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Jurisprudencia: Muelle Flores v. Perú

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Titulo

Muelle Flores v. Perú

Hechos relevantes del caso

El señor Muelle Flores se jubiló en una empresa estatal de derecho privado el 30 de septiembre de 1990 conforme a lo establecido en el Decreto–Ley Nº 20.530. El 27 de enero de 1991 la empresa suspendió el ejercicio de ese derecho. Frente a esto, el peticionario interpuso una acción de amparo. El juzgado que intervino en el caso declaró fundada la demanda y ordenó que se dejara sin efecto la suspensión del régimen de pensiones y compensaciones. La decisión fue confirmada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima y por la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 1993 la empresa volvió a disponer la suspensión del pago de algunas pensiones de jubilación a sus ex trabajadores, entre ellas, la del peticionario. Por ese motivo, interpuso una segunda acción de amparo mediante la cual solicitó que se le restituyera su derecho a percibir su pensión y el pago de una indemnización por el daño causado. En ese marco, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa cumplir con el pago continuado de la pensión por cesantía renovable que percibía. Entonces, la empresa interpuso una demanda por la vía contencioso administrativa a efectos de que se declarara la improcedencia de la reincorporación del peticionario al régimen pensionario. En primera instancia se hizo lugar a la demanda. Luego, la sentencia fue apelada y elevada a la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima. Este tribunal confirmó la decisión de primera instancia. Sin embargo, esa resolución fue objeto de recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que hizo lugar al planteo y declaró infundada la demanda. Finalmente, la empresa fue privatizada en 1994. Esto generó obstáculos adicionales para el cumplimiento de las sentencias que ordenaban pagar la pensión del peticionario.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

06/03/2019

Voces CSJN

PENSIÓN; JUBILACIÓN; SEGURIDAD SOCIAL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; PRIVATIZACIÓN; EJECUCIÓN DE SENTENCIA; TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; DEBIDO PROCESO; DEBIDA DILIGENCIA; ACCESO A LA JUSTICIA; PLAZO RAZONABLE; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; ADULTOS MAYORES; PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DERECHO DE PROPIEDAD; DURACIÓN DEL PROCESO; AFECTACIÓN GENERADA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL PROCESO; ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO; COMPLEJIDAD DEL ASUNTO;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Perú era responsable por la violación del artículo 8 (garantías judiciales y derecho a ser juzgado en un plazo razonable), además de los artículos 25.1 y 25.2.c) (protección judicial), 26 (derecho a la seguridad social), 5 (derecho a la integridad personal), 11.1 (principio de dignidad), 21.1 y 21.2 (derecho a la propiedad privada) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. Debido proceso. Ejecución de sentencias. Tutela judicial efectiva. “[L]a responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios y mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. Asimismo, […] la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento” (párr. 125). “[L]a ejecución de las sentencias debe ser regida por aquellos estándares específicos que permitan hacer efectivos los principios, inter alia, de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, y estado de derecho. La Corte también ha señalado que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora” (párr. 126). “[E]l principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias y garantizar el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia. La Corte estima que en un ordenamiento basado sobre el principio del Estado de Derecho todas las autoridades públicas, dentro del marco de su competencia, deben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecución a las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión ni retrasar indebidamente su ejecución” (párr. 127). “Este Tribunal resalta […] la obligación de ejecutar ‘toda decisión en que se haya estima-do procedente el recurso’. Ello quiere decir que, la garantía de mecanismos eficaces de ejecución de decisiones o sentencias definitivas debe darse en relación con decisiones definitivas dictadas tanto en contra de entidades estatales como de particulares. Asimismo, es imprescindible la adopción de medidas adecuadas y eficaces de coerción, para que, de ser necesario, las autoridades que dicten las decisiones o sentencias puedan ejecutarlas y con ello lograr la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento definitivo” (párr. 128). 2. Pensión. Jubilación. Debida diligencia. Ejecución de sentencias. Privatización. “[La] falta de regulación clara respecto de quién sería el responsable del pago de la pen-sión del señor Muelle Flores, generó una situación de incertidumbre sobre su cobro, lo cual, a su vez, generó un obstáculo en el cumplimiento y ejecución de la sentencia. El Estado tenía una obligación judicial de cumplimiento, la cual se debió mantener luego de la privatización, o al menos, se debió establecer sobre qué entidad (sea pública o privada) recaería dicha obligación de cumplimiento. Es preciso recordar que con base en las obligaciones derivadas del artículo 1.1 de la Convención, el Estado no solo tiene la obligación de respetar los derechos, sino de hacerlos respetar, por lo que aun en el supuesto de que un privado fuese el responsable del pago de la pensión del señor Muelle, el Estado tenía la obligación de garantizar que el pago de su pensión se hiciera efectivo” (párr. 134). “En virtud de las obligaciones del Estado, la Corte estima que no solo debió cumplir con el pago de la pensión ordenado judicialmente, de manera inmediata, y con especial dili-gencia y celeridad, al tratarse de un derecho de ‘carácter alimentario y sustitutivo del salario’ […], sino que debió haber establecido expresa y claramente qué entidad se encargaría del cumplimiento de la decisión judicial ordenada antes de la privatización, esclareciendo y reconduciendo de oficio, el trámite a la entidad estatal que estaría a cargo del pago correspondiente. Ello, no sucedió en el presente caso, sino que por el contrario, dicha responsabilidad fue trasladada a la víctima” (párr. 137). “[E]l Tribunal considera que la falta de adopción de salvaguardas normativas o de otra índole para evitar una violación de los derechos del señor Muelle Flores como consecuencia de la privatización, creó un obstáculo en relación con el cobro de la pensión reconocida judicialmente a la víctima y con la ejecución de las sentencias de amparo, lo que derivó en que el señor Muelle Flores, hasta la actualidad, no pueda gozar del pago de una pensión a la cual contribuyó y adquirió de pleno derecho” (párr. 139). “[T]anto el cumplimiento como la ejecución de las sentencias constituyen componentes del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. De igual manera, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, debido a que el derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado permitiera que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las par-tes. La Corte considera, que para tal efecto, dentro del deber de garantizar los medios y mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, ‘deben establecerse mecanismos de seguimiento e imposición del cumplimiento que estén disponibles y sean accesibles en la práctica […] [como medidas coercitivas de distinta naturaleza, entre ellas,] las sanciones contra quienes dificultan el ejercicio efectivo de los derechos […]’. Ello, con-tribuiría con hacer efectivo el derecho protegido por la decisión que se busca implementar” (párr. 140). “[E]l Estado es responsable por el incumplimiento de las sentencias dictadas a favor del señor Muelle Flores, por la creación de obstáculos derivados de la privatización, por la ineficacia del poder judicial para hacer efectivo dicho cumplimiento y para revertir los efectos negativos de la privatización, así como por la ausencia de implementación de medidas para remediar dicha situación por un periodo prolongado de tiempo […]” (párr. 149). 3. Plazo razonable. Debido proceso. Ejecución de sentencias. Actividad procesal del interesado. Conducta de las autoridades judiciales. Duración del proceso. Afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. “[L]a evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, lo cual podría también incluir la ejecución de la sentencia definitiva. De esta manera, ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto” (párr. 155). “En cuanto al plazo razonable en relación con la etapa de ejecución de sentencias, la Corte resalta que dicho plazo debe ser más breve debido a la existencia de una decisión firme en relación con una materia concreta. Es inadmisible que un procedimiento de ejecución de sentencia distorsione temporalmente lo resuelto en sentencia definitiva o de cualquier otro modo lo desvirtúe o vuelva inoficioso, prolongando exagerada o indefinidamente la situación litigiosa ya resuelta. Ello adquiere mayor relevancia en un proceso de ejecución de sentencias, por medio de las cuales fue reconocido a nivel interno el derecho a la seguridad social de la víctima, una persona mayor con discapacidad auditiva, debido al carácter alimentario de la prestación reclamada. En estos casos, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar con particular celeridad en la ejecución de las decisiones internas” (párr. 157). “[E]n todo caso, la Corte considera que el impulso procesal para lograr el cumplimiento de un derecho humano (seguridad social) conforme a un mandato judicial, reconocido incluso en la Constitución peruana, no puede atribuírsele completamente a la víctima, ya que el obligado a garantizar dicho derecho es el Estado. Dado lo expuesto, existió una prolongación excesiva del proceso de ejecución y períodos de inactividad de las autoridades” (párr. 161). “Al respecto, es dable destacar que desde las sentencias dictadas en 1993 y 1999 hasta la fecha, han transcurrido más de 26 y 19 años, respectivamente, los que en una persona de avanzada edad y carente de recursos económicos, han ocasionado un impacto en su situación jurídica. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que se encuentra suficientemente probado que la prolongación de la ejecución del proceso en este caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica del señor Muelle Flores, por cuanto al retrasarse el cumplimiento de las resoluciones judiciales del caso, se afectó el desarrollo de su vida luego de su jubilación” (párr. 165). 4. Seguridad Social. Pensión. Jubilación. “[L]a Corte se pronunciará por primera ocasión respecto del derecho a la seguridad social, en particular sobre el derecho a la pensión, de manera autónoma, como parte integrante de los DESCA y para tal efecto seguirá el siguiente orden: a) el derecho a la seguridad social como derecho autónomo y justiciable; b) el contenido del derecho a la seguridad, y c) la afectación del derecho a la seguridad social en el presente caso” (párr. 171). “[D]el artículo 45 de la Carta de la OEA, interpretado a la luz de la Declaración Americana y de los demás instrumentos mencionados, se puede derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, como por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social buscar proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso” (párr. 183). “[C]on base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, y tomando en cuenta los hechos y particularidades del presente caso, las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la pensión son las siguientes: a) el derecho a acceder a una pensión luego de adquirida la edad legal para ello y los requisitos establecidos en la normativa nacional, para lo cual deberá existir un sistema de seguridad social que funcione y garantice las prestaciones. Este sistema deberá ser administrado o supervisado y fiscalizado por el Estado (en caso de que sea administrado por privados); b) garantizar que las prestaciones sean suficientes en importe y duración, que permitan al jubilado gozar de condiciones de vida adecuadas y de accesos suficiente a la atención de salud, sin discriminación; c) debe haber accesibilidad para obtener una pensión, es decir que se deberán brindar condiciones razonables, proporcionadas y transparentes para acceder a ella. Asimismo, los costos de las cotizaciones deben ser asequibles y los beneficiarios deben recibir información sobre el derecho de manera clara y transparente, especialmente si se tomara alguna medida que pueda afectar el derecho, como por ejemplo la privatización de una empresa; d) las prestaciones por pensión de jubilación deben ser garantizadas de manera oportuna y sin demoras, tomando en consideración la importancia de este criterio en personas mayores, y e) se deberá disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una violación del derecho a la seguridad social, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, lo cual abarca también la concretización material del derecho a través de la ejecución efectiva de decisiones favorables dictadas a nivel interno” (párr. 192). 5. Derecho a la integridad personal. Adultos mayores. Discapacidad. “[E]n un contexto de no pago de la pensión reconocida judicialmente, los derechos a la seguridad social, a la integridad personal y la dignidad humana se interrelacionan, y en ocasiones, la vulneración de uno genera directamente la afectación del otro, situación que se acentúa en el caso de las personas mayores” (párr. 201). “[L]a ausencia de recursos económicos ocasionada por la falta de pago de las mesadas pensionales genera en una persona mayor directamente un menoscabo en su dignidad, pues en esta etapa de su vida la pensión constituye la principal fuente de recursos económicos para solventar sus necesidades primarias y elementales del ser humano” (párr. 205). “[L]a afectación del derecho a la seguridad social por el no pago de las mesadas pensiona-les implica angustia, inseguridad e incertidumbre en cuanto al futuro de una persona mayor por la posible falta de recursos económicos para su subsistencia, ya que la privación de un ingreso lleva intrínsecamente la afectación en el avance y desarrollo de su calidad de vida y de su integridad personal” (párr. 206). “La falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la cobertura de salud del señor Muelle, una persona en situación de especial protección por ser una persona mayor con discapacidad. La vulneración generada por la falta de pago de la pensión se extendió más allá del plazo razonable debido, y al ser este el único ingreso de la víctima, la ausencia prolongada del pago generó indefectiblemente una precariedad económica que afectó la cobertura de sus necesidades básicas, y por ende también su integridad psicológica y moral, así como su dignidad” (párr. 207). 6. Derecho a la propiedad. Pensión. “[L]os beneficios que se derivan de la seguridad social, incluido el derecho a una pensión de vejez, forman parte del derecho de propiedad y por tanto deben estar protegidos contra la interferencia arbitraria del Estado. El derecho a la propiedad puede cubrir aún las expectativas legítimas del titular del derecho, en particular cuando haya efectuado aportes en un sistema contributivo. Con muchísima más razón, cubre los derechos adquiridos una vez perfeccionadas las condiciones para obtener un beneficio tal como la pensión de vejez, más aún cuando ese derecho ha sido reconocido a través de una sentencia judicial. Complementariamente, entre el abanico de intereses protegidos por el derecho a la propiedad, los beneficios de la seguridad social adquieren particular importancia por su ya mencionado carácter alimentario y sustitutivo del salario” (párr. 214). “[L]a víctima no pudo gozar integralmente de su derecho a la propiedad privada sobre los efectos patrimoniales de su pensión, legalmente reconocida, entendiendo aquéllos como los montos dejados de percibir. De igual manera, debido a que el Estado aún no ha hecho efectivas las sentencias a nivel interno que ordenaron el pago de las pensiones del señor Muelle Flores, la afectación de su patrimonio continúa. Lo anterior es una consecuencia directa de la falta de cumplimiento de lo ordenado en las sentencias de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional” (párr. 217).

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