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> Jurisprudencia > X v. Macedonia  

Jurisprudencia: X v. Macedonia

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Titulo

X v. Macedonia

Hechos relevantes del caso

X había sido registrada en la República de Macedonia como mujer al momento de nacer. Sin embargo, desde una temprana edad comenzó a sentirse varón. Entonces, un psicólogo y sexólogo le diagnosticó transexualidad y un médico le recomendó un tratamiento hormonal. En el año 2011, solicitó un cambio de nombre y apellido. Aunque el Ministerio de Interior hizo lugar al pedido, le mantuvo el número de DNI, que en el país contiene un número asociado al género. Por ese motivo, realizó una presentación para que el número de documento también sea modificado e indique su nuevo género. En ese sentido, pre-sentó las copias del informe médico que le recomendó el tratamiento hormonal y aludió a los Principios de Yogyakarta. No obstante, el Registro Civil local rechazó la solicitud. Para decidir de ese modo, señaló que no contaba con el certificado de una autoridad competente que señalara su cambio de sexo y que sólo había presentado un certificado médico que sugería la reasignación de su género. La persona apeló la decisión y sostuvo que no existía una norma legal que regulara la materia y que el diagnostico de transexualidad era suficiente para el reconocimiento de su nuevo género. El recurso fue rechazado por no contar con prueba relevante ni suficiente. Ante una nueva impugnación, el Tribunal Superior en lo Administrativo anuló la decisión y sostuvo que el Ministro de Interior debía especificar qué prueba requería y establecer un límite temporal para aportarla. Mientras continuaba con su tratamiento hormonal, el Registro Civil local rechazó una nueva petición. Los recursos interpuestos contra esa decisión fueron rechazados. Su último intento de impugnación fue en el año 2018. En esa oportunidad, se habían presentado distintos informes que señalaban la manera en que la falta de reconocimiento legal afectaba la salud mental del accionante.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

17/01/2019

Voces CSJN

GÉNERO; LGBTIQ; IDENTIDAD DE GÉNERO; DERECHO A LA IDENTIDAD; DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR; SALUD MENTAL; REGISTRO CIVIL; NOMBRE;

Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la República de Macedonia era responsable por haber violado el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y fa-miliar) del Convenio Europeo. “[E]l Tribunal observa que los procesos que impulsó la persona peticionaria a fin de obtener una reparación de su situación se encuentran pendientes desde hace más de siete años y hasta ahora no es posible predecir cuándo concluirán. Se debe notar que el examen prolongado de las solicitudes de la persona peticionaria y la falta de reconocimiento legal sobre su género tienen consecuencias negativas a largo plazo para su salud mental, tal como indicaron los psicólogos [intervinientes]” (cfr. párr. 44). “El Tribunal también considera que, dada la naturaleza y la particular situación de la persona peticionaria –que enfrenta una continua situación perjudicial para su vida privada–, no se puede pretender que siga esperando la resolución de los procesos que impugnó…” (cfr. párr. 45). “De manera previa el Tribunal ha sostenido que, más allá de que el objeto esencial del Artículo 8 es la protección de los individuos contra las interferencias arbitrarias de las autoridades públicas, también debe imponer obligaciones positivas al Estado a fin de asegurar el respeto efectivo de los derechos protegidos por el Artículo 8. Este Artículo impone al Estado la obligación positiva de asegurar a sus ciudadanos el derecho al respeto de su integridad física y psicológica. Esta obligación incluye la adopción de medidas específicas, tales como la provisión de medios efectivos y accesibles para proteger el derecho al respeto a la vida privada. Estas medidas pueden incluir la adopción de un marco regulatorio sobre el cumplimiento de las normas que tiendan a la protección de los derechos de las personas, así como su debida implementación, en tanto sean apropiadas según los diferentes contextos…” (cfr. párr. 63). “[E]l Tribunal observa que la normativa local no cuenta con una ley que permita de manera explícita la modificación del sexo y el género de una persona en el registro civil, más allá del derecho a modificar su nombre […]. Además, la legislación no impone ningún plazo ni condición para que se lleve a cabo ni establece los procedimientos a seguir” (cfr. párr. 67). “El Tribunal considera que las circunstancias del caso demuestran vacíos legales y deficiencias serias que exponen a la persona peticionaria a una situación de angustia e incertidumbre respecto de su derecho a la vida privada y el reconocimiento de su identidad. Tal como se estableció […], la revisión prolongada de las solicitudes de la persona peticionaria –respecto de las que las autoridades nacionales tienen responsabilidad– tienen consecuencias negativas a largo plazo para su salud mental. Estas consideraciones son suficientes para que el Tribunal concluya que el marco legal actual en el Estado denunciado no provee ‘procesos rápidos, transparentes y accesibles’ para la modificación de las actas de nacimiento de personas transgénero” (cfr. párr. 70).

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