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Jurisprudencia: VGP y otro (Audiencia Causa Nº 25020)

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Titulo

VGP y otro (Audiencia Causa Nº 25020)

Hechos relevantes del caso

Dos personas habían utilizado una tarjeta de crédito y un DNI pertenecientes a un tercero para efectuar compras en una farmacia, generándole un perjuicio económico a ese comercio. Ambas fueron imputadas por el delito de estafa en concurso ideal con el uso de un documento nacional de identidad ajeno. La defensa solicitó la celebración de una audiencia de conciliación en los términos del artículo 59, inciso 6° del Código Penal. El tribunal hizo lugar al pedido y el acto fue realizado de acuerdo a lo prescripto por el artículo 293 del CPPN. Durante la vista, los imputados ofrecieron reparar el daño patrimonial ocasionado al comercio. La propuesta fue aceptada por el representante legal de la firma. La defensa solicitó entonces que se homologara la reparación integral acordada y se extinguiera la acción penal. Por su parte, la fiscalía consideró que el propietario del DNI y tarjeta de crédito también era sujeto damnificado del hecho y que, por esa razón, correspondía suspender la audiencia hasta tanto el mismo fuera citado. Asimismo, entendió que su consentimiento resultaba un requisito ineludible para proceder de ese modo en este tipo de procedimientos.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

21/03/2017

Voces CSJN

REPARACIÓN; CONCILIACIÓN; CÓDIGO PENAL; CÓDIGO PROCESAL PENAL; REFORMA LEGAL; VIGENCIA DE LA LEY; POLÍTICA CRIMINAL; VICTIMA; PRINCIPIO DE CONGRUENCIA; DEBIDO PROCESO; SOBRESEIMIENTO; OPOSICIÓN FISCAL; EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL;

Decisión y argumentos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, de manera unipersonal, homologó el acuerdo y la reparación ofrecida, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los imputados. “[E]l perjudicado por la maniobra engañosa fue el comercio, […] por lo que su legitimidad para aceptar una reparación integral del daño sufrido es […] irrefutable. Por ello, […] de incluir en este sentido [al propietario del DNI y la tarjeta], se violaría la base fáctica [descripta] en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en un claro menoscabo al principio procesal de congruencia y por lo tanto a las garantías del debido proceso”. “[E]l consentimiento del Ministerio Público Fiscal] es el requisito que impone el cuarto párrafo del art. 76 bis del CP y no así en el art. 293 del CPPN, que se utilizó de manera supletoria a los fines de resolver […] la instrumentación de la audiencia. Ello así pues se debe discutir la aplicación o no de la extinción de la acción penal. Entonces no es necesario en este caso contar con el consentimiento de la titular de la acción penal a la hora de resolver lo que emana de otro instituto completamente distinto”. “Arribado [a] un acuerdo entre víctima y victimarios, en el que se ofreció una reparación integral del perjuicio sufrido, […] debe regir el principio político criminal de última ratio ya que el legislador nacional al momento de sancionar la ley 27.147 ha previsto la posibilidad de que los protagonistas de un conflicto penal puedan acudir a la vía de la conciliación o reparación integral del daño para solucionarlo, dejando la utilización de la vía penal para cuando dicho extremo no pueda ser cumplido” (jueza Roqueta).

Otra jurisprudencia relacionada

VG (causa Nº 25020); A, VG y S, AC; GJD (causa Nº 19190); ADJ (causa Nº 26772); CGE (causa Nº 78050); Eiroa (causa Nº 39889); González (causa Nº 41258); Carrazana (causa Nº 13411) 

Tribunal

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal

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