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Jurisprudencia: Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas v. República Dominicana

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Titulo

Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas v. República Dominicana

Hechos relevantes del caso

En este caso la Corte IDH analizó las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños, ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. Cabe destacar que, para la época de los hechos, las personas haitianas y descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana, comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza. Además, sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad. En ese contexto, la Corte IDH estableció que era discriminatoria la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana que había validado el hecho de que los extranjeros que se encontraban en situación irregular no podían invocar que sus hijos nacidos en el país podían obtener la nacionalidad dominicana.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

28/09/2014

Voces CSJN

IGUALDAD; DERECHO A LA IDENTIDAD; NACIONALIDAD; EXTRANJEROS; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; EXPULSIONES COLECTIVAS; DETENCIÓN DE PERSONAS;

Decisión y argumentos

En relación con los procesos de expulsión, la Corte IDH estableció que estos procedimientos no pueden ser colectivos ya que debe existir una evaluación individual de las circunstancias personales de cada sujeto. Al respecto reiteró su postura sentada en la Opinión Consultiva 21-14 sobre “Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”, y estableció que se debe tener en cuenta: a) la historia inmigratoria, el lapso temporal de la estadía y la extensión de los lazos del progenitor y/o de su familia con el país receptor; b) la consideración sobre la nacionalidad, guarda y residencia de los hijos de la persona que se pretende deportar; c) el alcance de la afectación que genera la ruptura familiar debido a la expulsión, incluyendo las personas con quiénes vive la niña o el niño, así como el tiempo que la niña o el niño ha permanecido en esta unidad familiar, y d) el alcance de la perturbación en la vida diaria de la niña o del niño si cambiara su situación familiar debido a una medida de expulsión de una persona a cargo de la niña o del niño, de forma tal de ponderar estrictamente dichas circunstancias a la luz del interés superior de la niña o niño en relación con el interés público imperativo que su busca proteger. Es importante destacar que, respecto de algunas víctimas, la Corte también determinó que fueron privadas de su libertad en forma ilegal y arbitraria. Ello por cuanto sus detenciones no fueron llevadas a cabo de acuerdo con la normativa interna y estuvieron direccionadas a perfiles raciales relacionados con su aparente pertenencia al grupo de personas haitianas o de ascendencia haitiana que viven en República Dominicana. Finalmente, estas personas tampoco fueron informadas de las razones específicas por las cuales fueron sujetos a deportación, y no pudieron acudir ante una autoridad judicial competente que pudiera decidir la eventual procedencia de su libertad. Para concluir, la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por la violación a las garantías mínimas que les correspondían a las víctimas por ser personas sujetas a expulsión o deportación, a la protección judicial en tanto no contaron con la posibilidad de un acceso real y efectivo al derecho a recurrir, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad. Asimismo, el Tribunal determinó la violación de los derechos del niño en el caso de las víctimas niñas y niños, pues el Estado no tuvo en cuenta su interés superior. Finalmente, la Corte también estableció que se había violado el derecho a la libertad personal, a la protección de la familia, a la vida privada y familiar (arts. 1.1., 3, 7, 8.1, 11.2, 17.1, 18, 19, 22.1, 22.5, 22.9, 24 y 25, CADH).

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Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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