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> Jurisprudencia > Hermanos Landaeta Mejías y otros v. Venezuela  

Jurisprudencia: Hermanos Landaeta Mejías y otros v. Venezuela

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Titulo

Hermanos Landaeta Mejías y otros v. Venezuela

Hechos relevantes del caso

Dicha sentencia tiene lugar ante la muerte de los hermanos Igmar y Eduardo Landaeta Mejías, de 18 y 17 años respectivamente, tras amenazas y hostigamientos sufridos con motivo de actuaciones de los funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua, Venezuela. El 17 de noviembre de 1996, Igmar Landaeta Mejías falleció a causa de dos impactos de bala, en el marco de un presunto enfrentamiento con agentes policiales de inteligencia; mientras que su hermano Eduardo, fue detenido el 29 de diciembre del mismo año y falleció en custodia de policías, luego de haber estado detenido por un período mayor a 38 horas.

Categoria

Jurisprudencia Internacional

Fecha

27/08/2014

Voces CSJN

VIDA HUMANA; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;

Decisión y argumentos

La Corte desarrolló su análisis en el marco del uso de la fuerza por la autoridad, en cuanto al derecho a la vida de Igmar Landaeta, determinando que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar el derecho a la vida ya que no contaba con una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza. El Estado tampoco demostró haber brindado capacitación ni entrenamiento en la materia a los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Asimismo, concluyó que el empleo de la fuerza de manera letal no habría sido necesario, por lo que la muerte fue el resultado del uso desproporcionado de la fuerza por el actuar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En relación con las acciones posteriores a los hechos, el Estado incumplió con su deber de brindar una atención acorde con los principios de debida diligencia y humanidad a las personas heridas por uso de la fuerza. En este sentido, los agentes estatales debieron presentarse e identificarse ante las autoridades médicas competentes, notificar lo sucedido, así como realizar un informe de situación, supervisado por una autoridad administrativa y/o judicial y notificar a los familiares de la víctima. Tampoco se investigó ni sancionó dicha actitud en vía administrativa, disciplinaria o judicial. Con respecto a Eduardo Landaeta, la Corte analizó las violaciones a sus derechos a la libertad personal, a la vida e integridad personal. El Tribunal constató que de la prueba aportada no se desprendió que al momento de la detención hubiera existido una orden judicial o acción en flagrancia que justificara la misma, lo que generó que esta fuera ilegal y arbitraria; tampoco se utilizó la detención como ultima ratio, lo que hubiera correspondido por tratarse de un menor de edad. A su vez, a Landaeta no le fue brindada información oral o escrita sobre las razones de la detención y tampoco contó con asistencia letrada. Finalmente, el Tribunal comprobó que estuvo detenido aproximadamente durante 38 horas sin haber sido presentado ante un juez o autoridad competente de menores de edad, lo que excedió el estándar de puesta a disposición “sin demora” aplicable a menores de edad. Finalmente, el Tribunal concluyó que el Estado no llevó a cabo una averiguación diligente debido a las falencias durante la recolección de pruebas, así como que el proceso penal presentó serios retrasos procesales e irregularidades destacadas por las propias autoridades internas. Por su parte, la Corte estableció que el Estado no llevó a cabo ningún tipo de averiguación en virtud de la detención ilegal y arbitraria de Eduardo Landaeta ni por los indicios de tortura durante su detención.

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Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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