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Jurisprudencia: CPA (CNCCC)

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Titulo

CPA (CNCCC)

Hechos relevantes del caso

Una persona portadora de VIH que recibía una pensión por discapacidad de $ 1800 intentó llevarse sin pagar dos desodorantes y un jabón de un local perteneciente a una cadena de farmacias. Luego de que el personal de seguridad le pidiera que abra su campera para revisarla, se retiró corriendo del comercio. En su escape arrojó uno de los productos que llevaba. A pocas cuadras, un policía la detuvo y secuestró el resto de los objetos. Durante la audiencia de juicio oral, el imputado reconoció su responsabilidad en el hecho que se le atribuía. De ese modo, el Juzgado en lo Correccional lo condenó a la pena de quince días de prisión por el delito de hurto en grado de tentativa. Asimismo, sustituyó la pena por trabajos no remunerados. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos sostuvo que la conducta resultaba atípica en virtud del principio de insignificancia.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

10/07/2017

Voces CSJN

HURTO; TENTATIVA; PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; REFORMA LEGAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; VULNERABILIDAD; PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA; PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD;

Decisión y argumentos

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación y absolvió al imputado. Voto del juez Morín al que adhirieron los jueces Niño y Sarrabayrouse: a. Principio de insignificancia – Principio de oportunidad El principio de insignificancia “…es susceptible de ser invocado a dos niveles, a saber: desde un posicionamiento de fondo, la insignificancia opera como fundamento de la atipicidad de las conductas de ínfima trascendencia social o que afectan bienes jurídicos de un modo no significativo para el sistema penal; de otra parte, aún de considerarse que no actúa a nivel del tipo, esto es, que no podría tener por efecto excluir de aquél determinadas conductas por su mayor o menor lesividad, la insignificancia puede justificar el cese del ejercicio de la acción penal como criterio de oportunidad”. “[S]ea ya por truncar la tipicidad o como criterio de oportunidad, la insignificancia debe tener por efecto expulsar hechos como el que se investiga [en el caso] de la intromisión más gravosa del Estado sobre los derechos individuales –así la respuesta penal–, frente a los cuales deberán procurarse medios alternativos de resolución del conflicto”. b. Principio de proporcionalidad “En el mismo orden de ideas, el derecho penal protege solo una parte de los bienes jurídicos, e incluso esa porción no siempre de modo general, sino frecuentemente (como en el caso del patrimonio) frente a formas de ataque concretas y de cierta entidad. Esta limitación se desprende de otro principio del derecho penal, a saber, el de proporcionalidad, que a su vez deriva del principio republicano y demanda la existencia de cierta relación entre la lesión al bien jurídico y la punición”. “La lesión, empero, es condición necesaria pero no suficiente, puesto que no cualquier afectación amerita su categorización como delito y el consiguiente ejercicio del poder punitivo, sino que debe tratarse de una lesión significativa real, ostensible y grave. Los principios mencionados, entonces, imponen a los jueces abstraerse de soluciones dogmáticas alejadas de las particulares circunstancias del caso; en este sentido, no resulta suficiente que un hecho determinado en una primera aproximación parezca subsumirse en un tipo penal, sino que resulta menester analizarlo a la luz de su lesividad concreta, su significancia social y la razonabilidad y proporcionalidad ínsitas al principio republicano, consideraciones tales que pueden motivar su exclusión del tipo”. “[E]n casos como el que aquí nos ocupa no es posible soslayar la descomunal desproporción que implica la respuesta punitiva frente a la insignificante afectación de bienes jurídicos”. c. Situación de vulnerabilidad del imputado “[E]l decisorio impugnado omite toda consideración a las circunstancias particulares del imputado; así, su situación de desempleo, que posee un nivel de instrucción elemental (secundario incompleto), que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad como portador de V.I.H –en control en un hospital público–, en razón de lo cual percibe una pensión por discapacidad […] por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, junto con una tarjeta que se le otorgó para realizar distintas compras sobre productos comestibles y artículos de limpieza que le aporta alrededor de trescientos pesos ($300) por mes y un aproximado de mil quinientos ($1.5000) pesos que dijo percibir a raíz de ‘changas’ que realiza, constituyen sus únicos ingresos, ciertamente insuficientes para costear sus necesidades y las de su hogar”. d. Principio de oportunidad “[U]n importante sector de la doctrina y la jurisprudencia no comparten este criterio, esto es, rechazan la posibilidad de excluir del tipo penal las conductas lesivas, independientemente de la mayor o menor afectación al bien jurídico o de su mayor o menor significancia a nivel social. Sin embargo, aún en tal caso acuden criterios de oportunidad que imponen, ya de manera ineluctable, la ajenidad del sistema penal frente a hechos insignificantes. Así lo exigen, en efecto, razones de economía procesal y, particularmente, una política criminal sensata y que establezca prioridades que se ajusten al programa diseñado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país en la materia”. [E]s dable recordar inicialmente que la Ley n° 27.147 que reformó el artículo 59 del Código Penal fue sancionada el 10 de junio de 2015 y entró en vigencia dos días más tarde. El nuevo artículo 59, por su parte, contempla distintos supuestos de extinción de la acción penal y, entre ellos, enumera de manera expresa en el inciso 5, la posibilidad de que la acción se extinga ‘por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes’”. e. Principio de oportunidad y reforma del Código Procesal Penal de la Nación Se recordó lo señalado por el juez Sarrabayrouse en el caso “Verde Alva” en relación a la reforma del Código Procesal Penal de la Nación –suspendida mediante el decreto PEN 257/2015– y se sostuvo que “…la reforma del art. 59 del código de fondo resuelve la contradicción normativa existente entre los arts. 71 y 274, CP –que imponen perseguir de oficio todas las acciones penales y el delito por no promover ‘…la persecución y represión de los delincuentes…’– y los criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal establecidos en los diferentes ordenamientos procesales provinciales”. “[E]l nuevo Código Procesal Penal de la Nación […] (Ley n° 27.063, B.O. 10/12/14) –cuya aplicación […] se encuentra suspendida en virtud del Decreto PEN 257/2015– contempla en su art. 30 una serie de casos en los cuales el representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de la acción penal pública, entre ellos, enuncia en primer término los ‘criterios de oportunidad’”. Sobre este aspecto, el magistrado se remitió a lo sostenido en el caso “Arias”, oportunidad en la que consideró que “…aun cuando la implementación del nuevo código ha sido diferida (por diversas razones, en su mayoría vinculadas a cuestiones de previsión y organización judicial) no hay controversia acerca de su condición de ley sancionada y promulgada por el Congreso Nacional. Muy lejos en el tiempo, el máximo tribunal de la Nación tuvo oportunidad de expedirse sobre la relevancia de las normas del Código Civil ya sancionado y pendiente de entrar en vigencia; y allí sostuvo (con referencia a cuestiones de vecindad): ‘que, aun antes de la época de su vigencia, debe mirarse como una autoridad decisiva, después que ha recibido la sanción del Congreso Legislativo Nacional’ (Fallos: 9:373; sentencia del 20/9/1870)”. “Así, las disposiciones contenidas en el nuevo Código Procesal Penal con relación a los principios de oportunidad e insignificancia no pueden menos que resultar pautas orientadoras de la actividad estatal de los distintos poderes, en el sentido de que, pese a encontrarse pendiente su entrada en vigencia, marcan la dirección hacia la que se dirige el nuevo esquema instrumental para la aplicación de la ley penal”. En similar sentido, se pronunció en el caso ‘Cuevas Contreras’”. “[M]al podría desconocerse en el caso el curso que han tomado a nivel normativo los criterios de oportunidad como una de sus manifestaciones, el principio de insignificancia y la necesidad de valorarlos al momento de resolver, acto en el cual se impone desechar del sistema penal casos como el que se plantea en estos actuados”. f. Principio de insignificancia y selectividad del sistema penal “No puedo dejar de advertir que un criterio opuesto al que aquí propongo conduciría a acentuar la selectividad del sistema penal, orientado de ordinario al castigo de los sectores empobrecidos de la sociedad y por ello más vulnerables, corriendo el eje de los delitos complejos que afectan de manera significativa a la sociedad y lesionan gravemente los bienes jurídicos elementales”. [L]a aplicación del principio de insignificancia redundara no solo en una mayor eficiencia en la administración de justicia, sino también en un beneficio social de largo plazo. Ello es así puesto que –no podemos desconocerlo– quienes sufren mayormente las consecuencias del poder punitivo en casos de delitos ‘de bagatela’ son las personas pertenecientes a sectores de la población tradicionalmente marginados; la aplicación de una medida desproporcionada a su respecto (así la privación de la libertad en relación a una afectación insignificante de otros bienes jurídicos), tendrá por efecto una mayor exclusión, cuando medidas diversas como la reparación en estos casos podrían facilitar una mejor composición del conflicto, incluso para el sujeto damnificado”. Voto concurrente del juez Sarrabayrouse: “[S]i la función del Derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos y que debe ser la ultima ratio del sistema, la conducta desplegada por [el imputado] no afectó el patrimonio de ‘Farmacity’ pues no sólo los productos que intentó llevarse son de un valor económico escaso sino que también fueron recuperados”. A su vez, consideró que “…no se trata de la aplicación de un criterio de oportunidad, decidido por la fiscalía, sino de establecer si la conducta reprochada […] configuró un delito”.

Otra jurisprudencia relacionada

PCA; Verde Alva (Reg N° 399 Causa N° 25872); Arias, Héctor Ricardo; Cuevas Contreras (causa Nº 19151); La Sociedad Minas y Fundiciones de San Juan c. D. Felix S. Klappenbach; Menzotoro (Causa Nº23439); Aquino (causan Nº 72704) 

Tribunal

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II

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