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Jurisprudencia: Peralta Valiente, Mario Raúl

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Titulo

Peralta Valiente, Mario Raúl

Hechos relevantes del caso

La DNM ordenó en 2009 la expulsión de una persona extranjera, padre de tres niños argentinos. Durante el trámite administrativo, el afectado no había contado con la asistencia técnica obligatoria prevista en el artículo 86 de la ley Nº 25.871. En 2011, el actor presentó un recurso de revisión en el que alegó que, al disponer su expulsión, la DNM no tomó en cuenta que su familia residía en Argentina. Asimismo, sostuvo que se había afectado su derecho de defensa. En 2013, el organismo administrativo, en lugar de revocar de oficio la resolución por violación al debido proceso (artículo 90, ley Nº 25.871), declaró extemporánea la impugnación, le dio tratamiento de denuncia de ilegitimidad y la desestimó. Posteriormente, el actor interpuso un recurso directo ante el juez, que consideró que no se encontraba habilitada la instancia judicial (conf. lo resuelto por la CSJN en “Gorordo” –Fallos 322:73–). La decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El accionante presentó, entonces, un recurso extraordinario federal.

Categoria

Jurisprudencia Nacional

Fecha

26/04/2016

Voces CSJN

DEBIDO PROCESO; DERECHO A SER OIDO; MIGRANTES; EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS; EXTRANJEROS; DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES; DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR; DERECHO DE DEFENSA; REVISION JUDICIAL;

Decisión y argumentos

El Procurador opinó que correspondía hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar el pronunciamiento recurrido. Para llegar a esta conclusión, el fiscal invocó jurisprudencia de la CorteIDH relativa al control judicial en los procedimientos de expulsión de migrantes. En esta dirección, explicó que “…en caso de que la decisión fuera adoptada por la autoridad administrativa, la revisión por parte de un juez o tribunal es un requisito fundamental para garantizar un adecuado control y escrutinio de los actos de la administración que afectan los derechos fundamentales”. Asimismo, indicó que “…el juez debe verificar con especial cuidado si la autoridad migratoria ha dado estricto cumplimiento a las garantías mínimas que requiere un procedimiento de esta índole, antes de limitar el alcance de la revisión judicial”. Respecto a la garantía de debido proceso en la esfera de los procedimientos migratorios, el procurador recordó que “…como consecuencia del desequilibrio procesal en el que se encuentra el migrante ante la autoridad migratoria para desarrollar una defensa adecuada de sus intereses [resultaba] requisito ineludible para el resguardo de su garantía constitucional de defensa en juicio, la provisión por parte del Estado de la asistencia jurídica gratuita…”, de acuerdo a las pautas de los artículos 8, inciso 2. d y e de la CADH; 86 de la Ley de Migraciones y 86 del decreto 616/2010. El magistrado señaló que en el caso “…no obran constancias que demuestren que el actor haya sido asistido por un abogado [en la única audiencia realizada antes del dictado de la medida de expulsión] o que al menos se le hubiese informado su derecho a contar con asistencia jurídica gratuita”, por lo que “…la decisión […] de declarar no habilitada la instancia judicial implica agravar la situación de un administrado en situación [de] desequilibrio procesal”. En relación a la afectación del derecho de reunificación familiar, el Procurador sostuvo que “… la proyección de las decisiones adoptadas en el marco de este proceso sobre la unidad familiar debió haber sido especialmente considerada […] dado que en el contexto migratorio ese derecho tiene base constitucional”. Por último, el fiscal manifestó que la DNM, en lugar de tratar el recurso como denuncia de ilegitimidad, debió haber usado la facultad conferida en el art. 90 de la ley 25.871, “… que le permite rever violaciones al debido proceso”. Esto porque “[las] violaciones habían sido alegadas por el administrado en su presentación recursiva y eran fácilmente comprobables, en tanto surgían de la mera observación del trámite de las actuaciones”.

Otra jurisprudencia relacionada

Taboada Ortiz, Víctor (PGN); Mabuza Moses (PGN); Zhang, Peili ; AL, PR (PGN) 

Tribunal

* Procuración General de la Nación

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