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> Jurisprudencia > SBA (causa Nº 8303)  

Jurisprudencia: SBA (causa Nº 8303)

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Titulo

SBA (causa Nº 8303)

Hechos relevantes del caso

Un tribunal de primera instancia restringió la capacidad jurídica de BAS y designó a su madre como representante para la realización de determinados actos. Luego de notificadas las partes, el expediente se elevó en consulta a la Cámara de Apelaciones de conformidad con lo establecido en los artículos 253 bis y 633 CPCCN.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

04/12/2018

Voces CSJN

SALUD MENTAL; CAPACIDAD; DEBIDO PROCESO; PRUEBA; AUDIENCIA; DERECHO A SER OIDO;

Decisión y argumentos

La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil devolvió las actuaciones al juzgado de grado a efectos de que se adecuara el procedimiento en los términos del artículo 626 y 633 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 35 y 37 del Código Civil y Comercial de la Nación. En esta línea, indicó que se debía efectuar una nueva evaluación por, al menos, un/a médico/a psiquiatra, un psicólogo y un profesional de otra área. También, sostuvo que la magistrada interviniente debía mantener una entrevista personal con BAS a efectos de cumplir con el artículo 35 del CCCN (voto de los jueces Fajre, Abreut de Bergher y Kiper). “De conformidad con lo prescripto en el art. 626 inc. 3 del Código Procesal la pericia en la que se basará la sentencia de restricción de capacidad deberá ser confeccionada por tres médicos psiquiatras o legistas. Por su parte, el art. 37 `in fine´ del Código Civil y Comercial de la Nación, señala que a los fines de dictar sentencia en los procesos de limitación de la capacidad `(…) es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario´. De acuerdo con esta perspectiva, tratándose el informe de una prueba necesaria, `(…) sin perjuicio de las demás evaluaciones que el juez estime necesario llevar a cabo en el marco del proceso de acuerdo a las particularidades del caso, en el art. 8° de la ley 26.657 aparece una pauta orientadora: `se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes´…”. “[En el expediente] se agrega un informe interdisciplinario, suscripto únicamente por una psicóloga y una trabajadora social, no resultando suficiente a los fines previstos en las normas citadas. Si a ello se suma que dicho informe fue realizado hace poco más de cuatro años (el día 12 de noviembre de 2013), entiende el Tribunal, que previo a resolver lo que en derecho corresponda, deberá realizarse una nueva evaluación, la que deberá ser elaborada al menos por un médico psiquiatra, un psicólogo y un profesional de otro área”. “Por otro lado, se observa que con el informe socioambiental realizado por la trabajadora social del Juzgado […] se ha tenido por cumplida la entrevista personal que la Sra. Juez debía mantener con el interesado. Ahora bien, según lo previsto por el art. 35 del Código Civil y Comercial de la Nación es la magistrada interviniente quien debe mantener una entrevista personal con el interesado. Dicha disposición busca garantizar en todos los casos `la inmediatez con el interesado durante el proceso´. El nuevo código impide expresamente la posibilidad de que el juez dicte sentencia sin tener previamente, como mínimo, una audiencia con la persona“. “[A] partir de la sanción de la ley 26.657, se ha rediseñado en nuestro ordenamiento el abordaje de la problemática de la salud mental, inspirándose en criterios que propenden a una mayor humanización de los procesos que le atañen, lo que determina reforzar la exigencia del contacto personal del juez con el afectado a la hora de valorar tanto el tratamiento terapéutico, como las garantías de la persona frente al sistema judicial. En definitiva, el principio de progresividad de los derechos humanos (art. 29 inc. b de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 52 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, entre otros) lleva a postular que la nueva legislación deba siempre interpretarse como ampliatoria de los derechos y garantías y nunca vulneratoria o regresiva. De ahí que quepa afirmar que ya no pertenece sólo a la órbita de las exigencias legales al magistrado lo que lleva a propender a que se cumpla la audiencia de conocimiento personal del padeciente, sino que el derecho de éste al trato personalizado y humanitario, así como la garantía de acceso directo al órgano de decisión, constituyen factores decisivos que también se orientan en esta línea”.

Otra jurisprudencia relacionada

BFG (causa Nº 24036) 

Tribunal

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H

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Voces CSJN

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