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> Jurisprudencia > Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco v. México  

Jurisprudencia: Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco v. México

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Titulo

Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco v. México

Hechos relevantes del caso

Los días 3 y 4 de mayo del año 2006, a partir de un conflicto en el municipio de Texcoco, aproximadamente 700 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo con el fin de reprimir las manifestaciones de un grupo de trabajadores. Como consecuencia de la represión murieron dos jóvenes. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre las que se encontraban las once mujeres víctimas del caso. Este grupo se hallaba sujeto al completo control de los agentes y en una situación de absoluta indefensión e incomunicación. Entonces, los policías aprovecharon la situación de vulnerabilidad de las detenidas para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y daño a sus familias. Posteriormente, varias sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos que las atendieron al llegar al Centro de Readaptación Social, se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos y a reportar o registrar las violaciones sexuales.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

28/11/2018

Voces CSJN

VIOLENCIA; VIOLACIÓN; TORTURA; DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE; DERECHO DE REUNIÓN; FUERZAS DE SEGURIDAD; ABUSO DE AUTORIDAD; ORDEN PÚBLICO; LIBERTAD; DETENCIÓN DE PERSONAS; NOTIFICACIÓN; DERECHO DE DEFENSA; ARBITRARIEDAD; PRISIÓN PREVENTIVA; NO DISCRIMINACIÓN; GÉNERO; ESTEREOTIPOS DE GÉNERO; ASISTENCIA MEDICA; DEBIDA DILIGENCIA; DENUNCIA; VICTIMA; REVICTIMIZACIÓN; FAMILIA; VIOLENCIA SEXUAL; USO DE LA FUERZA;

Decisión y argumentos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que México era responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2 y 11 (derecho a la integridad personal, vida privada, y a no ser sometido a tortura), de los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal), 8.1 y 8.2 literales b, d y e, y 25.1 (derecho a la defensa, a las garantías judiciales y a la protección judicial), de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma. Igualmente, responsable por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. “En el presente caso, la Corte examinará (i) el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la afectación al derecho de reunión; (ii) la violencia sexual y violaciones sexuales cometidas en perjuicio de las once mujeres y su calificación como tortura en este caso; (iii) el uso de la violencia sexual como un arma de control de orden público; (iv) el empleo de estereotipos en la represión y atención a la denuncia de abusos por parte de las víctimas; (v) la violencia médica experimentada por las víctimas, y (vi) la discriminación por razones de género que se dio en este caso” (párr. 158). 1. Uso de la fuerza. Derecho de reunión. Control social. Fuerzas de seguridad. Policía. Abuso de poder. Orden público. “La Corte ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario [hay nota]. Si bien los agentes estaduales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, incluso la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores [hay nota]” (párr. 159). “La Corte ha recurrido a los diversos instrumentos internacionales en la materia y, en particular, a los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley [hay nota] y al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley [hay nota], para dotar de contenido a las obligaciones relativas al uso de la fuerza por parte del Estado [hay nota]. Los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza establecen que ‘[a]l dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario’, mientras que ‘[a]l dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9’ [hay nota]. En este sentido, las normas internacionales y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido que ‘los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras’ [hay nota]” (párr. 160). “Este Tribunal recuerda que el uso de la fuerza acarrea obligaciones específicas a los Estados para: (i) regular adecuadamente su aplicación, mediante un marco normativo claro y efectivo; (ii) capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, los límites y las condiciones a los que debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza, y (iii) establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza [hay nota]” (párr. 161). “Tomando en cuenta lo anterior, la Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, en los términos siguientes [hay nota]” (párr. 162). “[L]a Corte advierte que, contrario a lo alegado por el Estado, su responsabilidad no surge solamente de algunos actos de agentes estatales que actuaron fuera de los límites de sus competencias. La responsabilidad del Estado por el uso excesivo de la fuerza en este caso también surge por la omisión de las autoridades en prevenir estas violaciones” (párr. 166). “Si bien los Estados gozan de un cierto grado de discreción al evaluar el riesgo al orden público, a efectos de disponer el uso de la fuerza, esa discrecionalidad no es ilimitada ni carece de condiciones, particularmente cuando se trata de reuniones, protestas o manifestaciones protegidas por el artículo 15 de la Convención [hay nota]. Corresponde al Estado demostrar que adoptó las medidas estrictamente necesarias y proporcionales para controlar el riesgo percibido al orden público o a los derechos de las personas, sin restringir o violentar innecesariamente el derecho a la reunión pacífica de las demás personas [hay nota]. Al respecto, esta Corte ya ha señalado que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles [hay nota]” (párr. 167). “[E]n el presente caso, es claro que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales no era legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable […] en cuanto a la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluye que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, una supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos, conllevan violaciones a los artículos 5 y 11 de la Convención […]” (párr. 170). “[A]l respecto, la Corte toma nota de lo indicado por el ex Relator de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión y asociación, según el cual ‘cuando la violación del derecho a la libertad de reunión pacífica es un factor habilitante e incluso determinante o una pre condición para la violación de otros derechos […], también inevitablemente se ve afectado el derecho a la libertad de reunión pacífica y ello merece ser reconocido’ [hay nota]. Además, como sucede con otros derechos con una dimensión social, se resalta que la violación de los derechos de los participantes en una reunión o asamblea por parte de las autoridades, ‘tienen graves efectos inhibitorios [chilling effect] sobre futuras reuniones o asambleas’, en tanto las personas pueden optar por abstenerse para protegerse de estos abusos, además de ser contrario a la obligación del Estado de facilitar y crear entornos propicios para que las personas pueden disfrutar efectivamente de su derecho de reunión [hay nota]” (párr. 172). “[E]sta Corte estima que ambos derechos (derecho de reunión y de expresión) están intrínsecamente relacionados. Como se mencionó previamente, el ejercicio del derecho de reunión es una forma de ejercer la libertad de expresión […]. A juicio de este Tribunal, la violación del derecho de reunión podría generar una afectación a la libertad de expresión. No obstante, para que se configure una violación autónoma de la libertad de expresión, distinta al contenido inherente del derecho de reunión, sería necesario demostrar que la misma fue afectada más allá de la afectación intrínseca a la violación declarada del derecho de reunión” (párr. 173). “[E]l derecho a la reunión pacífica asiste a cada una de las personas que participan en una reunión. Los actos de violencia esporádica o los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento tienen un carácter pacífico [hay nota]. Por ello, las autoridades estatales deben extremar sus esfuerzos para distinguir entre las personas violentas o potencialmente violentas y los manifestantes pacíficos [hay nota]. Una gestión adecuada de las manifestaciones requiere que todas las partes interesadas protejan y hagan valer una amplia gama de derechos [hay nota]. Además, aunque los participantes en una reunión no actúen de forma pacífica y, como resultado de ello, pierdan el derecho de reunión pacífica, conservan todos los demás derechos, con sujeción a las limitaciones normales [hay nota]” (párr. 175). 2. Violencia sexual. Violación. Tortura. Integridad personal. Tratos crueles, inhumanos o degradantes. “[E]n casos que involucran alguna forma de violencia sexual, se ha precisado que las violaciones a la integridad personal conllevan la afectación de la vida privada de las personas, protegida por el artículo 11 de la Convención, la cual abarca la vida sexual o sexualidad de las personas [hay nota]. La violencia sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las decisiones respecto a con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas [hay nota]” (párr. 179). “Siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno [hay nota]” (párr. 181). “Asimismo, siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del derecho penal internacional como en el derecho penal comparado, este Tribunal ha considerado que la violación sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril [hay nota]. Para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente que se produzca una penetración, por superficial que sea, en los términos antes descritos [hay nota]. Además, se debe entender que la penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier tipo de penetración, por superficial que sea, es suficiente para que un acto sea considerado violación sexual. La Corte entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual [hay nota]” (párr. 182). “En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima [hay nota]. Además, esta Corte ha resaltado cómo la violación sexual de una mujer que se encuentra detenida o bajo la custodia de un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente [hay nota]” (párr. 183). “Una vez determinado que las once mujeres de este caso fueron víctimas de violencia sexual, y siete de ellas además de violación sexual, corresponde a la Corte determinar si esta violencia además constituyó tortura” (párr. 190). “[L]a jurisprudencia de la Corte ha determinado en numerosos casos que la violación sexual es una forma de tortura [hay nota]. Este Tribunal ha considerado que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, y en términos generales, la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre [hay nota]. Para calificar una violación sexual como tortura deberá atenerse a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso [hay nota]” (párr. 193). “A fin de establecer si las agresiones sufridas por las once mujeres en este caso constituyeron actos de tortura, corresponde examinar si se trataron de actos: i) intencionales, ii) que causaron severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) fueron cometidos con cualquier fin o propósito” (párr. 194). “En el presente caso, es claro que los policías actuaron deliberadamente en contra de las once mujeres. Dada la naturaleza sexual de la violencia ejercida, la repetición y similitud de los actos cometidos en contra de las distintas mujeres, así como las amenazas e insultos que profirieron en su contra, para la Corte es evidente que dichos actos fueron intencionales” (párr. 195). “Por otra parte, en cuanto a la severidad del sufrimiento, este Tribunal ha reconocido que la violencia sexual cometida por agentes estatales, mientras las víctimas se encuentran bajo su custodia, es un acto grave y reprobable, en el cual el agente abusa de su poder y se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, por lo que puede causar consecuencias psicológicas severas para las víctimas [hay nota]. Además, resalta que en este caso, las víctimas fueron reiteradamente amenazadas, en el curso de su detención y traslados al penal, de que serían asesinadas, violadas sexualmente o receptoras de peores abusos de los que ya se les venía infligiendo. Asimismo, respecto a las violaciones sexuales, esta Corte ha reconocido que constituyen experiencias sumamente traumáticas que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima ‘humillada física y emocionalmente’, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas [hay nota]. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas [hay nota]. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales […]” (párr. 196). “[L]a gravedad de la violencia sexual en este caso, además de su calificación como tortura, surge también por el hecho que se utilizó como una forma intencional y dirigida de control social. En el marco de conflictos armados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [hay nota], tribunales penales internacionales [hay nota] y tribunales nacionales [hay nota] han reconocido que la violencia sexual con frecuencia ha sido utilizada como una táctica de guerra “destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico’ [hay nota]. Esta Corte se ha referido a la forma como la violencia sexual se ha utilizado en los conflictos armados como un medio simbólico para humillar a la parte contraria o como un medio de castigo y represión. En este sentido, ha resaltado cómo la utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección, pues las consecuencias de la violencia sexual suelen trascender de la víctima” (párr. 200). “[L]os agentes policiales instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. Cosificaron a las mujeres para humillar, atemorizar e intimidar las voces de disidencia a su potestad de mando. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si junto con los gases lacrimógenos y el equipo anti motín, constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. Este tipo de conductas en el mantenimiento del orden público, más que reprochable, es absolutamente inaceptable. La violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad en un Estado obligado por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana contra la Tortura a adoptar, ‘por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar’ la violencia contra las mujeres” (párr. 202). 3. Violencia. Atención médica. “La Corte ha reconocido cómo ciertos tratos crueles, inhumanos o degradantes e inclusive torturas se pueden dar en el ámbito de los servicios de salud [hay nota]. De igual forma, ha hecho hincapié en el rol de importancia que tienen los médicos y otros profesionales de la salud en salvaguardar la integridad personal y prevenir la tortura y otros malos tratos [hay nota]. Particularmente en casos como el presente, la evidencia obtenida a través de los exámenes médicos tiene un rol crucial durante las investigaciones [hay nota]” (párr. 206). “[L]a Corte observa que los médicos que atendieron a las mujeres víctimas del presente caso incurrieron en un trato denigrante y estereotipado, el cual resultó particularmente grave, por la posición de poder en que se encontraban, por el incumplimiento de su deber de cuidado y la complicidad que mostraron al negarse a registrar las lesiones sufridas, pero más importante aún por la particular situación de vulnerabilidad en la que se encontraban teniendo en cuenta que habían sido víctimas de tortura sexual por parte de agentes policiales y estos médicos en muchos casos resultaban la primera persona a quien intentaron denunciar las violaciones cometidas y que, al negarse a registrarlas o revisarlas comprometieron significativamente las investigaciones posteriores, [hay nota]. Este Tribunal estima que el trato recibido por parte de los médicos constituye un elemento adicional de la violencia sexual y discriminatoria a la que fueron sometidas las víctimas” (párr. 207). “[L]a Corte encuentra que la gravedad de la violencia sexual en este caso se ve extremada porque esta forma especialmente reprochable y discriminatoria de violencia fue utilizada por agentes estatales como una forma de control del orden público para humillar, inhibir e imponer su dominación sobre un sector de la población civil que los policías, lejos de proteger, trataron como un enemigo que debían doblegar, sin importar si para ello usaban a las mujeres detenidas como una herramienta más en su estrategia de orden público” (párr. 209). 4. No discriminación. Género. Estereotipos de género. “[L]a Corte estima que la violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer [hay nota]. Tanto la Convención de Belém do Pará, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su órgano de supervisión, han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación [hay nota]. En el presente caso, la Corte estima que la violencia física cometida contra las once mujeres constituyó una forma de discriminación por razones de género, en tanto las agresiones sexuales fueron aplicadas a las mujeres por ser mujeres. Si bien los hombres detenidos durante los operativos también fueron objeto de un uso excesivo de la fuerza, las mujeres se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, con connotaciones y naturaleza claramente sexual y enfocado en partes íntimas de sus cuerpos, cargada de estereotipos en cuanto a sus roles sexuales, en el hogar y en la sociedad, así como en cuanto a su credibilidad, y con el distintivo propósito de humillarlas y castigarlas por ser mujeres que presuntamente estaban participando en una manifestación pública en contra de una decisión de autoridad estatal” (párr. 211). “Un estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales [hay nota]” (párr. 212). “La Corte ya ha señalado cómo justificar la violencia contra la mujer y, de alguna manera, atribuirles responsabilidad en virtud de su comportamiento es un estereotipo de género reprochable que muestra un criterio discriminatorio contra la mujer por el solo hecho de ser mujer [hay nota]. En el presente caso, las formas altamente groseras y sexistas en que los policías se dirigieron a las víctimas, con palabras obscenas, haciendo alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto incumplimiento de sus roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de domesticación, es evidencia de estereotipos profundamente machistas, que buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, y donde el salir de estos roles, para manifestar, protestar, estudiar o documentar lo que estaba pasando […] era motivo suficiente para castigarlas con distintas formas de abuso” (párr. 216). “[L]os Estados deben adoptar medidas activas y positivas para combatir actitudes estereotipadas y discriminatorias […]. En la medida en que estas conductas se basan en prejuicios y patrones socioculturales profundamente arraigados, no basta una actitud pasiva por parte del Estado o la simple sanción posterior, lo cual ni siquiera ha ocurrido en este caso. Es necesario que el Estado implemente programas, políticas o mecanismos para activamente luchar contra estos prejuicios y garantizar a las mujeres una igualdad real. Cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce violencia contra la mujer [hay nota]” (párr. 218). 5. Libertad Personal. Garantías Judiciales. Detención. Notificaciones. Derecho de defensa. Arbitrariedad. Prisión preventiva. “[P]ara evaluar la legalidad de una privación de libertad bajo la Convención Americana, le corresponde al Estado demostrar que la misma se realizó de acuerdo a la legislación interna pertinente, tanto en lo relativo a sus causas como al procedimiento. Específicamente con respecto al supuesto de flagrancia, este Tribunal ha señalado que es el Estado quien tiene la carga de demostrar que la detención se realizó en flagrante delito [hay nota]. La Corte estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal, toda vez que no acreditó la situación de flagrancia requerida por la normativa interna y con base en la cual habrían sido detenidas” (párrs. 236-237). “[L]as detenciones colectivas pueden constituir un mecanismo para garantizar la seguridad ciudadana cuando el Estado cuenta con elementos para acreditar que la actuación de cada una de las personas afectadas se encuadra en alguna de las causas de detención previstas por sus normas internas en concordancia con la Convención [hay nota]. Es decir, deben existir elementos para individualizar y separar las conductas de cada uno de los detenidos y que, a la vez, exista el control de la autoridad judicial [hay nota]” (párr. 239). “[E]n el caso de detenciones colectivas el Estado debe fundamentar y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona individual y que la detención sea estrictamente necesaria, y por tanto no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo determinado” (párr. 240). “[L]a Corte considera que, a efectos de evitar la arbitrariedad en las detenciones colectivas, los Estados deben: (i) individualizar y separar las conductas de cada una de las personas detenidas, de forma de demostrar que existen indicios razonables, basados en información objetiva, de que cada persona detenida se encuadra en alguna de las causas de detención previstas en sus normas internas acordes con la Convención; (ii) ser necesaria y proporcional para garantizar algún propósito permitido por la Convención, tales como el interés general, así como (iii) estar sujeta a control judicial, además de las demás condiciones del artículo 7 de la Convención Americana” (párr. 241). “[L]a detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos del detenido [hay nota]” (párr. 243). “Respecto al derecho reconocido en el artículo 7.4 de la Convención Americana, esta Corte ha dicho que el mismo alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos. La información de los ‘motivos y razones’ de la detención debe darse ‘cuando ésta se produce’, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención y que no se satisface el artículo 7.4 de la Convención si solo se menciona la base legal si la persona no es informada adecuadamente de las razones de la detención, incluyendo los hechos y su base jurídica, no sabe contra cuál cargo defenderse y, en forma concatenada, se hace ilusorio el control judicial [hay nota]” (párr. 246). “[P]ara que la medida privativa de la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros: i) que su finalidad sea compatible con la Convención; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, es decir, absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido; iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida, y v) cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención [hay nota]. Asimismo, la Corte reitera que la privación de libertad del imputado sólo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia [hay nota]. El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto [hay nota]” (párr. 251). “[L]a prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, y que es una medida cautelar, no punitiva [hay nota]. Por ello, debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. Las autoridades nacionales son las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades internas deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia [hay nota]” (párr. 255). “La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) [hay nota]. Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables [hay nota]” (párr. 267). 6. Debida diligencia. Denuncia. Victima. Revictimización. “La Corte ha especificado que en una investigación penal por violencia sexual es necesario que i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del género que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, y vii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación [hay nota]” (párr. 272). “En cuanto a las entrevistas que se realicen a una persona que afirma haber sido sometida a actos de tortura, la Corte ha referido que: i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad; ii) no debe exigirse a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómoda al hacerlo; iii) se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por ésta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la declaración detallada [hay nota]. Por otro lado, la entrevista que se realiza a una presunta víctima de actos de violencia o violación sexual deberá realizarse en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y deberá registrarse de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición [hay nota]” (párr. 273). “[E]n casos donde existen indicios de tortura, los exámenes médicos practicados a la presunta víctima deben ser realizados con consentimiento previo e informado, sin la presencia de agentes de seguridad u otros agentes estatales. Igualmente, al tomar conocimiento de actos de violencia contra la mujer, es necesario que se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia de género [hay nota]. Por otro lado, los médicos y demás miembros del personal de salud están en la obligación de no participar, ni activa ni pasivamente, en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; tienen la obligación de plasmar en sus informes la existencia de prueba de malos tratos, de ser el caso, y deben adoptar medidas a fin de notificar posibles abusos a las autoridades correspondientes o, si ello implica riesgos previsibles para los profesionales de la salud o sus pacientes, a autoridades ajenas a la jurisdicción inmediata. Del mismo modo, el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos [hay nota]” (párr. 275). “[E]sta Corte ya ha remarcado que los Estados tienen el deber de recuperar y preservar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables [hay nota]” (párr. 278). “[E]n cuanto a la investigación de casos de tortura, el Protocolo de Estambul señala que resulta ‘particularmente importante que [el] examen [médico] se haga en el momento más oportuno’ y que ‘[d]e todas formas debe realizarse independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el momento de la tortura [hay nota]. No obstante, dicho Protocolo advierte que, ‘[p]ese a todas las precauciones, los exámenes físicos y psicológicos, por su propia naturaleza, pueden causar un nuevo traumatismo al paciente provocando o exacerbando los síntomas de estrés postraumático al resucitar efectos y recuerdos dolorosos’ [hay nota]” (párr. 281). “Este Tribunal ha entendido que constituyen obstáculos a la marcha de un proceso investigativo, entre otros: los actos de coacción, intimidaciones o amenazas a testigos, investigadores, o jueces, que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos o encubrir a los responsables de los mismos [hay nota]; las irregularidades y dilaciones injustificadas que se originen en la falta de voluntad y compromiso de las autoridades competentes para asumir los respectivos procesos penales [hay nota]; la falta de acceso de las víctimas, sus familiares o sus representantes a las investigaciones y procesos [hay nota]; la alteración, ocultamiento y destrucción de prueba por parte de agentes del Estado [hay nota], así como los intentos de soborno y el robo de evidencias; [hay nota] la falta de colaboración de entidades estatales con las autoridades encargadas de la investigación [hay nota], especialmente la negativa de aportar información amparándose en el secreto del Estado [hay nota]; la intervención de la jurisdicción militar para conocer hechos que constituyen violaciones a derechos humanos [hay nota], y la aplicación de leyes de amnistía [hay nota]” (párr. 287). “Esta Corte ha establecido que los Estados tienen el deber de realizar una investigación por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de los responsables, cualquiera que haya sido su participación en los hechos [hay nota]. Así, deben evitarse omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación [hay nota] de tal forma que se pueda garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma [hay nota]. En este sentido, a los fines de determinar si un Estado ha cumplido con su obligación de investigar a todas las personas penalmente responsables, esta Corte ha referido que es necesario analizar (i) la existencia de indicios sobre la participación de los presuntos responsables, y (ii) si hubo una actuación diligente o negligente en la indagación de tales indicios [hay nota]” (párr. 292). “La Corte señala que respecto de la posibilidad de menor responsabilidad penal para los responsables de la cadena de mando, no es válido el argumento de que se ha omitido toda investigación sobre una eventual responsabilidad por violación del deber de cuidado por parte de los superiores, en razón de que los tipos de tortura y de violación sexual exigen dolo y no admiten la forma culposa” (párr. 299). “Conforme al principio de que a cada participante en un delito le corresponde solo la responsabilidad por su injusto personal, es verdad que los autores materiales, instigadores y cómplices de los delitos de tortura y violación sólo pueden incurrir en esos injustos con dolo directo o eventual y, aún más, que la violación es un tipo en que solo puede incurrir como autor quien lo comete en forma directa y personal (llamado de propia mano), como también que en el injusto reprochable a esos agentes no pueden computarse como concurso ideal las lesiones sufridas por las víctimas, puesto que quedan consumidas por la violencia exigida por esos tipos, lo que queda aún más de manifiesto cuando, por lo general, los tipos de esos delitos las mencionan como agravantes del ilícito al igual que el posible resultado de muerte” (párr. 300). “Este Tribunal ha afirmado, en relación a la violación sexual, que dada la naturaleza de esta forma de violencia no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho [hay nota]” (párr. 315). “[E]ste Tribunal también advierte los efectos revictimizantes del trato esterotipado y discriminatorio recibido por las mujeres […]. Al respecto, este Tribunal ha expresado que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género. Aún más, el consentimiento de la víctima resulta indispensable en cualquier peritaje o examen que se le practique a la víctima de tortura y/o violencia sexual […]. En consecuencia, la Corte estima que la investigación de la tortura y violencia sexual cometida contra las mujeres víctimas del presente caso no fue conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará […]” (cfr. párr. 316-317). 7. Familiares “[L]os familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas [hay nota]. Al respecto, la Corte ha señalado que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes, así como hermanos y hermanas [hay nota], siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso […]” (párr. 320).

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