticionaria sobre su defensa y no se entrevistó con ella para darle la oportunidad de preparar su propia defensa); y, por último, que los jueces, a pesar de haberse aceptado la celebración de un nuevo juicio sobre la base de que la legítima defensa no se había tenido debidamente en cuenta en el primero, permitieron que estereotipos y sesgos de género afectaran a la valoración de las pruebas en el segundo juicio, en particular al otorgar a las declaraciones de la peticionaria menor credibilidad que a las de su sobrino, quien no había estado presente en todos los momentos clave. Si bien el Comité no ha tenido en cuenta específicamente el primer juicio, ya que la decisión resultante de él fue anulada por el Tribunal de Apelación, es evidente que, puesto que la legítima defensa en tales circunstancias es una defensa completa contra la acusación de asesinato, los defectos de ese juicio no se subsanaron satisfactoriamente y que en las primeras actuaciones, en las que se dijo a la peticionaria que ‘como esposa, su deber es proteger a su esposo’, demuestran la existencia de prejuicios profundamente arraigados, que persistieron durante el segundo juicio y han ocasionado un enorme daño a la vida de la peticionaria y su hijo” (párr. 6.5). “En ese sentido, el Comité se remite a su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, en la que afirma lo siguiente: ‘Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. […] En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. Los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Los fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes suelen permitir que los estereotipos influyan en las investigaciones y los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género, y dejar que los estereotipos socaven las denuncias de las víctimas […]. Por consiguiente, los este-reotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del juicio, y por último influyen en la sentencia.’” (párr. 6.6). 3. Violencia de género. Debida diligencia. Prevención. “El Comité recuerda sus recomendaciones generales núm. 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer y núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, de conformidad con las cuales la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional general o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación en el sentido del artículo 1 de la Convención. En virtud de la obligación de diligencia debida, los Estados partes deben adoptar y aplicar diversas medidas para hacer frente a la violencia por razón de género contra la mujer cometida por agentes no estatales, lo que comprende contar con leyes, instituciones y un sistema para abordar dicha violencia y garantizar que funcionan de manera eficaz en la práctica y que cuentan con el apoyo de todos los agentes y órganos del Estado que hacen cumplir las leyes con diligencia. El hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia por razón de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas y supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia por razón de género contra la mujer. Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos” (párr. 6.7).

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Observación General Nº 35 

Tribunal

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW

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